La Asamblea francesa aprueba prohibir a los diputados contratar a familiares

El texto votado por la Cámara Baja, tras haber pasado en primer lugar por el Senado, impide la contratación de la familia próxima (cónyuge, padres e hijos, así como los de la pareja) , y también afecta a los ministros y a los cargos públicos locales.

Las personas que únicamente tengan un «vínculo familiar» a partir de segundo grado podrán ser empleadas como asistentes, a condición de que los diputados redacten una declaración.

El voto de la propuesta en el Senado, el 13 de julio, levantó ampollas en una cámara en la que 59 miembros emplean a familiares, según el diario francés «Le Monde».

Por su parte, la Asamblea Nacional no tiene conocimiento cuántos contratos de este tipo existen en la actualidad , explicó un portavoz a Efe, ya que «el parlamentario es el empleador y la cámara no interviene».

La regeneración institucional y la conducta de los cargos electos ha sido un punto especialmente sensible en los últimos meses en Francia, y Fillon no ha sido el único político afectado por un escándalo de supuestos empleos ficticios , aunque sí el más mediático.

La presidenta del ultraderechista Frente Nacional (FN), Marine Le Pen, fue imputada el 30 de junio por apropiación indebida al emplear a una persona dentro de su partido con fondos públicos del Parlamento Europeo.

El brevemente ministro francés de Justicia, el líder centrista François Bayrou , se vio obligado a dejar su cargo a finales de junio por un caso similar, y la Fiscalía de París investiga a una veintena de eurodiputados de diferentes partidos tras de una serie de acusaciones vertidas por la eurodiputada del FN Sophie Montel.

La Asamblea Nacional debería finalizar el viernes el escrutinio de la ley para regenerar la vida política lanzada por Macron, tras lo cual una comisión mixta formada por miembros de ambas cámaras tratará de llegar a un acuerdo sobre el texto final.

En un país donde la desafección hacia la política no ha dejado de aumentar, la regeneración de la vida pública fue una de las grandes propuestas de Macron durante las elecciones presidenciales.

La «ley de moralización» incluye la limitación de mandatos a tres consecutivos, una clarificación del papel de la primera dama o la supresión de la opaca «reserva parlamentaria», un fondo de 146 millones de euros que permite a los parlamentarios financiar proyectos locales, entre otras medidas.