Amnistía denuncia ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias en las protestas en Venezuela

La organización ha documentado la represión con la que el Gobierno venezolano respondió a las protestas que se produjeron entre el 21 y el 25 de enero pasados, muchas de ellas en zonas populares donde las protestas no habían sido tan visibles hasta entonces y en las que hay una fuerte presencia de los llamados «colectivos», los grupos armados que apoyan a Maduro.

«Su gobierno [el de Maduro] se está ensañando con la gente más empobrecida que dice defender, pero que luego asesina, detiene y amenaza", dijo Erika Guevara Rosas , directora para las Américas de Amnistía Internacional. Venezuela vive desde hace años una profunda crisis de violaciones masivas de derechos humanos, ante la escasez de alimentos, medicinas, hiperinflación, violencia y represión política, y que ha obligado a más de 3 millones de personas a huir del país desde el 2015», detalla el informe.

Entre el 21 y el 25 de enero, según AI, se contabilizaron al menos 41 muertos , todos por heridas de armas de fuego, mientras que más de 900 personas fueron detenidas de forma arbitraria, 770 de ellas tan solo en la jornada del 23 de enero, que coincidió con la autoproclamación de Juan Guaidó, titular de la Asamblea Nacional, como «presidente encargado» de Venezuela.

Amnistía ha llevado a cabo una misión de investigación en los estados Lara, Yaracuy y Vargas y en distintas localidades de Caracas, del 31 de enero al 17 de febrero, durante la que recabó más de 50 testimonios y documentó 15 casos emblemáticos, «algunos de graves violaciones de Derechos Humanos y crímenes de Derecho Internacional».

Según explica la ONG, las pruebas que ha recabado ponen de manifiesto « patrones comunes » y constatan que «las autoridades estatales llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales selectivas como método de control social a través de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), principalmente de sus Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), contra personas que participaron de alguna forma en las protestas».

Amnistía ha conseguido documentar seis ejecuciones extrajudiciales, todas ellas a manos de las FAES y con el modus operandi similar ya que en todos los casos las víctimas tenían alguna relación con las protestas contra Maduro y todas fueron hombres jóvenes a los que las autoridades presentaron como delincuentes que se habían enfrentado con los agentes, que posteriormente manipularon las escenas del crimen.

«Como hemos visto muchas veces en Venezuela, las autoridades intentan hacer creer que las personas que murieron durante los días de protestas, principalmente jóvenes de zonas de escasos recursos , eran delincuentes. Su único crimen fue atreverse a pedir un cambio y exigir una vida digna», ha lamentado Guevara Rosas.

La ONG pone como ejemplo el caso de Luis Enrique Ramos , de 29 años, y ejecutado por efectivos de las FAES el 24 de enero en Carora después de que se le identificara como uno de los organizadores de las protestas. Los agentes allanaron de forma ilegal su casa, «sometieron a malos tratos a diez miembros de la familia», incluidos seis niños y procedieron a fotografiar y golpear al joven.

Tras sacar a la familia de la vivienda, «dispararon a Luis Enrique dos veces en el pecho », provocando su muerte inmediata, según Amnistía. A continuación, según los testigos, los agentes de las FAES «dispararon dentro de la casa para simular un enfrentamiento» y arrastraron el cadáver, «violando así los protocolos mínimos de investigación penal».

En lo que se refiere al uso excesivo de la fuerza, Amnistía tiene constancia de los casos de dos jóvenes muertos y otro heridos por armas de fuego a manos de las fuerzas de seguridad mientras participaban en las protestas antigubernamentale. Según la ONG, tanto la PNB como la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) participaron en estos operativos.

Según el Foro Penal Venezolano, señala el informe de AI, las autoridades detuvieron a 137 niños, niñas y adolescentes en todo el país del 21 al 31 de enero. De esos casos, Amnistía Internacional documentó la detención arbitraria de seis personas, entre ellas cuatro adolescentes que participaban en una protesta, o simplemente la observaban de cerca, en la ciudad de San Felipe el 23 de enero.

En entrevista con Amnistía Internacional, dijeron que, al detenerlos, las autoridades los golpearon, los insultaron con calificativos de « guarimberos » y « terroristas », los expusieron a sustancias irritantes, privación del sueño, y los amenazaron de muerte. Según sus testimonios, los funcionarios que los detuvieron pertenecían a varios cuerpos de seguridad del Estado, e iban acompañados por personas vestidas de civil.