El Abogado General español del TJUE ve ilegal la ley húngara sobre financiación extranjera de ONGs

Las cortapisas de la ley impulsada por el primer ministro húngaro Viktor Orban están dirigidas principalmente contra el magnate y filántropo estadounidense de origen húngaro George Soros , quien creó en 1984 la red Open Society Foundations (OSF), chivo expiatorio de la narrativa del Gobierno húngaro.

Esta fundación, que contribuyó entre otros fines a los estudios superiores de Orban en su juventud, es un importante donante de varias organizaciones dedicadas a la ayuda de inmigrantes y refugiados.

Según esta ley de 2017, las ONG que reciban más de 24.000 euros de fondos extranjeros al año deben registrarse como «organizaciones con apoyo extranjero» y presentarse como tales en todas sus publicaciones y en sus sitio de Internet. De lo contrario, pueden verse obligadas a concluir su actividad.

La línea argumental del letrado europeo considera que la ley que busca asegurar la transparencia en la financiación de la sociedad civil viola el principio de libre movimiento de capitales y el derecho a la vida privada recogidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. «Como esas condiciones solo se aplican a las donaciones procedentes del extranjero, es mucho más probable que estas restricciones afecten a ciudadanos de otros estados miembros», sostiene.

Las premisas de la conocida como « Ley Stop Soros », considera el magistrado español, limitan la libre asociación y además estigmatizan a los donantes extranjeros, quienes no solo terminarán por reducir su contribución económica, sino que con la publicación de los detalles de las transacciones en una plataforma electrónica de acceso abierto pueden terminar en listas de afinidad ideológica.

El Gobierno de Orban es un sospechoso habitual de las instituciones europeas por su constante desafío al Estado de derecho. La Comisión Europea, brazo ejecutivo de la UE, ha llevado a Budapest ante la justicia europea por presunta «violación grave» de los valores de la UE , en virtud del artículo 7 del Tratado de la Unión, que en teoría puede dar lugar a sanciones.

Aunque las opiniones del Abogado General no son vinculantes en el TJUE sí son tenidas en cuenta y en la mayoría de los casos coincide con la sentencia final del tribunal de Luxemburgo. Si el TJUE determina que Hungría infringe las normas de la UE, Budapest se verá forzado cambiar la ley o al pago de cuantiosas multas.