La UE se parte en dos bloques ante los planes de recortar fondos si se viola el Estado de derecho

«Mientras sea el Primer Ministro de Hungría, nunca aceptaremos esta regla», exclamó el primer ministro húngaro Viktor Orban el pasado viernes. La iniciativa del Parlamento Europeo «fracasará ya que es ilegal» y no será respaldada por los gobiernos nacionales, insistió el líder magiar.

A falta de cuatro meses para las elecciones europeas, las más decisivas de la UE donde los partidos euroescépticos y antiinmigración se debaten si formar un frente unido para equilibrar la balanza ante las alianzas tradicionales, los planes para castigar en la distribución de fondos europeos a las formaciones empiezan ya a marcar las campañas y posiciones de los bloques europeos, en este caso este-oeste. Populares de Rumanía, Croacia, Eslovaquia y Eslovenia se sumaron a sus colegas húngaros, y otros ocho socialdemócratas votaron junto a los diez eurodiputados rumanos de los socialdemócratas rumanos, actualmente en el poder. La mayoría de los representantes euroescépticos, como el histriónico líder brexiter Nigel Farage, rechazaron el proyecto, ha informado « Politico Europe ». Solo un eurodiputado de los principales partidos europeos votó en contra de la iniciativa entre los países occidentales: el francés Brice Hortefeux, por Los Republicanos. En total 397 apoyaron la propuesta, 158 la rechazaron y 69 se abstuvieron.

«La propuesta de la Comisión prevé que, si no se respeta el Estado de derecho en algunos Estados miembros, los fondos del presupuesto de la UE comprometidos con ese Estado miembro pueden congelarse», explica en entrevista telefónica con ABC Annemie Turtelboom, la auditora del Tribunal de Cuentas de la UE que lideró la opinión publicada el pasado julio sobre la propuesta. A juicio de Turtelboom, la iniciativa responde a que en ciertos Estados miembros se ha registrado un mayor control de los medios de comunicación y un incremento de las limitaciones impuestas a la libertad académica. «Existen cambios constitucionales en relación con el nombramiento de jueces y jueces de tribunales supremos», agrega. La pelota está ahora en el campo del Consejo de Ministros, expresa la auditora, donde todos los miembros deberían ahora decidir su posición sobre la propuesta. «Pero, esto todavía es una propuesta y no tenemos una línea de tiempo, por lo que es difícil decir cuál será el impacto y cómo se reflejará en el próximo Marco Financiero Plurianual (2021-2027)». El Consejo necesitará una mayoría cualificada en caso de que quieran enmendar o rechazar la decisión de la Comisión sobre las medidas propuestas para la protección del presupuesto de la Unión, dijo a ABC la coponente Gardiazábal.

El plan de la Comisión aumenta la presión sobre gobiernos, como los de Hungría y Polonia, ambos grandes beneficiarios netos de la Unión. Viktor Orban y Jaroslaw Kazcynski, líder en la sombra del Ejecutivo polaco, se han jactado de rebelarse ante Bruselas y, con sus medidas, de no adherirse a los valores recogidos en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea: «La dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías».

Como guardián de los tratados, la Comisión ya cuenta con dos procedimientos vigentes para sancionar a un país miembro si no respeta el Estado de derecho. «El artículo 7 es un procedimiento muy largo y pesado y no está vinculado al presupuesto; y el artículo 258, que es un procedimiento de infracción, y también es muy difícil. Estos dos mecanismos primero no están vinculados al presupuesto y segundo son muy inflexibles», subraya Turtelboom. Bruselas ya ha iniciado procedimientos de infracción contra Hungría ante el Tribunal de Justicia Europeo. Precisamente el pasado jueves, la Comisión dio un segundo paso en su procedimiento de infracción contra Hungría por la conocida como «Ley Stop Soros», que criminaliza a quienes den apoyo a los solicitantes de asilo. Las autoridades húngaras tienen ahora dos meses para responder a las preocupaciones de la Comisión. De lo contrario, Bruselas podrá remitir el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La decisión de la Comisión de diciembre de 2017 de activar contra Polonia la primera fase del artículo 7 del TUE, que prevé en última instancia la pérdida del derecho a voto del país sancionado, «ha resultado ineficaz a corto plazo al exigir unanimidad en el Consejo: Varsovia puede escudarse en el veto de Budapest», explica en un documento el think tank Instituto Delors .

«No llamaría al Artículo 7 una opción nuclear, pero supone un resultado final muy difícil. La Comisión quería tener algo más para llevar a los Estados miembros de una manera más flexible y más rápida hacia el respeto del estado de derecho y garantizar que se defiendan los intereses financieros de la Unión», añade la auditora belga.

¿Por qué la vinculación al presupuesto? «Si los jueces son nominados por los gobiernos y ya no son realmente independientes, a largo plazo es posible que los casos de fraude con el dinero de los contribuyentes europeos permanezcan ocultos. Hay un vínculo entre el Estado de derecho y la buena gestión financiera», responde Turtelboom. Polonia ha sido en los últimos años el mayor benefactor de la UE con 86.100 millones de euros entre 2014-2020, de los que 23.000 provienen de los fondos de cohesión, destinados a ayudar a los estados miembros a invertir en infraestructura y planes de empleo. Varsovia ha absorbido casi el 19% del total, según el Instituto Delors.

El Parlamento tomó en cuenta todas las recomendaciones de los auditores europeos en el plan aprobado el pasado 17 de enero. Entre otras propuestas, explica Turtelboom, el Tribunal de Cuentas recomienda a la Comisión que trabaje con estándares internacionales: «El Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo y la Comisión de Venecia ya tienen una lista de verificación».