El entorno de Evo Morales, en el punto de mira de EE.UU. por narcotráfico

Entre los investigados se encuentra el piloto del avión oficial del presidente, Walter Álvarez Agramonte , y dos personas muy cercanas al vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera : su padre, Raúl García , fallecido en 2011, y su «amigo» Faustino Giménez , ciudadano argentino que trabaja para el Gobierno en Minería, según el documento judicial.

La información sobre esta «operación en curso» la desveló Carlos Toro, informante para la DEA entre 1986 y 2015, que interpuso el 8 de septiembre una demanda contra el Gobierno de EE.UU., al que reclama 5 millones de dólares para que reconozca su papel en diferentes investigaciones, como la que su abogado llama «el caso Bolivia» .

Esta alusión aparece en varias ocasiones en la demanda, en la que la fuente de la DEA destaca que tres de las personas que supuestamente ayudó a descubrir -Agramonte, Giménez y García- son «objetivo del caso Bolivia» investigado por la oficina de la Agencia Antidrogas en Asunción , la capital paraguaya.

«Raúl García. Padre del vicepresidente Álvaro García Linera. Objetivo del caso Bolivia dirigido por la oficina de la DEA en Asunción», reza la denuncia, que hace una descripción similar de los datos del resto de personas investigadas y que fue interpuesta ante el Tribunal de Reclamaciones Federales, en Washington.

«Walter Álvarez Agramonte. General en activo de la Fuerza Aérea Boliviana. Objetivo del caso Bolivia dirigido por la oficina de la DEA en Asunción», detalla el documento judicial.

La lista de investigados, siempre según el informante de la DEA, se completa con Yidua Katty Orosco Torres , también conocida como Katy Alcoreza , una antigua policía nacional que ahora, como agente de los servicios de inteligencia y espionaje, dice se dedica supuestamente a proteger a Morales y a un fiscal, cuyo nombre no se identifica en la denuncia.

Esta no es la primera vez que las acusaciones de narcotráfico topan con altos cargos de la esfera política de Bolivia. En 2011, un alto jefe policial boliviano, el general René Sanabria , que fue director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, fue condenado en EE.UU. a 14 años de prisión por conspirar para trasladar cocaína a ese país.

Otro excomandante nacional de la Policía, el general Oscar Nina , se enfrenta desde marzo en Bolivia a un proceso por enriquecimiento ilícito, blanqueo de capitales y vínculos con el narcotraficante mexicano Joaquín «El Chapo» Guzmán, que hace poco se fugó de una cárcel de su país.

Al ser preguntado por Efe, un portavoz de la DEA rechazó realizar ningún comentario sobre esta demanda y la supuesta investigación de la Agencia Antidrogas, que adelantó este martes The Huffington Post.

En 2008, Morales, antiguo sindicalista cocalero, expulsó de Bolivia a la DEA y al hasta entonces embajador de EE.UU. en el país andino, Philip Goldberg . En el momento de su expulsión, Morales acusó a la DEA y a Goldberg de ser parte de un plan de conspiración contra su Gobierno, denuncia que Washington rechazó tajantemente y replicó echando al embajador boliviano Gustavo Guzmán . Desde la expulsión mutua de embajadores, las relaciones entre ambas naciones se conducen a nivel de los encargados de negocios .

Esta semana, la Casa Blanca emitió un informe en el que acusaba a Bolivia, junto a Venezuela o Birmania, de no haber cumplido en los últimos doce meses con su compromiso de lucha contra el tráfico y producción de drogas, un comportamiento por el que EE.UU. - mayor consumidor de estupefacientes del mundo - se siente damnificado.

En respuesta a estas acusaciones, Morales afirmó en una rueda de prensa el martes que la lucha antidroga de EE.UU. es un «rotundo fracaso en el mundo» y defendió que una parte de la producción en Bolivia de la hoja de coca (materia prima para la fabricación de la cocaína) está destinada al consumo tradicional .

En Bolivia, la hoja de coca está protegida por la Constitución promulgada por Morales en 2009, porque tiene usos culturales, religiosos, industriales, medicinales y es mascada por varios sectores sociales, práctica denominada «acullicu».