El ministro de Economía de Kirchner, imputado por enriquecimiento ilícito

En el marco de esta investigación Taiano le solicitó al juez federal Claudio Bonadío, una serie de medidas con el fin de esclarecer y avanzar en la causa. Entre otras, que solicite información a la oficina anticorrupción y a la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos).

Bonadío es el juez que investiga a la presidenta, a su familia y a su hijo, Máximo Kirchner, por irregularidades en sociedades hoteleras que tienen de telón de fondo operaciones de blanqueo de dinero.La investigación del fiscal responde a la querella del abogado Santiago Dupuy de Lome que advierte inconsistencias en los números de las declaraciones de Hacienda de Kicillof. El ministro, con fama de austero, posee, entre otras, tres propiedades en Uruguay, y realizó inversiones ien la construcción de un edificio en la ciudad de Buenos Aires .

Axel Kicillof no es el único ministro del Gobierno con problemas en la justicia pero sí el último. El que tiene el horizonte más complicado de todo el Ejecutivo, de momento, es el vicepresidente Amado Boudou . Éste permanece en su cargo pese a estar dos veces procesados por diferentes causas. La más grave es la querella que tiene por la apropiación indebida de una de las sociedades que imprime el papel moneda. Aparte tiene otras vinculadas a la falsificación de documentos públicos durante el proceso de su divorcio y a su creciente patrimonio.

La justicia es uno de los cabos sueltos que el kirchnerismo trata de amarrar. Tras la muerte en extrañas circunstáncias del fiscal Alberto Nisman, después de imputar por traición a la patria, a la presidenta y al Canciller, Héctor Timerman, la causa terminó desestimada en un proceso considerado bajo sospecha.

El Gobierno, mediante nombramientos arbitrarios y medidas inusuales, está colocando a jueces y fiscales en puestos claves para que den carpetazo a las investigaciones que les afectan. En esa línea, en el Consejo de la Magistratura (equivalente al Consejo General del Poder Judicial), donde tiene mayoría, impulsa diferentes juicios políticos contra los jueces que están fuera de la obediencia debida que se enmarca en la agrupación Justicia Legítima (el exjuez Garzón forma parte de ésta).

Esta misma semana el juez Luis María Cabral, fue desplazado de forma irregular de la Cámara de Casación Penal (instancia previa al Supremo). Este juez y sus dos colegas que forma la sala mencionada, tenían previsto pronunciarse sobre la Inconstitucionalidad del Tratado entre Argentina e Irán en el que, entre otros elementos, se basó Nisman para imputar a Cristina Fernández. Cabral presentó una medida de amparo y varios diputados de la oposición, entre otras Laura Alonso (Pro) se querellaron contra los miembros del Consejo de la Magistratura por adoptar una decisión que consideran ilegal. Juristas, abogados y colegas convocaron una manifestación para el 14 de julio en defensa de la independencia del Poder Judicial.