Las cárceles de la droga y sus familias: «Si no pagan, lo matamos»

En Perú cumplen condena 327 españoles, el 20% del total de nacionales presos en el extranjero, y casi la mitad de los 839 encarcelados en Iberoamérica. Este país superó en 2012 a Colombia como principal productor de cocaína del mundo, tras alcanzar las 60.400 hectáreas de superficie cultivada con hoja de coca, que se redujo hasta las 49.800 a cierre de 2013 , tal como recuerda el cónsul español en Lima, Andrés Collado, en una entrevista telefónica con ABC. Collado, junto a otras cuatro personas, trabaja para repatriar a presos como el hermano de Margarita. «Tenemos 146 expedientes de traslado tramitados, pero el año pasado no nos concedieron ninguno y en lo que llevamos de 2015 solo hemos conseguido dos. Ningún otro país ha tramitado tantos expedientes ni conseguido tantos traslados, el problema está en la Justicia peruana no en nuestro esfuerzo, a pesar de la falta de medios», se defiende ante las críticas de Margarita sobre la poca eficacia del tratado vigente de expatriación entre Perú y España. Collado añade que la multa reparadora al Estado es lo que en muchos casos, sumado al «hacinamiento» de expedientes, bloquea el traslado a prisiones de España .

«Temo por la vida de mi hermano y se lo dejé bien claro a las instituciones españolas allí: si le pasa algo, voy a remover todo, porque ya han muerto españoles en esa cárcel», denuncia alterada Margarita, para quien la Embajada y Consulado en Lima es «como si no existieran para los presos», aunque reconoce que la falta de medios pesa demasiado. Con 45 años, Juan ha pasado de ser un hombre corpulento de 90 kilos a pesar tan sólo 50 tras cinco años en prisión . Al inicio de la crisis se quedó sin trabajo, con una hipoteca y dos hijos a los que mantener. Dijo a su familia que se trasladaba a León, que tenía un empleo. «Doce días después, cuando pensábamos ir a recogerlo a la estación de tren de Coruña, recibimos la llamada de que estaba detenido en Lima: “ Estoy preso en Perú por llevar cocaína; sacadme de aquí ”. Justo en ese momento se cortó de repente sin poder saber más». Margarita estuvo 48 horas en estado de shock. Detenido el verano de 2010, Juan fue condenado a 6 años y 8 meses .

Margarita, que regenta una panadería, asegura que no ha recibido amenazas porque ha podido pagar cada mes todas sus deudas, pese a que desde las instituciones se recomiende no ceder en esas extorsiones. «El dinero acaba en droga para pagar deudas», aclara Collado. En la cárcel, el hermano de Margarita –que cumple con el arquetipo descrito por el cónsul de preso de unos 45 años, varón, con una enfermedad grave y adicto – se inició dentro de Ancón II primero en la cocaína y más tarde en el crack.

Los consulados de cada país ayudan con una media de 60 euros al mes, cantidad que se incrementa si el recluso padece alguna afección seria. «Casi 6 de cada 10 están enfermos cuando vienen aquí, mayoritariamente de VIH, tuberculosis y algunos con tumoraciones», añade el cónsul, que asegura visitar regularmente Ancón II, donde están agrupados los detenidos españoles, al tener mejores instalaciones y menores problemas que el resto de las cárceles peruanas, con preocupantes niveles de hacinamiento.

La mayoría de las peleas es por deudas contraídas en prisión. «Este no es el caso de mi hermano porque me encargo todos los meses de que deba nada a nadie, aunque hace unas semanas me llamaron diciendo que habían faltado 500 euros en la última entrega para la mercancía (alimentos y drogas, por lo general). Margarita asegura a ABC que es la primera pelea en cinco años: «Lo aislaron una semana en el “hueco” (el agujero donde los meten). Allí contó hasta 2.130 cucarachas que le llenaron de picaduras. Su delgadez es extrema y los funcionarios temen por su salud ».

Raquel (nombre ficticio), en cambio, sí recibió llamadas con amenazas de muerte a su sobrino, que estuvo preso año y medio en una cárcel de Guayaquil ( Ecuador ) y que acaba de aterrizar en España. « Nos llamaron a la una de la madrugada. “Si no pagan, lo matamos” , nos dijeron». Ellos pagaron, al extorsionador y a unos abogados que finalmente los estafaron. De hecho, se enteró de que Raúl (nombre ficticio) había sido encarcelado por una llamada de madrugada en la que un supuesto letrado ecuatoriano se ofrecía a defender a su sobrino por 5.000 euros. «Creíamos que se encontraba en Ecuador trabajando. Fue un golpe demasiado duro». Denuncia, al igual que Margarita, la falta de asesoramiento y las falsas expectativas por parte de las instituciones.

Raquel finalmente recurrió a Gerardo Esteva , que dirige un bufete en Motril especializado en la defensa de los españoles en cárceles de Ecuador, Marruecos, Colombia y Perú. Esteva trabaja coordinándose con abogados locales de confianza. En el caso de Raúl, que en principio estaba condenado a cuatro años de prisión por 1,9 kilos de cocaína, fue más sencillo gracias a la reducción de penas para las «mulas» del nuevo código penal aprobado por el Gobierno de Rafael Correa el pasado verano, ya que la original no hacía distinción por la cantidad incautada.

Así las cosas, Margarita y Raquel han pasado por dos etapas: «Al principio te avergüenzas por lo que ha ocurrido y piensas qué has hecho mal. Después, empiezas a buscar a gente que haya pasado por lo mismo y que te aconseje para sacarlo con vida». La primera se ha apoyado en la labor humanitaria y de asesoramiento de la Fundación+34 , y la segunda, en un bufete. Ahora ellas con su testimonio avisan a quienes, desesperados, piensan entregar su alma al negocio del narcotráfico. « Si mi hermano llega a contarme su “plan”, le parto las piernas» , concluye Margarita.

Pasillos de la Picota (Colombia)