Putin se da la facultad de vetar las ONG que le sean adversas

«Constituir una amenaza contra el orden constitucional, el sistema defensivo y la seguridad» de Rusia, según un comunicado de prensa difundido por el Kremlin, son los criterios que convierten en «indeseable» cualquier organización internacional que funcione en Rusia.

En la nota se señala que se trata de una «medida preventiva» en un contexto de sanciones y con el objetivo de poner freno a las «organizaciones destructivas (...) que buscan instigar revoluciones de color», en referencia a las revueltas populares habidas en los últimos años en Ucrania y Georgia .

En caso de ser reconocida «indeseable» una determinada ONG, deberá cerrar su antena en Rusia mientras que sus empleados se enfrentan a la posibilidad de abultadas multas e incluso condenas de cárcel de hasta seis años. Además, sus cuentas bancarias serían bloqueadas.

La célebre defensora rusa de los Derechos Humanos, Liudmila Alexéyeva , jefa del Grupo de Helsinki moscovita, ha alertado de que, con su ley, Putin ha puesto en el punto de mira fundamentalmente a organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional . En declaraciones a la agencia Interfax, Alexéyeva sostiene que HRW y AI «actúan para vigilar la situación de los derechos y las libertades, y suelen emitir informes críticos que no gustan a muchos».

Estados Unidos y la Unión Europea también han condenado la medida. «Nos preocupa que esta nueva ley restrinja cada vez más el desarrollo de la sociedad civil en Rusia y es un ejemplo más de la creciente represión del Gobierno ruso contra las voces independientes», manifestó la portavoz del Departamento de Estado, Marie Harf, a través de una nota de prensa. Según Harf, «los rusos, como los ciudadanos de todas partes, se merecen un Gobierno transparente, que apoye el intercambio de ideas, un trato equitativo ante la ley y la posibilidad de ejercer sus derechos sin temor a represalias».

Por su parte, el Servicio Europeo de Acción Exterior manifestó en un comunicado que la norma aprobada por Putin «es otro preocupante paso en una serie de restricciones a la sociedad civil, a la independencia de los medios de comunicación y a la oposición política». En julio de 2012, el presidente ya promulgó una ley que declara «agentes extranjeros» a las ONG rusas que reciben financiación exterior.

Ellas mismas deben inscribirse en el Servicio Federal de Registros (FSR), lo que supone un mayor control sobre sus cuentas y actividad. Incumplir la obligación de inscribirse supone multas de hasta 300.000 rublos (unos 5.300 euros) y penas de prisión de hasta dos años. Cada tres meses, las ONG deben presentar a las autoridades un informe de sus tareas y una vez al año someterse a la auditoría de sus cuentas.

Putin sigue convencido de que el movimiento de protesta que se desencadenó en Rusia en diciembre de 2011por el fraude electoral habido en las elecciones legislativas fue instigado desde Estados Unidos, así como la revuelta ucraniana del Maidán que acabó con el mandato del entonces presidente, Víctor Yanukóvich.