Comienza una semana clave para el debate internacional sobre la pena de muerte

Siete años después de haber aprobado su uso, la Corte Suprema de los Estados Unidos comenzará a revisar el uso de la inyección letal. En su decisión de abril de 2008 sobre el caso «Baze versus Rees», el más alto tribunal del país concluyó que la inyección no se oponía a la Octava Enmienda de la Constitución, que prohíbe cualquier «castigo cruel e inhabitual».

Sin embargo, desde entonces cambiaron los barbitúricos empleados para matar a los condenados, debido al rechazo de los laboratorios farmacéuticos –en particular los europeos– a suministrar sus productos para realizar ejecuciones. Ante la falta de esos fármacos, los 32 estados estadounidenses en los que está en vigor la pena capital recurrieron a medicamentos compuestos químicos no homologados, pero se niegan a develar su fuente de aprovisionamiento. «Dada la falta de transparencia, no es sorprendente que solo en 2014 hayamos asistido a tres ejecuciones muy cuestionadas », dijo a la AFP Megan McCracken, experta en materia de inyección letal.

Dennis McGuire murió el 16 de enero del año pasado 26 minutos después de haber quedado visiblemente sofocado. El 29 de abril, Clayton Lockett sucumbió en Oklahoma al cabo de 43 minutos de estertores y gemidos. Joseph Wood pereció el 23 de julio en Arizona 117 minutos después de recibir la inyección letal, cuando lo normal debería ser que no transcurran más de diez minutos desde su aplicación.

El elemento común en las tres ejecuciones fue el uso del midazolam, una droga no aprobada como anestésico. El producto fue empleado en los tres casos como primera inyección destinada a dejar inconsciente al condenado antes de proporcionarle el producto letal. En Florida se usa este medicamento como un paralizante, lo que impide saber si el prisionero ha sufrido o no, según explica el anestesista David Waisel, quien además asegura que el midazolam no «induce en absoluto un coma profundo».

«Estas ejecuciones fallidas tuvieron lugar en un ambiente de experimentación y de precipitación de las autoridades estatales, sin supervisión científica», explicó Dale Baich, abogado de tres condenados a muerte de Oklahoma.

En este contexto, la Corte Suprema decidirá si la Octava Enmienda prohíbe a un estado ejecutar a una persona con un cóctel de medicamentos que «podría causarle un severo sufrimiento», en este caso con un producto sin propiedades analgésicas y sin garantía de producir «una inconsciencia tan profunda como un coma». Los tres condenados por asesinato de Oklahoma –Richard Glossip, John Grant y Benjamin Cole– pretenden que se dictamine que el midazolam crea «un riesgo significativo» u «objetivamente intolerable de sufrimiento». Las autoridades de Oklahoma alegan que no es así y argumentan que el producto insensibiliza «frente a las estimulaciones extremadamente dolorosas».

Que un condenado a muerte que asesinó y violó a un niño «padezca sufrimiento no (le) preocupa» al experto Robert Blecker, ferviente defensor de la pena capital. Este profesor de la New York Law School prevé, sin embargo, que este tema estará en el centro del debate de la Corte Suprema. «Está en la naturaleza humana preguntarse realmente si alguien que mató a su hija de 9 meses quebrándole en dos la columna vertebral (como es el caso de uno de los demandantes) tiene una lejana posibilidad de sufrir», dijo Blecker a la AFP.

La Corte Suprema debe decidir, en sentido estricto, sobre la demanda de los condenados de Oklahoma, y eventualmente sobre las de otros estados que emplean el midazolam o tienen previsto hacerlo. Pero «la Corte siempre tiene la posibilidad de fallar más ampliamente sobre la constitucionalidad de la inyección letal», estima Deborah Denno, experta de la Fordham University School of Law. A la espera de la decisión, varios estados suspendieron todas las ejecuciones y otros, como Texas, recurrieron al pentobarbital, un barbitúrico que también obtiene de una fuente anónima.

«Que el alto tribunal se ocupe de un método de ejecución por segunda vez en siete años es realmente extraordinario –dijo Denno a la AFP–. Es evidente que la Corte ve que hay problemas con este tema y eso no parece bueno para la pena de muerte en general». De ese modo, la decisión de la Corte, esperada para fines de junio, «influirá mucho en la relación de fuerzas favorables y contrarias a la pena de muerte».

Mientras tanto, las presiones diplomáticas de varios países se intensificaron este lunes para intentar salvar la vida de los ocho ciudadanos extranjeros condenados a muerte por narcotráfico en Indonesia, cuya ejecución es inminente. Los presos de Australia, Brasil, Filipinas y Nigeria serán fusilados junto a un indonesio, después de que un francés, que también afrontaba la pena capital, fuera retirado de la lista a último momento.

Los familiares de los condenados fueron a visitarlos este lunes a la cárcel de la isla de Nusakambangan, «el Alcatraz indonesio», donde los presos podrían ser fusilados en la madrugada del miércoles, poco después de la medianoche. Varios medios australianos publicaron fotos de las cruces mortuorias destinadas a los féretros de los condenados con la fecha del 29 de abril de 2015. Hasta ahora, el presidente indonesio, Joko Widowo , intransigente con el tráfico de drogas, rechazó todas las peticiones de indulto a pesar de las numerosas voces mundiales que le pidieron clemencia.

El presidente francés, François Hollande, y el primer ministro australiano, Tony Abbott, recordaron que «Francia y Australia condenan el recurso a la pena de muerte en todas partes y en cualquier circunstancia», según un comunicado cojunto emitido por el Ejecutivo francés. Las presiones diplomáticas han ido creciendo en los últimos días y a ellas se sumó incluso el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, quien reclamó a Indonesia que renuncie a las ejecuciones.

Este lunes, el abogado del preso brasileño Rodrigo Gularte se disponía a presentar un último recurso para conseguir una revisión del caso de su cliente, sustentado en nuevos informes médicos sobre su supuesta enfermedad mental. Gularte, de 42 años, fue detenido en 2004 al tratar de ingresar al aeropuerto de Yakarta con seis kilos de cocaína escondidos en tablas de surf. Su familia ha presentando varias pruebas médicas para demostrar que el hombre sufre esquizofrenia y que, por tanto, no debería ser ejecutado.

En tanto, el Gobierno indonesio aplazó la ejecución del francés Serge Atlaoui, de 51 años, que siempre negó los cargos de narcotráfico que se le imputan desde que lo condenaron en 2007. La prórroga conseguida, posiblemente por las fuertes presiones diplomáticas francesas, no es definitiva, y Atlaoui podría ser ejecutado en soledad si no prospera el recurso que presentó.

El presidente Widowo dijo sentir algo de compasión por la presa filipina Mary Jane Veloso y prometió estudiar su caso, lo que al principio suscitó una leve esperanza en su familia. Sin embargo, el ministerio filipino de Relaciones Exteriores derribó las expectativas pocas horas después, al confirmar que su segundo recurso judicial había sido rechazado en Indonesia.

Veloso, de 30 años, asegura que no es una narcotraficante y que sólo cayó en la trampa de una red criminal. Su hermana y su madre volvieron a pedir clemencia este lunes. «Les suplicamos que den una última oportunidad a mi hermana pequeña, madre de dos niños», declaró Marites Veloso-Laurente al llegar a Cilacap, el puerto de acceso a «la cárcel de la muerte» donde está su hermana.

Su madre mandó un mensaje desesperado al campeón de boxeo filipino Manny Pacquiao, que se entrena en Estados Unidos para uno de los combates más esperados de la historia. «Manny, por favor, salve a mi hija. Por favor, hable. Cualquier palabra de usted será una gran ayuda porque es muy popular en Indonesia», declaró Celia Veloso en una radio de su país. El boxeador no desoyó la llamada de su compatriota. «Le ruego a su excelencia que le conceda su clemencia perdonándole la vida y salvándola de la ejecución», pidió Pacquiao a Widowo, en un mensaje grabado en su centro de entrenamiento de Los Angeles.

Australia también rogó a Yakarta que no ejecutara a sus dos ciudadanos condenados a muerte, Myuran Sukumaran y Andrew Chan, mientras que el grupo de prensa australiano Fairfax Media publicó nuevas acusaciones de corrupción contra los jueces que los condenaron en 2006. Según Fairfax, los magistrados habrían pedido más de 1.000 millones de rupias (unas 103.000 dólares) para evitarles la pena de muerte y castigarles con menos de 20 años de cárcel.