La CIA no acepta la reprimenda e insiste en que sus interrogatorios fueron útiles

Un punto central en el debate es si los interrogatorios extremos extrajeron información importante que de otra forma no se habría obtenido. El informe considera que mucha información se logró en los primeros meses tras el 11-S, antes de que a finales de 2002 comenzara el polémico programa, y que nada prueba que las «prácticas reforzadas» sirvieran de algo. La CIA responde que de esos interrogatorios salió información valiosa y que nunca se sabrá si se habría obtenido de otra manera.

Actuales y anteriores jefes de la CIA han salido en tromba al contraataque. No solo aquellos quienes estuvieron al frente de la agencia por nombramiento de George W. Bush, sino también su actual director, John Brennan, hombre de confianza de Barack Obama. De hecho el presidente está jugando en todo esto un papel intermedio: está de acuerdo con las principales denuncias, pero al mismo tiempo ha puesto impedimentos para que no se publiquen ciertas partes del documento, que la Casa Blanca no promovió (se han publicado solo quinientas de las seis mil páginas).

«Nuestro examen indica que los interrogatorios de detenidos a quienes fueron aplicadas produjeron información que ayudó a desbaratar planes de atentados, capturar terroristas y salvar vidas», afirmó Brennan, en referencia a las controvertidas «técnicas reforzadas» de interrogatorio.

Ese término es el normalmente empleado en EE.UU. para el polémico programa en su día aprobado por Bush y refrendado como legal por el fiscal general, pero que muchos califican directamente de prácticas de tortura, al menos las más extremas. Así lo hizo el martes por la noche Obama en una entrevista con el canal hispano Telemundo. Algunas de esas técnicas, según Obama, «constituyeron tortura».

Ya conocidas la mayor parte de ellas, el informe asegura que fueron más brutales y menos eficaces de lo que la CIA dijo al Congreso y a la propia Administración Bush. Se aplicaron a 39 detenidos, de los 119 que pasaron por las cárceles secretas de la CIA en varios países (Polonia, Lutuania, Rumanía, Afganistán y Tailandia). Se trata de números algo superiores a los reconocidos por la agencia.

En su rechazo al ataque recibido, la CIA está actuando de modo distinto a otras veces. En ocasiones previas de denuncia formal desde el Capitolio, la CIA había tenido que aceptar oficialmente la reprimenda e introducir algunos cambios en su funcionamiento. En la década de 1970, tras episodios de activo papel en el derrocamiento de regímenes de izquierdas en el mundo, la CIA tuvo que renunciar al asesinato y al espionaje dentro de EE.UU. En la de 1980, la polémica sobre la ayuda a la Contra nicaragüense llevó también a la CIA a bajar la cabeza y aceptar mayores controles desde el legislativo. Con el 11-S de 2001 la CIA quedó en entredicho y tuvo que coordinarse más con otros departamentos de inteligencia de la Administración.

Ahora no ha ocurrido nada de eso. Por un lado, porque el informe llega en un momento de profunda división partidista, por lo que la CIA encuentra en los republicanos un apoyo. Por otro, porque lo que ahora se denuncia ya fue suspendido en la práctica por el propio George Bush y formalmente por Obama en los primeros días de su mandato.

Se trata de una cuestión del pasado que el informe revisita solo para garantizar que no volverá a repetirse. El informe no busca establecer responsabilidades ni, a diferencia de ocasiones anteriores, plantea recomendaciones. Además, el actual fiscal general, Eric Holder, ya ha dio por cerrado que no había base legal para actuar contra quienes las practicaron.

El relator especial de antiterrorismo y derechos humanos de la ONU, Ben Emmerson, dijo tras las revelaciones del informe que quienes dirigieron e intervinieron en abusivos interrogatorios «deben ser llevados ante la Justicia y afrontar penas». «Claramente era una política orquestada al alto nivel en la Administración Bush, que permitió que se cometieran sistemáticos crímenes y grave violaciones de la ley internacional de derechos humanos», dijo Emmerson.

Pero la Administración Obama da por protegidos a quienes idearon o participaron en el controvertido programa y difícilmente va a permitir que desde el exterior se les persiga.

En su parecer alternativo, los republicanos del Comité de Inteligencia del Senado critican el informe realizado por sus colegas demócratas, en el que ellos no quisieron participar. Lamentan que ningún alto cargo o agente de la CIA o fuera entrevistado, por lo que todo es resultado de analizar documentos que no siempre pueden entenderse correctamente.

También censuran el carácter y tono del informe, más propio de la acusación de un fiscal que un esfuerzo por establecer hechos, de manera que no reconoce los logros de la CIA en la lucha antiterrorista. Tampoco tiene en cuenta «el completo contexto del momento», que urgía a medidas excepcionales para evitar otro 11-S. Por lo demás, lo denunciado como tortura contó con el visto bueno del Departamento de Justicia.