Bruselas intentará frenar nuevas consultas independentistas

Hasta ahora, la Comisión Europea no ha entrado en el debate más que de forma teórica, porque ningún país le ha hecho la pregunta sobre un caso concreto de secesión. Ningún estado ha querido considerarlo ni siquiera como hipótesis. Pero las bases de la respuesta ya existen y no dejan ninguna duda sobre la incomodidad con la que las instituciones comunitarias contemplan el riesgo que supondría una cadena de proclamaciones de independencia después del referéndum escocés . En el Parlamento Europeo, representantes de los grupos mayoritarios también manifiestan en privado su interés por frenar un proceso que pondría en grave peligro el funcionamiento de las instituciones. Ningún país ha alentado, ni siquiera de forma sutil, a los movimiento separatistas, porque el mal ejemplo podría trasladarse de una punta a otra de Europa.

El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, ha expuesto siempre el mismo criterio jurídico: solo los Estados pertenecen a la Unión, si una región abandona uno de esos estados, se convierte en un país tercero. La paradoja del asunto es que el criterio jurídico de la Comisión fue establecido ante la hipótesis de lo que había sucedido con Argelia, que formaba parte de Francia como un departamento igual que cualquier otro cuando París firmó el Tratado de Roma constituyendo la CEE y que después de un proceso traumático y un referéndum, proclamó su independencia. Lo que ha dicho la Comisión es que «La UE se basa en los tratados, aplicables únicamente a los Estados miembros que los han aprobado y ratificado. Si una parte del territorio de un Estado miembro dejase de ser parte de ese Estado para convertirse en un nuevo Estado independiente, los Tratados ya no serían aplicables en dicho territorio. En otras palabras, un nuevo Estado independiente, por el hecho de alcanzar la independencia, pasaría a convertirse en un tercer país con respecto a la UE y los Tratados dejarían de ser aplicables en su territorio». El nuevo presidente, Jean-Claude Juncker, lo ha dicho con algo más de fuerza: «No es el momento de separaciones» declaró en una entrevista a ABC. También ha prometido que quiere clarificar la separación de las competencias entre la Unión, los Estados y las Regiones, siguiendo el principio de subsidiariedad, para tratar de cerrar el paso a los equívocos, pero al mismo tiempo dando un papel claro a las distintas administraciones, para encontrar un lugar para todas. Es la respuesta a la necesidad de racionalizar la burocracia europea que ha pedido Londres, pero también para ayudar a estabilizar el debate regional.

Y pese a todo, la tarea será complicada, porque la controversia se ha introducido en el debate político y desde los liberales hasta la izquierda y los ecologistas, las ideas de los secesionistas han encontrado también respaldo claro.

El criterio de la Comisión debe tener en cuenta que la organización interna es competencia de los estados miembros, pero no puede ignorar el problema que supondría, por ejemplo, la declaración de independencia de Flandes , que reclama a Bruselas como su capital política. Las propias instituciones se verían obligadas a hablar con los que quieren que Bélgica desaparezca como Estado, y que, por cierto, muy pronto formaran parte por primera vez de la coalición del gobierno federal en cuanto se cierren los últimos detalles. La tesis de los independentistas flamencos es ir vaciando de competencias a las instituciones belgas en beneficio de las regiones, de modo que llegue un momento en que la separación parezca algo «natural».

Francia es probablemente uno de los países cuya estructura administrativa es más centralista. Sin embargo, no ha logrado acallar el creciente sentimiento regionalista en Bretaña, mucho más activo que, por ejemplo, el del País Vasco francés. La bandera bretona es una de las que no faltan en cualquier manifestación de regiones separatistas.

Con el terrorismo independentistas nunca acallado del todo, Córcega es otro de los puntos de fricción territorial en Francia Los separatistas corsos son además muy dependientes de la solidaridad política de otros movimientos similares.

Una generalización del derecho de autodeterminación en Europa provocaría sin duda un terremoto en Europa Central. Hungría se dejó grandes regiones a costa de la I Guerra Mundial y la disolución del imperio austrohúngaro, que ahora pertenecen a otros países como Eslovaquia, Rumanía o Serbia. El actual gobierno de Budapest les ha reconocido ya la nacionalidad y les ha dado su pasaporte a buen número de estos colectivos. Si el «derecho a decidir» se convirtiese en un procedimiento aceptable en el seno de la UE, estas regiones podrían pedir la posibilidad de pronunciarse sobre su unión con la actual Hungría.

Un 13% de los dos millones de habitantes de Letonia son rusos, establecidos allí en tiempos de la URSS. Si les dejasen votar (puesto que en estos momentos tienen limitados los derechos políticos por no haber nacido en el país) cambiarían totalmente el escenario de este país, independiente desde hace apenas 25 años. Mientras esta minoría decreciente viva (ya que sus hijos sí que tienen derecho a ser letones), la posibilidad de que un colectivo étnicamente homogéneo tenga acceso sistemático al derecho de autodeterminación provocaría una situación explosiva en el país. Si el mismo concepto se aplicase a las regiones que han pasado de Alemania a Polonia y viceversa a lo largo del Siglo XX, las consecuencias podrían ser incalculables.

En Venecia se ha llevado a cabo incluso un referéndum de autodeterminación en el que, por supuesto, venció la opción de proclamar la restauración de la histórica República de Venecia. Los activistas de la separación son muy activos, pero carecen de verdadero apoyo popular. Italia, que es un país de unidad relativamente reciente, tiene ya algunas regiones con antonomía especial como el Valle de Aosta.

Los activistas de aquel viejo concepto de la Padania intentan provocar ahora un surgimiento de los sentimientos separatistas en el norte de Italia, apelando al supuesto carácter indolente del Estado italiano y de las regiones del sur. La bandera de Lombardía aparece también en todas las procesiones de las llamadas «naciones sin Estado».

La independencia de la antigua provincia serbia ha sido, para algunos, el peor precedente de este debate. Sus efectos perniciosos en otros debates están claros y aún no se han acabado esas consecuencias. La Unión Europea apenas puede contener las aspiraciones secesionistas de las comunidades serbias (sobre todo) y croatas de Bosnia, que están haciendo inviable aquel país. Y lo mismo sucede con la minoría albanesa de Macedonia. Y las de los macedonios en Bulgaria. La aplicación irrestricta del derecho de autodeterminación volvería a hacer estallar en pedazos a la parte de los Balcanes que aún no ha logrado integrarse en la UE. Y, de hecho, el principal obstáculo están siendo las grandes tensiones nacionalistas que florecen en todas las comunidades, animadas por el ejemplo (el mal ejemplo) que supone el reconocimiento del derecho de autodeterminación a cualquiera de ellas.