La «Gestapo digital» de Erdogan

La ley a la que se refiere Hamzaçebi es la nueva regulación sobre internet aprobada la semana pasada por el gobierno de Recep Tayyip Erdogan, que amplía las competencias de la Autoridad de Telecomunicaciones (TIB, por sus siglas en turco), el organismo regulador de internet, hasta niveles inéditos en este país. Ahora, la TIB tiene la potestad de supervisar contenidos y ordenar su eliminación sin necesidad de una orden judicial. Tras recibir una notificación de esta institución, los proveedores dispondrán de apenas cuatro horas para retirar el contenido citado.

La TIB podrá también almacenar los datos personales de los usuarios y ponerlas a disposición de las autoridades, sin necesidad de que un tribunal lo autorice, como era el caso hasta ahora. Según el gobierno, tanto el bloqueo de contenidos como el procesamiento de los datos de los internautas solo se hará por razones de «seguridad nacional, orden público y prevención del crimen», aunque muchos temen que se utilice para perseguir a la oposición.

«Esta normativa abole el estado de derecho y atenta contra los derechos humanos. ¡Ya ni siquiera es necesaria una acusación!», explica a ABC Gürkan Öztüran, del Partido Pirata de Turquía, uno de los más activos contra la censura en internet. Para Öztüran, uno de los aspectos más polémicos de la ley es «el uso generoso» de los motivos para poner en práctica la vigilancia informática. «Se va a abusar de estas palabras», dice, porque «nadie sabe con certeza qué supone un delito».

La afirmación podría parecer exagerada, puesto que al fin y al cabo, Turquía cuenta con un Código Penal vigente, con algunas modificaciones, desde hace un siglo. Pero juristas y observadores independientes critican a menudo los abusos de las leyes y los tribunales por parte de las autoridades. A lo largo de este año, por ejemplo, se está celebrando en la ciudad de Izmir un proceso contra 29 personas acusadas de «incitar al público a violar la ley», por los comentarios que realizaron en Twitter durante las protestas antigubernamentales de Gezi del verano pasado. Amnistía Internacional lo ha calificado de «juicio farsa», asegurando que en los tuits presentados como evidencia no existe nada que pueda ser considerado un delito.

El gobierno turco ya modificó la ley sobre internet a principios de este año para ampliar las competencias gubernamentales, como respuesta a la filtración en las redes sociales de una serie de conversaciones comprometedoras para el entorno de Erdogan (que también les llevaron a establecer un bloqueo temporal de Twitter y YouTube ). Sin embargo, los aspectos más polémicos fueron vetados por el entonces presidente Abdullah Gül, encargado de ratificar las leyes. Ahora, con Erdogan en el sillón presidencial , nada se interpone en el camino de una normativa que fue aprobada el pasado 10 de septiembre, a las 4 de la madrugada y sin prácticamente debate parlamentario.

«La ley ya ha sido firmada por el presidente. Será puesta en marcha dentro de los próximos 90 días, como ordena la legislación turca», dice Öztüran, que asegura que lo que se está estableciendo es «una Gestapo digital», a través del almacenamiento de los datos de los usuarios durante un plazo de dos años en un servidor a disposición de la TIB, y la instalación de programas como NetClean y Procera, que permiten procesar grandes cantidades de información sobre los usuarios de internet y eliminar contenidos «indeseados».

«NetClean es, al menos en teoría, un programa que solo elimina pornografía infantil, pero el gobierno turco ha presionado para ampliarlo a todos los aspectos. Procera ni siquiera tiene esa cobertura moral», indica Öztüran. Según el diario progubernamental «Sabah», el gobierno gastará más de 40 millones de euros para adquirir este software.

Pero el aspecto más problemático de la nueva regulación es la vinculación directa de la TIB con los servicios de inteligencia turcos (MIT, por sus siglas en turco), puestos al servicio de Erdogan . «Hace unos meses, el ahora presidente Erdogan dijo que no necesitábamos la TIB, que los servicios secretos ya estaban llevando a cabo estas actividades, así que la TIB ha sido puesta a disposición del MIT», comenta el representante del Partido Pirata.

La Autoridad de Telecomunicaciones, además, ha sufrido una renovación de altos cargos. «La mayoría son antiguos espías trasladados desde el MIT», asegura Öztüran. «Los estadounidenses tuvieron una mala experiencia cuando descubrieron lo que la Agencia Nacional de Seguridad estaba haciendo. Pero nuestro gobierno declara abiertamente que está espiando a su gente», se queja.

Pero las críticas no solo provienen de la oposición turca. Algunos diplomáticos europeos ya han mostrado en privado su consternación por la medida, igual que ha hecho la organización de derechos humanos Human Rights Watch. «La retención de metadatos por la Autoridad de Telecomunicaciones es profundamente preocupante, porque le da a esta institución la capacidad directa de llevar a cabo una vigilancia sobre el uso de internet de la gente. El gobierno turco proclama públicamente el derecho a la privacidad de los políticos, pero no cree en el mismo derecho para la gente corriente», afirma Emma Sinclair-Webb, investigadora de HRW en Turquía.

«Toda nuestra información personal será visible para los funcionarios públicos. No solo se usará para censura y vigilancia, sino también para crear perfiles de los ciudadanos», asegura Öztüran. «Es algo que ya se hace , pero antes tenían que mandar a un agente con una libreta a seguir a alguien. Ahora, todo lo que tiene que hacer es sentarse detrás de un ordenador», dice.