Egipto regresa al pasado en el primer aniversario del golpe militar de El Sisi

Un año después, la democracia parece estar más lejos que nunca , el país sigue profundamente dividido y se ha experimentado un retroceso notable en las libertades individuales, sociales y políticas. La confianza que muchos egipcios pusieron en el entonces jefe del Ejército y ahora presidente electo, Abdelfatah el Sisi, está hoy a prueba, y los desencantados recuerdan que la semilla de la conciencia social que plantó la revolución de 2011 sigue viva, y ningún gobernante podrá volver a ser inmune a ella.

«El 30 de junio de 2013 muchos egipcios fueron a las calles esperando no solo acabar con el régimen de los Hermanos Musulmanes sino también para consolidar los derechos que se adquirieron en la revolución. Ahora vemos que estos derechos se están pisoteando», reconoce el politólogo Mutafa Kemal el Sayed.

¿En qué ha cambiado Egipto este último año? ¿Qué se ha perdido o ganado por el camino? En apariencia, la estabilidad ha regresado a las calles del país, una tensa calma muy ansiada por gran parte de los egipcios, pero que se ha conseguido a base de mano dura y una dura represión. La ley de manifestaciones aprobada a finales de 2013 ha puesto fin a tres años de protestas y enfrentamientos violentos casi diarios, y ha enviado a la cárcel a los principales líderes del activismo social como Alaa Abdel Fatah o Ahmed Maher.

«Hoy vemos que los jóvenes que iniciaron la revolución están en prisión y los simpatizantes del régimen de Hosni Mubarak están de vuelta en los medios de comunicación y en la vida política, aunque aseguren que no son miembros del antiguo partido», señala El Sayed. El poder de la contrarrevolución ha llegado hasta tal punto de que el alzamiento de los egipcios en 2011 «se está describiendo en algunos medios como una conspiración extranjera instigada por Estados Unidos que habría llevado al deterioro de la situación económica y de seguridad en Egipto», añade el analista.

Las libertades personales, la libertad de expresión, de reunión pacífica o de asociación han sufrido un retroceso en Egipto, donde la justicia y la injusticia se aplican con arbitrariedad, denuncian observadores y defensores de derechos humanos como Amnistía Internacional. Ejemplos en el último año no faltan. Desde enero, un juez de Minia ha recomendado la pena de muerte para más de 1.200 personas en procesos que han durado apenas un par de días y en los que la defensa no ha podido presentar pruebas o ver tan siquiera a los acusados. El mismo juez se enteró por la prensa de que una de las personas a las que él mismo había condenado a muerte era un niño.

Periodistas de Al Yasira han sido condenados a penas de entre 7 y 10 años de cárcel en un juicio en el que no se ha presentado ni una sola prueba sólida contra ellos. Este es el mismo sistema judicial que en diciembre investigó a una marioneta televisiva a la que la fiscalía acusaba de mandar mensajes secretos de los Hermanos Musulmanes para cometer atentados.

La represión de las autoridades se ha cebado con la cofradía islamista, que ha sido declarada grupo terrorista y cuyo guía supremo, Mohamed Badie, ha sido condenado a muerte y sus principales líderes aguardan juicio en la cárcel, lo mismo que el propio Mohamed Mursi. Se calcula que unos 2.000 simpatizantes de la hermandad han muerto en el último año, sobre todo en los primeros dos meses tras el golpe de Estado, y más de 40 000 han sido encarcelados.

De la hoja de ruta impuesta por los militares el 3 de julio del año pasado, Egipto ha consumado ya dos de sus puntos: ha aprobado una nueva Constitución y ha elegido a un nuevo presidente. Las elecciones legislativas serán el próximo paso. El borrador de la nueva ley que regulará esos comicios, sin embargo, no augura una gran representatividad, advierte Hassan Nafaa, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de El Cairo. La norma asigna un 80 por ciento de los escaños a los candidatos independientes y el resto a los partidos, lo que «conducirá al debilitamiento de los partidos políticos que ya existen», abriendo la puerta a que un parlamento débil sea manipulado por un poder ejecutivo potente.