El gobierno nigeriano quiere evitar que el secuestro de las niñas se convierta en un arma política

«La medida es anticonstitucional», aseguraba a ABC Rotimi Olawale, portavoz del movimiento. Para Olawale, desde su gestación, el Gobierno ha intentado de todas las formas posibles parar las protestas.

Los motivos de este celo parecen evidentes. Por un lado, el Ejecutivo de Nigeria pretende evitar cualquier politización del conflicto. Más, aún, de cara a las elecciones presidenciales del próximo mes de febrero. En este sentido, la cruzada del mandatario Goodluck Jonathan contra el grupo islamista podría mostrarse casi definitoria para garantizar la continuidad de su mandato.

Y no parece tenerlas todas consigo. A pesar de que el pasado mes de mayo el presidente había ordenado poner en marcha una «guerra total» contra el terrorismo, la hemeroteca no permite hacerse ilusiones: Solo entre diciembre de 2011 y mayo de 2012, por ejemplo, el presidente Jonathan anunció, hasta en quince ocasiones, que Boko Haram sería historia. Dos años después, con miles de muertos en las calles, pocos le creen.

Precisamente, la noticia se produce cuando la incertidumbre y el debate se abren en la cúpula política de Nigeria sobre los futuros pasos a seguir para la liberación de las jóvenes. Más aún, después de que el jefe de la Fuerza Aérea, Alex Badeh, asegurara haber localizado a las niñas secuestradas, pese a descartar una intervención armada por motivos de seguridad.

En este sentido, el sector que se ha posicionado de forma más clara en la necesidad de establecer un diálogo es el liderado por el expresidente Olusegun Obasanjo, quien, en los últimos días, se ha reunido con familiares de miembros del grupo terrorista. Precisamente, en septiembre de 2011, el exmandatario había viajado a la capital del Estado de Borno, Maiduguri, enclave donde opera Boko Haram, para entrevistarse con parientes del fundador del grupo radical, Mohamed Yusuf, tras el ataque a la sede de Naciones Unidas en la capital nigeriana, Abuya.

Otros, sin embargo, no parecen apostar de forma tan optimista por el diálogo. Sobre todo, después de que Boko Haram haya dinamitado el proceso: desde el pasado 14 de abril, fecha del secuestro de las jóvenes, al menos 450 personas han perdido la vida en Nigeria en ataques protagonizados por el grupo radical.

Primero, el ministro local de Asuntos Especiales de la Presidencia, Alhaji Tanimu Turaki, aseguró que el Gobierno de Abuya se encontraba «preparado» para entablar un diálogo con la milicia islamista. Para Turaki, quien lidera un comité lanzado por el presidente nigeriano, Goodluck Jonathan, para abrir vías de reconciliación con Boko Haram, si las intenciones de la milicia islamista eran sinceras, su líder, Abubakar Shekau, debía enviar a gente de confianza para entablar negociaciones. No obstante, el titular de Interior, Abba Moro, rechazó cualquier tipo de acuerdo futuro, al manifestar que era «absurdo» que un «grupo terrorista» tratara de establecer sus propias demandas. Una posición que parece compartida por el presidente del país.

Históricamente, las negociaciones entre la milicia y el Gobierno de Nigeria siempre han caminado por el alambre del desastre.

Ya en noviembre de 2012, el grupo armado había establecido sus primeras demandas para iniciar conversaciones de paz con el Ejecutivo y poner así fin a una sangría humana que, entonces, ya amenazaba la estabilidad del país africano.

Mientras, prosigue la desunión en la cúpula militar y de Gobierno: solo veinticuatro horas después de que el comisario jefe de Abuya, Joseph Mbu, anunciara la prohibición de las protestas de «Bring Back Our Girls» («Las manifestaciones sobre las niñas de Chibok se proscriben con efecto inmediato» fueron sus palabras), el portavoz de las fuerzas policiales, Frank Mba, señalaba lo contrario: «No se ha lanzado ningún veto a protestas/asambleas pacíficas en lugar alguno de Nigeria», aseveraba. Complicado ponerse de acuerdo.