El Ejército de Tailandia interrumpe las emisiones de diez canales de televisión

El viceportavoz del Ejército, Winthai Suvari, una institución que ha dado 19 golpes de estado a lo largo de la historia del país, el último en 2006, ha recalcado que la decisión no está vinculada con un golpe militar. En un comunicado leído a través de la televisión pública, ha indicado que la ley marcial «ha sido impuesta para restaurar la paz y el orden a la gente de todos los bandos» y ha asegurado que «el público no tiene que entrar en pánico, sino vivir sus vidas con normalidad».

El jefe del Ejército tailandés, Prayuth Chan-Ocha, había declarado horas antes la ley marcial para garantizar «la paz y el orden» en las protestas callejeras en las que han muerto 28 personas desde finales del año pasado.

Poco después del anuncio, el Ejército ha solicitado a los manifestantes progubernamentales y antigubernamentales que permanezcan en sus lugares de protesta y que no celebren marchas.

«Los grupos deben dejar de desplazarse de un sitio a otro», ha recalcado Winthai Suvari. Por su parte, el ministro de Justicia, Chaikasem Nitisiri, ha asegurado que el Gobierno sigue al frente del país. «Es bueno que el Ejército se preocupe por la seguridad del país. Sin embargo, el Gobierno tiene aún poderes totales», ha indicado.

La ley marcial da al Ejército el poder de actuar en caso de guerra o revuelta; usar armas para hacer frente a un levantamiento; inspeccionar, confiscar y ocupar cualquier vehículo o instalación; censurar información; bloquear y controlar los servicios postales; y activar los tribunales militares para juzgar cualquier supuesto crimen que recaiga bajo la ley marcial.

Asimismo, permite movilizar a civiles para ayudar al Ejército; hacerse con recursos como vehículos o material logístico para apoyar sus operaciones; prohibir las reuniones públicas, publicaciones, comunicaciones, viajes, transporte y movimiento de la población; imponer toques de queda; destruir cualquier instalación para beneficiar una operación militar; detener sospechosos durante siete días; y no pagar compensaciones por los daños provocados por sus operaciones.