El conflicto islamista de Nigeria se ha cobrado más de 1.500 muertos en lo que va de año

«Más de 1.500 muertos en tres meses indican un alarmante deterioro de la situación. La comunidad internacional no puede continuar mirar hacia otro lado ante las ejecuciones extrajudiciales, los ataques contra civiles y otros crímenes de derecho internacional que se cometen a una escala masiva», asegura Netsanet Belay, director de Investigación y Promoción para África de la organización.

Entre las principales matanzas documentadas, la ocurrida el pasado 14 de marzo, cuando milicianos de Boko Haram atacaron un complejo militar en Maiduguri, en el Estado de Borno, liberando a varios presos. Posteriormente, una vez recuperado el control por el Ejército, cerca de 600 detenidos (en su mayoría desarmados) fueron ejecutados extrajudicialmente en varios lugares de Maiduguri.

El caso no es nuevo. Ya a finales de 2012 Amnistía Internacional denunciaba las «graves violaciones de derechos humanos» en la guerra contra la milicia islamista Boko Haram.

En el informe -«Nigeria: Trapped in the cycle of violence»-, la organización condenó entonces la detención arbitraría sin cargos de «cientos de personas acusadas de vínculos con Boko Haram», así como «las ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzosas» llevadas a cabo por las fuerzas armadas.

De igual modo, recordaba a las dos partes en conflicto que «hay un círculo vicioso de violencia actualmente en Nigeria» y «el pueblo nigeriano está atrapado en medio». Y los números, lo cierto, le otorgan la razón.

Desde su fundación hace apenas una década, Boko Haram -cuya traducción libre es «la educación occidental está prohibida» en dialecto hausa- se ha convertido en fiel reflejo del fallido experimento demográfico del país africano: más de 167 millones de personas repartidos casi a partes iguales entre cristianos, sur, y musulmanes, norte.

Como reconocía recientemente a ABC el imán Hussein Zakaria, uno de los principales líderes religiosos locales, «sin el apoyo de buena parte del Gobierno nigeriano, el desarrollo de Boko Haram habría sido imposible».

Para Zakaria, el séquito político alrededor de Kashim Shettima, gobernador de la región de Borno, resulta clave para entender este sostén: «Ya en enero de 2012, uno de los principales sospechosos de la masacre de Madalla (al menos 44 personas perdieron la vida en un ataque contra una iglesia cristiana el día de Navidad del año anterior) fue detenido en la propia residencia del gobernador. Solo unos días después, el reo escapaba del control policial. El apoyo de Borno es evidente », denuncia el líder religioso.

Sin embargo, no es la primera acusación que recae sobre las autoridades políticas de esta región. En 2011, el general Jeremiah Useni, presidente del Arewa Consultative Forum (una organización formada por líderes del norte del país), acusaba a Ali Modu Sheriff, exgobernador local, de ser la mano negra detrás del explosivo crecimiento de la milicia.

«En 2002, Boko Haram tan solo era una sociedad estudiantil. Sin embargo, durante su campaña electoral, Ali Modu Sheriff subvencionó y proporcionó armas al grupo para que se convirtieran en camorristas de su candidatura. Simplemente, se le fue de las manos», reconocía el general.