El Reino Unido marca tendencia en la restricción de la libre circulación en la UE

En noviembre, el primer ministro David Cameron anunció que las autoridades deportarían «a quienes mendiguen o duerman en la calle», aunque sean ciudadanos comunitarios (las estadísticas policiales indican que son sobre todo rumanos). «La libertad de movimiento dentro de Europa tiene que ser menos libre», proclamó el «premier» en un artículo en «Financial Times» . En diciembre, trascendía un documento de trabajo del ministerio de Interior que contempla la posibilidad de establecer un cupo anual de 75.000 inmigrantes comunitarios (el año pasado se instalaron 183.000), para combatir lo que califican de «acumulación de tensión social».

El gobierno británico, en la misma línea que el alemán, está determinado a llevar más lejos las restricciones a la libre circulación que, de hecho, contemplan los tratados. A diferencia del pasado, los europeos no podrán solicitar ayudas en los primeros tres meses tras su llegada. Y la percepción del subsidio de desempleo queda limitada a seis meses , salvo que los inmigrantes -incluidos los comunitarios- demuestren que tienen una «perspectiva de empleo». Desde este mes, los inmigrantes de la UE deben acreditar que ganan al menos 150 libras semanales (180 euros) para poder solicitar los subsidios sociales.

Este nuevo clima restrictivo tiene lugar, obviamente, en un momento de fuertes restricciones presupuestarias para los gobiernos. Pero son sobre todo los vientos del Este los que lo han acentuado tras el levantamiento el pasado uno de enero de las restricciones a la libre circulación de rumanos y búlgaros. Lo que el gobierno alemán califica como «inmigración de la pobreza», y a la que habría que sumar la adhesión de Croacia a la UE. El año pasado, el gobierno británico se planteó incluso lanzar una campaña de mala imagen en estos países, centrada en el mal tiempo en Gran Bretaña y otros elementos presuntamente disuasorios.

La Comisión Europea ha reaccionado con una ofensiva en Londres en los meses anteriores a las elecciones al Parlamento Europeo del próximo mayo. Acusan al gobierno Cameron de «distorsionar» el debate migratorio. «La verdad, y seguro que es una verdad "inconveniente" para algunos, es que la gran mayoría de las personas que se mueven de un país de la UE a otro lo hacen para trabajar, y no para solicitar ayudas», denunció el comisario húngaro de Empleo y Asuntos Sociales, László Andor, en un discurso en la universidad de Bristol el pasado mes de febrero.

Pero los sondeos son claros. En el contexto actual, el 77% de los británicos quiere reducir la inmigración, y un 56% defiende reducirla «mucho». Es el clima de opinión más negativo de los últimos años, según las series históricas del estudio British Social Attitudes. Así, dificultar la vida a los inmigrantes parece ser una carta ganadora electoralmente, especialmente ante el empuje de partidos xenófobos en varios países europeos, como el Partido de la Independencia (UKIP) en Gran Bretaña, que basa su creciente atractivo electoral en la exigencia de límites claros a la inmigración.

De hecho, las medidas anunciadas esta semana en Alemania forman parte del acuerdo de coalición entre el partido de Angela Merkel y los socialdemócratas, a petición de los socialcristianos bávaros de la CSU, la rama más conservadora de la coalición. Pero algunas voces señalan sus límites. El martes, el influyente diputado «tory» Mark Field acusó a su partido de estar «obsesionado» con la inmigración, y pidió reducir la presión para no enajenar totalmente a las minorías étnicas.

Suiza, país vecino que hasta ahora se había sumado a la libre circulación, ha rechado abrir su puertas a Croacia después de aprobar el establecimiento de cuotas por países en un referéndum en febrero. Pero su gobierno debe todavía articular los detalles de la medida, y navega para ello entre dos aguas. Mientras los críticos denuncian que la inmigración neta anual de 80.000 personas es excesiva para Suiza, numerosos sectores de la economía helvética, especialmente el financiero, recuerdan –como hace en Gran Bretaña el ministro liberal de Industria, Vince Cable, entre otros– la aportación insustituible del talento y mano de obra que aporta, a menudo, la inmigración.

Así, muchos países europeos, con Alemania y Reino Unido a la cabeza, se enfrentan al complejo cálculo de coste-beneficio que subyace a todo el debate migratorio en Europa. Un esfuerzo analítico que, a menudo, los gobiernos no quieren –o no pueden, según desde donde se mire el debate– permitirse ante realidades como la presión que soportan en estos momentos lugares como Ceuta y Melilla.