La UE contraataca y exige a Cameron no «distorsionar» el debate sobre inmigración

A partir de marzo habrá que ganar 150 libras por semana para pedir ayudasAcosado por el ala derecha de su partido y por la formación de Farage en el extremo, el primer ministro David Cameron ha optado por endurecer su discurso sobre inmigración y por restringir el acceso al sistema sanitario y a las prestaciones sociales. Tanto, que la Comisión Europea advirtió ayer al gobierno británico que sus planes de condicionar el acceso a la prestación por desempleo o las ayudas a la vivienda o por hijos a ganar una remuneración semanal mínima son «incompatibles con la legislación comunitaria».

Según anunció este miércoles el ministro de Asuntos Sociales, Iain Duncan Smith, en una nueva vuelta de tuerca, los inmigrantes provenientes de otros países de la UE tendrán que acreditar que ganan al menos 150 libras semanales (180 euros) para poder solicitar los subsidios sociales. La medida entrará en vigor el próximo 1 de marzo y, según la Comisión Europea, podría terminar directamente en los tribunales porque supone introducir un criterio de discriminación en una de las llamadas libertades fundamentales del Mercado Interior europeo.

«La jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo [de Luxemburgo] deja muy claro que los trabajadores a tiempo parcial, los becarios y las au-pairs pueden ser considerados como "trabajadores"», por lo que les son aplicables de igual forma los derechos sociales y laborales asociados a la libre circulación de trabajadores dentro del territorio comunitario, explicaba ayer un portavoz de la Comisión.

La inmigración se ha convertido en uno de los grandes temas de cara a las elecciones al Parlamento europeo del próximo mes de mayo. Y la sensibilidad ciudadana hacia el tema es una realidad en la Europa de la austeridad que los políticos no deben sortear. Según un sondeo publicado el mes pasado, el 77% de los británicos quiere reducir la inmigración, y un 56% defiende reducirla «mucho». Se trata, según los expertos, del clima de opinión más negativo de los últimos años, según las series históricas del estudio British Social Attitudes.

Pero desde Bruselas acusan al gobierno de conservadores y liberales que preside David Cameron de afrontar un debate necesario con tintes demasiado «emocionales y populistas», en palabras de Viviane Reding, vicepresidenta de la Comisión Europea. Esta luxemburguesa educada en la Sorbona ha liderado las huestes de alto nivel que Bruselas ha decidido enviar a tierras británicas para contrarrestar un discurso que, según creen, no hace más que alimentar el extremismo.

Reding recuerda a Londres que el 77% de los inmigrantes comunitarios en Reino Unido trabajan, «una proporción mayor que la población general y mucho mayor que los inmigrantes de países terceros». «Nunca puedes adelantar a los extremistas por los extremos, ya sea la extrema derecha o la extrema izquierda, una vez que comienzas a usar su mismo lenguaje, conviertes su discurso en aceptable», explicaba Reding al Financial Times en vísperas de su participación la semana pasada en un debate ciudadano sobre Europa en Londres.

De nuevo en Londres este lunes, Reding se atrevió a mentar la soga en casa del ahorcado. En un discurso en la Facultad de Derecho de la universidad de Cambridge, la comisaria se envolvió en las palabras de Winston Churchill en Zurich tras la Segunda Guerra Mundial para defender que el destino inevitable de los países que comparten el euro es convertirse en unos «Estados Unidos de Europa». «Como Winston Churchill, creo que el Reino Unido no formará parte de eso, pero debería seguir siendo un estrecho aliado de una Eurozona federada, con la que seguiría teniendo un mercado común, una política comercial común y, espero, una agenda de seguridad común», afirmó Reding [puedes leer aquí su discurso íntegro].

El mismísimo ministerio de Exteriores británico, que se prepara para negociar la repatriación de competencias cedidas a Bruselas, descalificó a Reding como una «contumaz federalista». Demasiado europeísmo, en efecto, en un país donde al único partido claramente europeísta, los liberales, los sondeos les dan el 9% de los votos. Pero más que Reding, el blanco preferido de los euroescépticos es el comisario húngaro de Empleo y Asuntos Sociales, László Andor, quien en un discurso la semana pasada en la universidad de Bristol recitó lo que califica de «verdad inconveniente» a su audiencia inglesa.

«La verdad, y seguro que es una verdad "inconveniente" para algunos, es que la gran mayoría de las personas que se mueven de un país de la UE a otro lo hacen para trabajar, y no para solicitar ayudas; estos trabajadores aportan de hecho un beneficio considerable a las economías, y a los sistemas de bienestar, de los países receptores», dijo Andor [puedes leer aquí su discurso]. Cuando este antiguo estudiante de la universidad de Manchester denunció en noviembre que las tesis anti-inmigración en Gran Bretaña alimentaban la «histeria» en todo el continente, el conservador « Daily Mail » tituló: «Furia después de que un eurócrata húngaro califique al Reino Unido de "obsceno"».

En esta reciente entrevista en « The Guardian» , Andor denuncia que el discurso del gobierno británico sobre el supuesto abuso de los servicios sociales británicos por parte de la inmigración comunitaria es pura «pose», basada en «mitos». Pero, en el caso de la política migratoria, Cameron no elige su vestuario libremente. Su gobierno ha adoptado medidas restrictivas que han tensado las costuras de la libre circulación de personas en la UE, considerada como una de las grandes conquistas de la ciudadanía europea.

Por ejemplo, cobrará a los extranjeros por ciertos servicios en la sanidad pública y ha aprobado leyes que exigen mayores niveles de inglés y al menos seis meses de residencia en el país para poder solicitar el subsidio de desempleo. Pero estas medidas no parecen ser suficientes para ciertos sectores conservadores que consideran que, si los sondeos asignan al menos un 20% del voto al Partido de la Independencia (UKIP) de Farage por un 25% de intención de voto a los "tories", es por su claridad ante la inmigración .

«Tenemos una preocupación real con los niveles de inmigración de la UE», dice un «tory»Así, tras la aprobación de uno de estos paquetes legislativos el pasado enero, el diputado conservador Nigel Mills insistió en que «debemos dejar muy claro que tenemos una preocupación real con los niveles de inmigración desde la UE y que debe empezar a hacerse algo». A este sector de su partido no le gustó que Cameron reconociera en enero que los niveles de inmigración de rumanos y búlgaros, que desde comienzos de este año pueden instalarse sin restricciones en Reino Unido, se sitúa en «niveles razonables».

Pero lo más llamativo es que, a la vez que hizo esa concesión al realismo de los datos frente a las «emociones» del debate, Cameron confesó que, en realidad, no se basaba en estadísticas porque no había consultado datos recientes. Es la gran paradoja del debate migratorio: su alta conexión con los miedos psicológicos de la población europea y su total desconexión con las estadísticas sobre el fenómeno.

De hecho, si hay una «invasión» que debiera preocupar a las autoridades británicas sería la de los españoles , teniendo en cuenta que en 2013 hubo un 42% más de trabajadores españoles dados de alta en la Seguridad Social británica que el año anterior, por un incremento de solo el 3% de rumanos y búlgaros. La gran mayoría de los 183.000 comunitarios que se instalaron en Reino Unido en el último año provienen del Sur, y no del Este de Europa, con un incremento del 52% del número de altas de italianos en la Seguridad Social (39.400 en 2013), un 45% más de portugueses (28.000) y un 31% más de griegos (9.000) que en el año anterior.

Según los más recientes de la Comisión Europea, el Reino Unido tenía en 2012 un 7,6% de población extranjera: el 3,7% serían ciudadanos de otros países de la UE y el 3,9% de fuera de la UE. En el caso de España, el porcentaje de población extranjera ascendía al 12%, de los que 2,3 millones (el 5,1% del total) eran comunitarios -incluidos casi un millón de británicos- y el 6,9% de países terceros [puedes ver la tabla aquí ]. ¿Por tanto, cuántas personas conforman la invasión europea de las islas británicas? Según datos recientes comunicados por el propio gobierno británico al parlamento, hay unos 2,34 millones de ciudadanos de la UE en Reino Unido. Pero el hallazgo estadístico es que, al mismo tiempo, unos 2,2 millones de británicos en otros países de la UE.

Estos se benefician en la UE de las libertades comunitarias tan vilipendiadas en casa. Unos 400.000 son pensionistas. De esos 2,2 millones, casi un millón reside en España. ¿Existe el llamado turismo asistencial, formado por inmigrantes comunitarios en búsqueda de subsidios? Aunque ni siquiera el gobierno británico se atreve a cuantificarlo más allá de la retórica, las autoridades europeas no niegan su existencia. Pero desdramatrizan la escala. Como explicaba el comisario Andor en Bristol, la UE autoriza a los Estados miembros a exigir garantías a los comunitarios no activos, como estudiantes o pensionistas, que demuestren que no serán una carga financiera para el país de acogida.

«Los cientos de miles de británicos que se jubilan bajo el sol en España deben demostrar a las autoridades británicas que sus pensiones son suficientes para que no sean una carga financiera para España», dijo. La conclusión es clara. En términos estratégicos se llama riesgo de represalia. «El discurso del miedo antieuropeo que agitan el UKIP y sus compañeros de viaje conservadores no solo daña a la inversión y a la sociedad británica, si sigue así, podría envenenar el ambiente para los dos millones de compatriotas que viven en el resto de Europa», destacó al trascender esos datos Lord Oakeshott al « Financial Times ».

Según la Comisión Europea, casi dos tercios de los extranjeros que viven en la UE son ciudadanos de países terceros. Y, en realidad, la sacrosanta libre circulación de trabajadores es un derecho al que se acoge un porcentaje de europeos muy pequeño: en 2012, solo el 2,7% de los ciudadanos de los 27 Estados miembros de la UE vivía en otro país comunitario. Debido a las barreras lingüísticas y a las diferencias culturales, la UE tiene unos niveles de movilidad mucho menores que Estados Unidos o Australia.

En 2011-2012 la tasa de movilidad anual fue del 0,2% de la población europea, frente al 2,7% de estadounidenses que cambiaron de lugar de residencia en aquel año. Sin embargo, aunque estadísticamente poco reseñable, el derecho a vivir y trabajar en cualquier país de la unión forma parte del núcleo simbólico del proyecto europeo.

Un proceso de integración que, aunque admite distintos ritmos y niveles en aspectos clave como la moneda (zona euro) o el control de fronteras (zona Schengen), para Bruselas -y para una mayoría de países miembros- no constituye un «self-service». Sin embargo, eso es precisamente lo que pretende obtener Cameron: una Europa a la carta con la que compartir mercados y comercio internacional pero a la que se arrancan competencias en muchas otras materias.

Para el partido conservador británico, un menú europeo lo más ligero posible es cuestión de vida o muerte tras el compromiso anunciado por Cameron de convocar un referéndum para seguir o salirse de la UE antes de 2017. Lo hará si gana las elecciones previstas en mayo de 2015. Y los conservadores solo podrán presentarse desde una posición de fortaleza si de aquí a 2017 logran negociar con sus socios comunitarios una repatriación de poderes en materia policial, de Justicia o de Pesca, entre otras.

Pero en Bruselas saben lo que está en juego en Londres. Por eso, la Comisión, guardiana de los tratados, ha desplazado a sus primeras espadas a suelo británico. Con el propio presidente, Jose Manuel Durao Barroso, a la cabeza. El viernes pasado, el político portugués, que perderá su puesto tras las europeas de mayo, marcó sus líneas rojas atacando de cara la «histeria» migratoria en un discurso en Londres: «No podemos tener un mercado único sin libre circulación de ciudadanos europeos, un mercado interior necesita todas estas libertades», dijo, en referencia a la libre circulación de personas, trabajadores y capitales dentro del territorio de la unión.