El escándalo de las escuchas pone en entredicho el futuro político de Sarkozy

Se trata de un hecho excepcional: un expresidente y dos de sus ministros del Interior, Claude Guéant y Brice Hortefeux, han sido espiados telefónicamente por orden judicial. La legislación francesa permite a un juez «pinchar» el teléfono de un sospechoso para intentar esclarecer posibles graves delitos.

Según el vespertino «Le Monde» , los teléfonos personales de Sarkozy han estado «pinchados» desde el 19 de abril de 2013, como mínimo, incluso puede que desde mucho tiempo antes. A partir de esa fecha, todas las conversaciones telefónicas personales de Sarkozy fueron grabadas por la policía judicial. Los jueces ordenaron espiar al expresidente para intentar aclarar si Sarkozy había o no había recibido dinero negro de Liliane de Bettencourt , la anciana millonaria de quien se ha sospechado que pudo financiar ilegalmente parte de la campaña presidencial de 2007.

Tras escuchar numerosas conversaciones íntimas de Sarkozy, jueces y policías llegaron a la conclusión de que el expresidente comenzaba a hablar con mayor discreción, como si sospechara que podía estar siendo espiado.

Hechas las averiguaciones policiales pertinentes, se descubrió que alguien había advertido a Sarkozy de las escuchas. Tras lo que este comenzó a utilizar un nuevo teléfono, adquirido con nombre falso. «Pinchado» este segundo teléfono privado, jueces y policías creyeron descubrir el nombre de un magistrado que llevaba varios años informando a Sarkozy de las indagaciones policiales y judiciales que se sucedían contra él.

Los jueces ordenaron entonces el registro de los despachos de dos abogados de Sarkozy. Uno de ellos, Thierry Herzog, declaró: «En su día demostraré que todo ha sido un montaje político contra mi cliente».

Izquierda y derecha anuncian el estallido de un «escándalo de Estado». La izquierda socialista denuncia un delito de «tráfico de influencias» entre Sarkozy y uno o dos magistrados que llevan años filtrándole informaciones jurídicas sensibles. La derecha denuncia un «complot político» contra Sarkozy.

¿Cuál es el alcance político de las conversaciones íntimas entre Sarkozy y sus abogados, grabadas por la policía por orden judicial? Se trata de conversaciones relacionadas con otros escándalos en curso de instrucción: escándalo Bernard Tapie (tráfico de influencias), escándalo Karachi (comisiones ilegales), escándalo Bettencourt (financiación ilegal una campaña electoral). Cada uno de esos escándalos tiene una bizantina historia propia, que no podían ignorar los dos ministros del Interior espiados judicialmente, Claude Guéant y Brice Hortefeux.

Guéant era secretario general del Elíseo cuando se sospechó que Sarkozy y el empresario Bernard Tapie pudieron negociar una «salida honorable» al contencioso que enfrentaba a Tapie con el Estado desde hacía una década. Guéant está él mismo envuelto en otro oscuro escándalo relacionado con los fondos reservados del ministerio de Interior. Se sospecha que pudo utilizar los fondos del Estado con fines puramente personales. Hortefeux es un amigo íntimo de Sarkozy desde hace medio siglo. Ha formado parte de la guardia pretoriana del expresidente desde que Sarkozy llegó al Elíseo en 2007. No podía ignorar la oscura financiación de aquella campaña triunfal.

Esta tela de araña de escándalos de incierta solución judicial no condenan de oficio a Sarkozy. Todos los miembros de su actual guardia pretoriana afirman que el expresidente es víctima de una «encarnizada caza del hombre», orquestada por sus numerosos enemigos políticos, en el Gobierno de François Hollande y en su propio partido, la Unión por un Movimiento Popular (UMP) , donde hay varios aspirantes a sustituirlo como líder carismático de la derecha francesa. Nadie olvida que los calendarios judiciales y políticos pueden cruzarse de manera peligrosa para un hombre que no ha dejado de soñar con la reconquista del Elíseo, a paso de carga.

Ninguno de los escándalos que afectan directa o indirectamente a Sarkozy tiene una solución clara y rápida. Todos siguen un proceloso procedimiento, sujeto a una doble incertidumbre: las filtraciones interesadas y la sentencia final. Aunque, a muy corto plazo, el escándalo de las escuchas telefónicas judiciales es el más imprevisible.

Varios jueces tienen en su poder las grabaciones oficiales de muchas horas de conversaciones íntimas, relacionadas con otros escándalos y con la marcha de los negocios públicos. Se trata de un material político inflamable. Cada filtración interesada podría funcionar como una bomba de relojería política. Sin olvidar el riesgo de un proceso largo y complicado, si los jueces decidiesen procesar a Sarkozy por el presunto delito de tráfico de influencias en favor de algunos magistrados.

Todavía quedan tres años antes de las elecciones presidenciales de 2017. Cuarenta o cincuenta meses pueden salvar o enterrar una vida política. Las batallas judiciales, sin embargo, son largas, costosas, duras e implacables. Cuestan mucho dinero, pero un expresidente y una esposa modelo pueden afrontar esos y otros gastos. Requieren una energía física y psicológica que solo tienen las grandes bestias políticas. Sarkozy quizá pertenezca a esa especie. A él y Carla Bruni les espera una larga y cruel batalla.