Libia cumple tres años de revolución bajo la inseguridad y la crisis política y económica

En los últimos meses, en este vasto país norteafricano, parecen acumularse los sobresaltos.

El 10 de noviembre, el primer ministro Ali Zidán fue secuestrado durante varias horas por un grupo armado, dejando una vez más al descubierto el déficit de seguridad que sufre el país.

En enero, el Ejército fue puesto en estado de máxima alerta tras el estallido de unos intensos enfrentamientos en la ciudad meridional de Sebha, en los que cerca de cien personas perdieron la vida.

El último sobresalto político se registró el 14 de febrero, cuando las autoridades ordenaron la detención del general retirado, Jalifa Hafter, por planear supuestamente un golpe de Estado.

Hafter, antiguo dirigente militar de la revolución había instado en un vídeo difundido por internet a poner en marcha una nueva hoja de ruta para dirigir la transición prescindiendo de las actuales instituciones políticas.

Su llamada, en la que al parecer también están implicados varios oficiales en activo del Ejército, se producía en un momento de gran tensión, debido a la decisión del Congreso Nacional (Parlamento) de prolongar su mandato, que debería haber concluido el 7 de febrero.

Los diputados libios acordaron a principios de mes una nueva hoja de ruta con el compromiso de concluir la Constitución antes de agosto y celebrar elecciones a finales de año.

Sin embargo, conscientes de las posibilidades de que la nueva agenda no pueda salir adelante, decidieron dar luz verde a la redacción de una Constitución transitoria alternativa, así como a la posibilidad de celebrar elecciones anticipadas el próximo septiembre y de prolongar el periodo transitorio otros 18 meses.

Unas medidas que han rechazado numerosas personalidades y fuerzas políticas como el principal partido libio, Alianza Fuerza Nacional, que acusó a los diputados de haber tomado dicha decisión sin el consenso de todos los grupos políticos.

Para Nayem, que también dirige el canal de televisión libio «Bengasi», el problema actual reside en que después de que se hubiera logrado el principal objetivo de la revolución: «acabar con más de cuarenta años de dictadura», entraron en juego «diferentes intereses ideológicos, territoriales, tribales y personalistas (...) antes de que el pueblo lograra imponer sus condiciones».

Libia se convirtió en «una trinchera en la que cada grupo se protegió con las armas que tenía a su alcance, ya fueran la información, la tribu, la región o la ideología», agregó Nayem.

En este contexto de desencuentros políticos, numerosas voces piden también la renuncia del primer ministro, como el partido islamista Justicia y Construcción quien, el pasado enero, tras apoyar sin éxito una moción para forzar la dimisión de Zidán, decidió retirar a los cinco ministros que su partido mantenía en el Gobierno.

Unos y otros achacan a Zidán su incapacidad de estabilizar el país, de poner fin a la proliferación de armas, de integrar a las milicias en los cuerpos de seguridad del Estado y de crear una Policía y un Ejército incapaces de evitar o sofocar los continuos estallidos de violencia en el país.

Además, otras instituciones como las que imparten justicia se han visto superadas por la situación incapaces de llevar a cabo investigaciones apropiadas ante la ola de asesinatos que ha golpeado el país, especialmente la ciudad oriental de Bengasi, o de agrupar bajo su control el gran número de centros de detención administrados por distintas milicias.

A todo esto se sumó la drástica caída de la producción petrolera, principal riqueza del país y elemento clave para garantizar su estabilidad a medio y largo plazo.

El pasado verano, los principales puertos petroleros libios, situados en el golfo de Sirte, fueron bloqueados por los guardias de seguridad encargados de su vigilancia, que exigen reformas políticas tanto para garantizar un mejor reparto de las riquezas como para avanzar hacia una Libia federal.

La producción cayó hasta los 390.000 barriles diarios, muy por debajo de su capacidad actual, situada en 1.400.000 barriles, lo que ha mermando ostensiblemente la capacidad de las autoridades de acometer la reconstrucción del país.