Casi cuatro millones de sursudaneses requieren ayuda humanitaria urgente

De igual modo, atendiendo a cifras de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), los desplazados internos son ya 740.000, mientras que otros 123.400 han huido a países vecinos. Sobre todo, después de que la firma del acuerdo no haya sido respetada por ninguna de las fuerzas en conflicto, con disturbios en la región de Upper Nile, así como en el condado de Koch, en Unity State, según confirmó el portavoz rebelde Lul Ruai Koang.

El pasado día 23, las fuerzas leales al presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir (de etnia dinka), y el depuesto vicepresidente Riek Machar (nuer) alcanzaron un acuerdo de alto el fuego cuyas conversaciones están previstas se reanuden el próximo viernes. Sin embargo, el Gobierno de Juba ya mostró entonces su escepticismo sobre si las tropas rebeldes podrán controlar a sus heterogéneas milicias.

El enfrentamiento tiene su origen en las acusaciones de Kiir sobre su histórico rival político Machar (a quien despidió en julio), de planear la toma del poder por la fuerza, lo que degeneró en un conflicto inter-étnico en ciertas regiones del país.

Aunque las fuerzas del poder, la corrupción y el dinero parecen ser más capitales que la etnia.

Ya en julio, Machar había denunciado que el Gobierno local estaba iniciando un preocupante camino «hacia la dictadura», después de que fuera despedido todo el gabinete ministerial, incluido él mismo.

Quizá por ello, desde la firma del alto el fuego, el único gesto político del presidente Kiir con respecto a las fuerzas «insurgentes» ha sido la liberación de once presos políticos, a quienes se acusa de ser los instigadores del golpe de Estado.

No obstante, cuatro de los principales acusados -Majak D'Agoot, Pagan Amum (histórico secretario general del Movimiento Popular de Liberación de Sudán), Ezekiel Lol Gatkuoth y Oyai Deng Ajak- continúan detenidos.