Críticas a los planes «tories» de implantar un cupo anual de 75.000 inmigrantes de la UE
Sus socios liberales lo califican de «ilegal», la Comisión Europea advierte contra reacciones «xenófobas» y el arzobispo católico británico condenan por «inhumanas» ciertas medidas restrictivas
La mera filtración de la propuesta, contemplada por el ministerio del Interior británico, de establecer un cupo anual de admisión de inmigrantes comunitarios de 75.000 ha desencadenado un aluvión de críticas antes de ser incluida en un documento oficial. Según adelantaba «The Sunday Times» el domingo, el departamento que dirige la conservadora Theresa May estaría considerando entre las medidas para reducir la llegada de inmigrantes al Reino Unido introducir severas restricciones al movimiento de ciudadanos de otros países de la UE .
El documento filtrado forma parte de la revisión de competencias cedidas a la UEUna política contraria a los tratados comunitarios, según denuncian varias voces dentro y fuera del Ejecutivo que lidera David Cameron. En el análisis del ministerio de Interior, elaborado en el marco del ejercicio de revisión de las competencias cedidas por Gran Bretaña a la UE, el equipo de May considera que la política de «fronteras abiertas» de la UE ha perjudicado a los trabajadores británicos menos cualificados y ha tenido un «impacto negativo» en los servicios públicos.
Y proponen una serie de medidas para darle la vuelta a la situación, como exigir un contrato de trabajo en firme a cualquier ciudadano comunitario que quiera instalarse en Reino Unido, además de un cupo anual estimado en 75.000 personas de la UE. Para los trabajadores europeos poco cualificados, la contratación se limitaría a una lista cerrada de trabajos específicos, poco demandados por los británicos. Sin embargo, el dueño de Domino's Pizza exigía al gobierno la semana pasada relajar su política migratoria ante sus dificultades para contratar personal. «Los británicos no quieren trabajar en pizzerías», dijo.
Además, Interior –según el documento al que ha accedido «The Sunday Times»– baraja también que la entrada de ciudadanos de nuevos Estados miembros de la UE esté cerrada hasta que esos países alcancen el 75% del PIB británico, cuando se trate de países más pobres. Un condicionante de renta al que se refería el propio Cameron el fin de semana , indicativo de que las ideas circuladas ahora van ganando terreno de cara al programa electoral «tory» para las elecciones de 2015. «Cuando otros países se unan a la UE deberíamos insistir en transiciones más largas y quizás incluso decirles que no pueden disfrutar de la libre circulación de personas hasta que alcancen una parte significativa del PIB medio de la UE», dijo el «premier» el viernes pasado.
«La City se pararía», dice Clegg
«Si erigimos barreras ahora y decimos a los abogados alemanes, los ingenieros finlandeses o a los contables holandeses que no pueden venir a trabajar sería un desastre para la economía, y la City se pararía de la noche a la mañana», criticaba este lunes Nick Clegg, el viceprimer ministro liberal británico. Clegg, cuyo partido es el más europeísta del arco parlamentario británico, recordó con duras palabras a la ministra de Interior que una propuesta así es «ilegal e irrealizable» dentro de los tratados europeos vigentes.
Desde la Comisión Europea, el titular de Empleo, el húngaro László Andor, exigía el fin de semana a los líderes europeos –en clara referencia clara al endurecimiento del discurso migratorio de Cameron– que «eviten legitimar reacciones xenófobas que debilitan el espíritu europeo». Las propuestas que baraja Interior se suman a las restricciones a las ayudas por desempleo y vivienda y acceso al sistema sanitario ya anunciadas por Cameron en marzo para los inmigrantes comunitarios, dentro de su ofensiva en este campo.
Según un sondeo interno de los conservadores, el 64% de los británicos cree que los inmigrantes «reciben más de lo que les corresponde del Estado del bienestar» . Los estudios de opinión indican que es el rechazo a la inmigración, más que la aversíon a Europa, lo que está impulsando el ascenso electoral del Partido de la Independencia (UKIP) por la derecha del Partido Conservador.
En mayo, el discurso de la Reina en el que anuncia las prioridades legislativas del Ejecutivo incluyó nuevas medidas restrictivas, incluida una controvertida obligación a los caseros de verificar el estatus migratorio de sus inquilinos, y una posible multa de miles de libras a quienes alberguen a extranjeros irregulares. El nerviosismo ha cundido en las filas conservadores ante el levantamiento el próximo 1 de enero de las restricciones a la libre entrada de rumanos y búlgaros en Gran Bretaña.
«Acumulación de tensión social»
«Hay una preocupación creciente en la ciudadanía por el abuso de la libertad de movimiento en la UE», defendía ayer Theresa May. Algunos analistas destacan que la filtración de las propuestas de endurecimiento de la política migratoria formaría parte de la campaña de la propia May por erigirse en líder del sector más duro de los «tories». Según el ministerio que dirige May, la llegada de comunitarios habría generado una «acumulación de tensión social» en ciertas áreas, según el documento preparado por el departamento de Interior.
Este no ha sido publicado oficialmente aún por las divisiones políticas que genera dentro y fuera del gabinete. «No propongo introducir un cupo ahora», aclaraba May el lunes en la BBC. Pero hay una «posibilidad de reforma en el futuro», aclaró. La Comisión Europea y el gobierno británico han entablado una guerra de cifras sobre el coste para la Seguridad Social de los inmigrantes comunitarios, excesivo para Londres, inexistente según Bruselas.
En cualquier caso, cuando el gobierno Cameron dice comunitarios, a menudo piensan en búlgaros y, sobre todo, en rumanos. De 292 personas detenidas en el barrio de Westminster por mendicidad en 2012, 207 eran rumanas, destacan desde Interior. Pero los datos no corroboran el riesgo de invasión. Según las últimas cifras oficiales, la inmigración neta al Reino Unido había subido hasta las 182.000 personas en septiembre, 15.000 más que el año pasado. Las cifras han frenado el objetivo de los conservadores de reducir la inmigración neta a 100.000 personas durante la legislatura.
La presencia de búlgaros y rumanos no creció más que un 3%. Hay 28.000 trabajadores de estos dos países inscritos en la Seguridad Social británica, según « The Guardian », pero no existe un consenso sobre cuántos de sus conciudadanos podrán mudarse a Gran Bretaña cuando se levante el 1 de enero el periodo transitorio negociado por Reino Unido (y por casi todos los Estados miembros) en el momento de la adhesión de Bucarest y Sofía a la UE en 2004.
La llegada de españoles a Reino Unido ha crecido un 40% en el último añoSin embargo, el incremento se debe sobre todo a la llegada de europeos del Sur . La inmigración de españoles creció un 40% con respecto a 2012, con 49.800 llegados en el último año. La de italianos creció un 52% con 39.400 incorporados, la de portugueses un 45% (28.300 personas), y la llegada de trabajadores griegos subió un 31% (9.100 personas), según las cifras oficiales del gobierno.
Condena del líder de los católicos británicos
La necesidad de anclar el partido en el electorado más conservador ejerce una fuerte presión en Cameron, que ha encontrado apoyo en países como Austria y Holanda para revisar el alcance de los subsidios sociales a los que da derecho la libre circulación comunitaria. En el caso de los inmigrantes de países terceros, el gobierno se encontró ayer enfrente al líder de los católicos británicos, el arzobispo de Westminster Vincent Nichols, que criticaba en un artículo en «The Guardian» el intento de imponer restricciones «inhumanas» a la inmigración.
En concreto, Nichols, que tiene a muchos fieles provenientes de países como Filipinas o América Latina en sus parroquias, denuncia la imposibilidad de que se reagrupe un matrimonio cuando el cónyuge de un británico sea ciudadano de un país tercero, a no ser que puedan acreditar unos ingresos anuales de al menos 18.600 libras (22.000 euros), una cifra muy superior a los 15.000 euros del salario mínimo.
«Cualquier persona preocupada realmente por el rol de la familia como pieza central de la sociedad, y realista sobre la movilidad de la sociedad británica hoy día, debe ser consciente de la locura de esta política y de la afronta que supone al estatus de ciudadanía británica», defiende Nichols en una poco usual intervención en un debate político. «La vida familiar no debe establecerse aquí a expensas del contribuyente», defienden desde el ministerio de Exteriores.
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