«Los británicos no quieren trabajar en pizzerías»

« Ya no sabemos qué más debemos hacer para encontrar trabajadores. Desde el endurecimiento de la ley de inmigración hace dos o tres años, cada vez nos es más difícil encontrar gente. Podríamos contratar a más de 1.000 empleados mañana en Reino Unido, si tuviéramos candidatos para ello».

En concreto, se trata de puestos de cocineros y repartidores de moto que los británicos no quieren cubrir. Esta situación se reproduce en general en todo el sector servicios donde existe una gran demanda de empleo, que queda descubierta, según Batchelor, quien abandonará el mando de la compañía el próximo mes de abril. «Todas nuestras sucursales en Londres están operando a la mitad de su capacidad debido a este problema , si lográsemos ampliar la plantilla podríamos gastar más dinero en marketing y esto ayudaría a impulsar la economía», prosigue Batchelor.

Las controvertidas declaraciones han enfurecido al equipo de gobierno de David Cameron que busca obcecadamente medidas para disuadir a potenciales inmigrantes, especialmente ante el inminente levantamiento de las restricciones de la Unión Europea el próximo mes de enero para que rumanos y búlgaros puedan integrarse libremente en el mercado laboral de cualquiera de los países miembros.

El ministro de Inmigración, Mark Harper, en seguida ha acusado a Batchelor de querer abrir las puertas a inmigrantes poco cualificados, para así poder aprovecharse de la mano de obra barata y mantener unos salarios precarios.

«Me parece que si tiene empleos disponibles, que no se pueden cubrir, quizá debería simplemente reflexionar sobre el salario que está ofreciendo . Probablemente si pagara a su personal un poco más, podría encontrar empleados más fácilmente. Esto es un mercado», le espetó Harper.

Domino’s cuenta con unos 25.000 empleados actualmente en todo Reino Unido y sólo en Londres dispone de una plantilla de más de 3.300 personas en 109 establecimientos. Cada año, la cadena abre una media de 45 locales, que suponen la creación de 2.500 puestos.

El presidente de , Sir Stuart Rose, ya afirmó hace unos días que los británicos deberían dejar de quejarse de los inmigrantes y dedicar más tiempo a buscar trabajo. «No podemos culpar a los ciudadanos búlgaros o rumanos por venir a nuestro país a cubrir puestos de trabajos que los británicos no quieren. Menos quejarse y más salir a la calle en busca de empleo”.

Mientras tanto, Cameron continúa anunciando duras medidas para frenar la llegada masiva de inmigrantes y advertirles de que no vengan con la intención de abusar de la generosidad del estado. Los inmigrantes recién llegados no recibirán subsidios nada más aterrizar, como sucedía hasta ahora, y tendrán que esperar al tercer mes para empezar a percibir las ayudas por desempleo, que se limitarán a medio año si no se demuestra que realmente existe la posibilidad de integrarse en el mercado laboral. Tampoco podrán acceder a las prestaciones para sufragar la renta de la vivienda.

«El Gobierno no va a facilitar la entrada de personal poco cualificado para que Harper pueda mantener bajos sus salarios. Él dirige un mercado rentable y debe pagar lo que exige la demanda», concluyó Harper.

El Partido de la Independencia, UKIP, que recientemente ha experimentado un inusitado auge gracias a su diatriba contra la inmigración, también ha entrado en la batalla recalcando la necesidad de cubrir los puestos de empleo con mano de obra nacional. « No necesitamos inmigrantes para hacer este trabajo . Con un millón de jóvenes desempleados aquí, deberíamos obligarles a trabajar por muy bajos que crean que son los puestos que se le ofrecen», declaró, Janice Atkinson, del UKIP.

El espectacular respaldo que ha obtenido este partido antieuropeo y antiinmigración entronca directamente con el endurecimiento de los tories , que buscan más que nunca la conexión con el ala más conservadora de sus votantes.

En esa misma línea de poner coto a la inmigración, la ministra de Interior británica, Theresa May, también anunció una modificación de la legislación en materia de Extranjería que obligará a los propietarios que quieran vender o alquilar su casa a un foráneo a someterle a un interrogatorio sobre su situación legal en el país.