La izquierda amarga en México el primer aniversario del presidente Peña Nieto

El Pacto dio pronto sus primeros frutos con una nueva Ley de Telecomunicaciones y la reforma educativa, que vino acompañada de la detención de la poderosa líder del sindicato magisterial, Elba Esther Gordillo, acusada de malversación de fondos. Sin embargo, la Ley aún carece de una legislación secundaria que la desarrolle y ponga en marcha, mientras que la reforma de la educación ha generado el levantamiento de un grupo de maestros -minoritario- que desde el verano siembra el caos en la capital mexicana.

Las propias calles de la Ciudad de México fueron ayer escenario de movilizaciones en contra de la reforma energética, que debe abrir la petrolera estatal Pemex a la inversión privada y extranjera. Pertrechada de nacionalismo, la izquierda que encabeza Andrés Manuel López Obrador se opone abiertamente a una medida que requiere de reformas constitucionales y que constituye, a su juicio, una traición a uno de los principios patrióticos casi tan asentados en México como el culto a la Virgen de Guadalupe: la titularidad pública del petróleo. Al dos veces derrotado candidato se han unido sectores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y una figura tan emblemática como Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del general Cárdenas, quien nacionalizara el sector hace casi ochenta años.

El oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN, conservador, que gobernó el país los dos anteriores sexenios) habrían hecho intercambio de «cromos» a cuenta de la reforma energética y política. La primera será, probablemente, aún más profunda de lo que proponía el Gobierno y se avendrá a las propuestas panistas. A cambio, la reforma política no contemplará la reelección de cargos públicos (al menos, el de presidente), otro de los «tótem» sagrados de la política mexicana. El PRD, relegado al papel de convidado de piedra, se ha visto empujado a abandonar el Pacto por México antes de que se cumpla un año de su firma.

En realidad, el Pacto ya demostró su fragilidad cuando Peña Nieto puso en marcha la Cruzada contra el Hambre y pronto se comprobó que sus recursos eran utilizados con fines partidistas en algunas regiones.

Peña Nieto llegó a la presidencia con la firme voluntad de poner fin a la violencia que había dejado 70.000 muertos durante el mandato de Felipe Calderón, y su primera medida en este sentido fue promulgar una ley de víctimas. Un año después, y pese a que las cifras facilitadas por el Gobierno parecerían esperanzadoras, el crimen organizado sigue campando a sus anchas en muchas partes del territorio y, según denunciaba Human Rights Watch días atrás, la actual política en materia de seguridad apenas puede diferenciarse de la que se aplicaba en la anterior administración.

El principal «foco rojo» se localiza en el estado de Michoacán, precisamente la región donde Felipe Calderón puso en marcha, hace siete años, su «guerra contra el narcotráfico». Hoy, Michoacán es casi un «Estado fallido», un polvorín donde se enfrentan distintos cárteles y comunidades.

Tampoco la economía ha sido la asignatura donde más ha brillado el Ejecutivo. La previsión de crecer entre un 5 y un 6 del PIB cada año aún está lejos, especialmente después de que el crecimiento para este año haya tenido que ser revisado varias veces a la baja para dejarlo, por último, en el 1,3%. Tampoco se alcanzará el objetivo de inflación del 3%, sino que se espera que ésta se mueva sobre el 3,5%. Durante 2013 se han creado casi 600.000 empleos formales, lejos de la meta planteada a comienzo de año, que era de un millón.