Indignación en Francia por la deportación de una alumna gitana detenida en una excursión escolar
El arresto y expulsión a Kosovo de la estudiante de 15 años y su familia reabre grietas en el Partido Socialista de Hollande
El arresto y expulsión de Francia de la estudiante kosovar de 15 años Leonarda Dibrani y de su familia residente en Levier ha levantado una oleada de críticas en el país, incluso entre las filas socialistas del presidente François Hollande, que censuran el trato que se está dando a la minoría gitana.
La Red de Educación sin Fronteras (RESF) destapaba el lunes el caso de la alumna del colegio André Malraux de Pontarlier, que fue detenida el 9 de octubre por la policía de fronteras (PAF) en el autocar escolar que la llevaba de excursión junto a sus compañeros de tercero de secundaria a la fábrica de Peugeot en Sochaux. Horas después Leonarda, sus padres y sus cinco hermanos incluida la bebé Medina nacida en Francia, eran deportados a Kosovo.
Según el testimonio de una profesora que viajaba en el autobús, el alcalde de Levier telefoneó a los maestros para pedirles que detuvieran el vehículo: «Le dije que no me podía pedir algo así porqeu lo encontraba totalmente inhumano», relató. El autobús se detuvo finalmente en un aparcamiento y los policías fueron a buscar a la joven, a la vista de sus compañeros. Los profesores del colegio y del instituto donde estaban escolarizadas Leonarda y una de sus hermanas han declarado estar «profundamente impactados por los métodos utilizados para reenviar a unos niños de minoría gitana a un país que desconocen y en el que ni siquiera hablan su lengua».
A los Dibrani les faltaban dos meses para cumplir cinco años de residencia en Francia, lo que les habría permitido regularizar su situación . Según la prefectura, la familia entró irregularmente en Francia en 2009 y su demanda de asilo fue rechazada en diversas ocasiones hasta que en septiembre de 2011 se dictó la obligación de abandonar el país, confirmada por un tribunal administrativo en 2012 y por la corte de apelación de Nancy el 21 de febrero de 2013.
El ministro del Interior Manuel Valls se ha defendido asegurando que el Gobierno aplica «con firmeza las órdenes de expulsión al tiempo que garantiza los derechos de los extranjeros que son deportados» aunque a raíz de las críticas suscitadas ha abierto una «investigación administrativa» sobre las «condiciones» de expulsión de la colegiala kosovar. Incluso entre las filas socialistas tildan la operación de desproporcionada y algunos la tachan de «indigna».
El portavoz del Partido Socialista , David Assouline, denunció en Twitter que «obligar a una alumna a bajar de un autobús delante de sus compañeros por parte de las fuerzas del orden es intolerable e inaceptable».
El diputado socialista Bruno Le Roux ha estimado que no hacía falta «ir a buscar a los niños al colegio» y ha criticado la acción policial porque «era el tiempo escolar. Se puede esperar, se puede diferir» el arresto, consideró. Su compañera de partido y diputada Pouria Amirshahi pidió «el retorno inmediato de Leonarda y de su familia a Francia».
«Se han rebasado los límites de lo aceptable», ha señalado por su parte el socialista Emmanuel Maurel, recordando cómo hace algunos años «todos los socialistas se movilizaban contra prácticas como éstas».
El caso de Leonarda reabre las grietas que ya suscitó el problema gitano en el Gobierno de Hollande el pasado septiembre, después de que Manuel Valls defendiera el desmantelamiento expeditivo de campamentos de inmigrantes pobres, familias nómadas y gitanos de la Europa del Este.
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