Maduro pide poderes especiales para luchar contra la corrupción

Desde las 9 de la mañana las calles del centro de Caracas fueron bloqueadas por los cuerpos de seguridad, siguiendo las órdenes de Maduro por si le pasara algo. El cierre causó un tráfico infernal en toda la ciudad y molestias a los desconcertados caraqueños, que tuvieron que esperar hasta las 17:40 horas para que empezara el acto en la Asamblea.

El mecanismo de la habilitante, que le permitirá gobernar ampliamente dictando leyes-decretos sin límites específicos, todavía debe pasar por un debate de dos semanas hasta que finalmente lo apruebe el parlamento si consigue las tres quintas partes de los votos necesarios. Y sólo un milagro se lo impediría. Ayer no empezó el debate. Será en los próximos días.

Por ahora el chavismo cuenta con 98 de los 165 escaños de la Asamblea unicameral. Sólo le falta uno, el codiciado diputado 99, que a todas luces parece que ya está cantado por lo que Maduro se alzará como un mandatario todo poderoso para legislar por encima del parlamento, de la misma forma como lo hizo su antecesor Hugo Chávez durante los 14 años que mandó en el país.

Para Maduro no ha sido nada fácil conseguir ese diputado «99» desde que propuso la habilitante en agosto pasado. La oposición se ha preparado para rechazar cohesionada los poderes especiales y ha denunciado que es un pretexto para perseguir a los opositores y los empresarios bajo la supuesta «guerra económica».

La historia del «99» refleja la intención del chavismo de reducir la creciente influencia de la oposición de cara a las elecciones municipales del 8 de diciembre y la debilidad de Maduro en no poder controlar la inflación de 45 %, la crisis de la escasez de productos y alimentos, y la falta de divisas para importar.

A María Mercedes Aranguren , la diputada chavista que saltó a las filas de la oposición hace dos años, el mandatario le ordenó un «antejuicio de mérito» para allanarle la inmunidad parlamentaria y así poder reemplazarla por su suplente Carlos Flores, militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que sería el puesto que le falta para completar la aprobación de la habilitante.

Su ex jefe, José Gregorio «Gato» Briceño, ex gobernador del estado Monagas, denunció desde Costa Rica donde se encuentra refugiado por la cadena colombiana NTN24, «lamentablemente, el suplente de María Mercedes Aranguren, el Diputado Carlos Flores, ya lo compraron. Ratifico ante la opinión pública internacional y ante mi patria que de la forma más vil y más baja que pueda expresarse contra una nación, compraron la conciencia de un ciudadano para presentar ante la Asamblea nacional, no una Ley habilitante, sino la profundización del comunismo», enfatizó.

«Quiero denunciar ante el mundo el cinismo, el descaro y la depravación de las instituciones del Poder moral en Venezuela, cuando la Fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz , a sabiendas de lo que ocurre, se presta para estas jugadas bajas y viles del oficialismo. Esta señora se ha convertido en una sicaria del proceso revolucionario dirigido por Fidel Castro, quien junto a su hermano Raúl, están acabando con el país», dijo el ex gobernador.

Por su lado, la diputada opositora Delsa Solórzano denunció que Maduro «sólo quiere la habilitante para perseguir. Si consigue el 99 será por la corrupción roja. Es un elemento de distracción. Nadie conoce el contenido de su propuesta».

Jorge Pabón , ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela considera que la habilitante es un zarpazo al Estado de Derecho y es «mentira que Maduro vaya a enfrentar la corrupción».

Dice el artículo 203 de la Constitución: «Son leyes habilitantes las sancionadas por la Asamblea Nacional por las tres quintas partes de sus integrantes, a fin de establecer las directrices, propósitos y marco de las materias que se delegan al Presidente de la República con rango valor y fuerza de ley. Las leyes habilitantes deben fijar el plazo de su ejercicio»

«A pesar de su defectuosa redacción, este artículo establece que la ley habilitante debe contener el objeto material de la delegación, sus directrices y propósitos, evitando que el ejecutivo traspase esos límites. En la actualidad están concebidas para que el Ejecutivo que tiene los recursos necesarios para elaborar leyes de mucha complejidad técnica o económica», refiere Pabón.