Berlusconi quiere cumplir su condena por fraude fiscal con trabajos sociales

La sentencia en firme dictada el pasado 1 de agosto por el Tribunal Supremo por el caso Mediaset, que ha sido investigado y juzgado en Milán (norte de Italia), condenaba al ex primer ministro a cuatro años de prisión, que quedaron reducidos a un año de acuerdo con una ley de indultos de 2006. "La próxima semana presentaremos en Milán la solicitud de tutela de los servicios sociales", afirma el letrado, quien explica que en esa solicitud no se especifica qué tipo de trabajo social quiere llevar a cabo Berlusconi. "Presentaremos la solicitud, salvo imprevistos, y luego serán los magistrados de Milán quienes decidirán. Cuando el juez fije las prescripciones, podremos acordar las eventuales modalidades", ha agregado.

Berlusconi tenía de plazo 30 días para presentar esta solicitud desde el pasado 15 de septiembre, fecha que se considera como de vuelta a la actividad normal de la justicia en Italia tras las vacaciones, y puede llevar a cabo los trabajos sociales en Roma, ciudad a la que ha trasladado su residencia recientemente y en la que puede seguir de cerca la actividad de su partido político.

Hasta ahora, fuentes próximas al ex primer ministro habían asegurado que Berlusconi no tenía intención de pedir la tutela de los servicios sociales, pero, aunque no presentara ninguna solicitud, quedaría como mucho en arresto domiciliario debido a su edad. El próximo 19 de octubre comenzará además en la Corte de Apelación de Milán el proceso para la revisión de la inhabilitación para cargo público de Berlusconi que el Supremo sentenció el pasado 1 de agosto, que en primera y segunda instancia se había fijado en cinco años.

En los próximos días se prevé que el Senado decida finalmente si retira o no su escaño a Berlusconi en aplicación de la llamada "ley Severino" por su condena en firme, después de que este viernes una comisión parlamentaria votara a favor de ello y pasara la palabra ahora al pleno. El caso Mediaset juzga la compraventa de derechos de transmisión de películas estadounidenses por valor de 470 millones de euros por parte del grupo audiovisual de Berlusconi entre 1994 y 1999, con un supuesto aumento artificial del precio de los derechos para evadir dinero al fisco y desviarlo a cuentas en el extranjero.