La justicia ordena a Guatemala pedir perdón por el genocidio de indígenas

El Ejército, por su parte, deberá pedir perdón directamente a los municipios de Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y San Gazpar Chajul, donde se llevaron a cabo las mayores matanzas, y se erigirá un monumento a las víctimas. De forma paralela, el Tribunal de Mayor Riesgo ha ordenado al Gobierno elaborar un Programa Nacional de Resarcimiento por los delitos de genocidio y crímenes contra la Humanidad y un centro cultural en la región ixil dedicado a la memoria histórica.

A través del Ministerio de Educación, el Gobierno deberá garantizar la enseñanza en materia de Derechos Humanos y Derecho Humanitario, así como la creación de un museo itinerante para promover el respeto a los pueblos y la convivencia pacífica. Finalmente, mediante el Ministerio de Cultura, deberá presentar un proyecto de ley ante el Congreso para declarar el 23 de marzo Día Nacional contra el Genocidio, según ha informado el diario guatemalteco Prensa Libre.

El Tribunal de Mayor Riesgo ha aclarado que con todo ello no pretende condenar al Estado guatemalteco, sino atender el derecho a la reparación de las víctimas de genocidio y crímenes contra la Humanidad.

Interrogado sobre esta cuestión, el presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina, se ha mostrado dispuesto a acatar la resolución judicial y pedir perdón, en nombre del Ejecutivo, por el genocidio de indígenas ixil. «Si el tribunal cree que es conveniente, yo no tengo ningún problema (en pedir perdón). Yo he estado cerca del pueblo ixil», ha dicho, en declaraciones recogidas por el diario guatemalteco Siglo XXI.

El pasado viernes, el Tribunal de Mayor Riesgo condenó a Ríos Montt a 80 años de prisión inconmutables por la muerte de 1.771 ixiles a manos del Ejército entre 1982 y 1983, el periodo más sangriento de la guerra civil guatemalteca (1960-1996). La presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo, Jazmín Barrios, declaró a Ríos Montt culpable de los cargos de genocidio, por el que cumplirá 50 años de cárcel, y de crímenes contra la Humanidad, con una condena de 30 años de prisión.

Barrios ha argumentado que resulta «inexplicable» que Ríos Montt permitiera la masacre indígena, concluyendo que su objetivo era «la desaparición física del área ixil» a través de «planes elaborados», no de «acciones espontáneas», como alegaba la defensa.

No obstante, el Tribunal de Mayor Riesgo decidió absolver al ex jefe de Inteligencia Militar José Mauricio Rodríguez Sánchez de ambos cargos al considerar que «no tuvo injerencia en el campo de operaciones».

El juicio contra Ríos Montt arrancó el pasado 19 de marzo, pero un mes después fue anulado como consecuencia de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de revocar la recusación contra la juez a instructora Carol Flores, lo que obligó a retrotraer hasta ese momento todas las actuaciones procesales. Flores fue apartada del caso el 23 de noviembre de 2011 después de que la Sala Primera de Apelaciones admitiera la recusación presentada por la defensa del ex militar Héctor Mario López Fuentes, alegando que era parcial, pero el Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh) presentó un amparo.

El titular del Juzgado Primero B de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez, quedó a cargo de la instrucción del caso y, tras concluir con la misma, ordenó la apertura del juicio oral en el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, presidido por Barrios. Finalmente, el juicio se reanudó el pasado 30 de abril, después de que la Corte Constitucional se pronunciara en contra de la anulación y ordenara enviar de nuevo el expediente a Barrios para que siguiera con el proceso judicial.