Baja la conflictividad en Venezuela con la auditoría de votos

Carlos Ocariz, jefe del comando nacional de campaña Simón Bolívar de Henrique Capriles, quien dijo que «en las doce mil cajas está la verdad», anunció que la comisión electoral será coordinada por Ramón José Medina, cuyo equipo estará integrado por Carlos Vecchio, Enrique Márquez y Liliana Hernández y por la parte técnica Vicente Bello, además de los abogados Gerardo Fernández, Gerardo Blyde y Henriquez Sánchez.

El también alcalde del municipio caraqueño de Sucre, dijo que la auditoría comenzará la próxima semana y el proceso llevará varios meses. Mencionó que una encuesta rápida telefónica, tipo tracking, determinó que el 58% de las personas consultadas respaldaba el recuento de votos y el 70 % afirmó que el candidato presidencial Capriles estaba en su justo derecho de solicitar la auditoría.

El reclamo de la oposición se basa en unas 3.500 denuncias de irregularidades. Su revisión despejará las dudas sobre los estrechos márgenes de 1,7 % que dieron la ventaja a Nicolás Maduro. La ampliación de la verificación del 46% de las mesas restantes, pues el 14 de abril sólo se hizo en el 56%, según aceptó a regañadientes la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, inicia un proceso largo y arduo de negociación entre las partes.

Según Lucena, que se vio forzada a aceptar la auditoría, dijo a los opositores (la mitad de los electores) que «no se hagan falsas expectativas porque no se realizará un recuento de votos» sino que se hará una auditoría a una muestra diaria del 46 % de cajas no verificadas, que sería la apertura de 400 cajas por día lo que llevaría el recuento durante 30 días.

Sea como sea, el equipo de la oposición exige la confrontación de los datos mediante la revisión de las boletas, las actas de escrutinio, los cuadernos de votación y las huellas dactilares de los electores porque el sistema es electrónico. Si la revisión presenta discrepancias numéricas de irregularidades entonces hay que convocar nuevas elecciones en las mesas impugnadas, y si la cantidad de irregularidades supera al 50% entonces hay que convocar nuevas presidenciales, dice la ley electoral.

Por otro lado la diputada al Parlamento Latinoamericano Delsa Solórzano hizo un balance de la represión y cacería de brujas que se han producido después de los comicios del 14 de abril. Afirmó que le han llegado más de mil denuncias solo por acoso laboral en los entes públicos.

Delsa también es miembro de la Comisión de los Derechos Humanos de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática. Afirmó que 259 ciudadanos fueron detenidos por el delito de “porte ilícito de cacerola, rebelión, terrorismo, instigación a delinquir y agavillamiento. Lo más grave es que han detenido a menores de edad”.

Solórzano detalló que «en el estado Carabobo fueron detenidas 91 personas, en este momento se encuentran en libertad; 44 en Barinas, hoy sólo 11 libre; 70 en Lara, quienes además fueron torturados, hasta ahora sólo 6 ciudadanos libres en la entidad; Monagas 35 privados de libertad, en Táchira 17 y 2 en Sucre». Aclaró que los que fueron dejados en libertad deben cumplir con un régimen de presentación mensual.