La ONU denuncia al gobierno nepalí por querer amnistiar a violadores de derechos humanos

El acuerdo de paz de 2006 que puso fin al conflicto armado de Nepal preveía el establecimiento de una Comisión de la Verdad y la Reconciliación encargada de investigar las violaciones de Derechos Humanos cometidas durante la guerra de 1996-2006, en la que murieron al menos 13.000 personas y desaparecieron alrededor de 1.300. Pese al acuerdo, ha habido que esperar cerca de siete años para que se aprobase, la semana pasada, la primera ley relativa a la Comisión. Al respecto, Pillay se ha mostrado especialmente sorprendida por el secretismo que ha rodeado tanto a la redacción como a la aprobación del decreto, sin un proceso de consultas con la sociedad civil, con las víctimas, con las familias de las víctimas o con las organizaciones nacionales de Derechos Humanos. «Las experiencias pasadas en cualquier parte del mundo han demostrado que, sin una implicación y un apoyo activo de los principales grupos afectados, los mecanismos de este tipo pueden generar aún más divisiones y desacuerdos y producir, por tanto, un resultado contrario al que se pretendía», ha manifestado.

Reconciliación

La Comisión también tendrá poder para llevar a cabo procesos de reconciliación sin el consentimiento de las partes implicadas , ha proseguido Pillay, quien ha advertido, al respecto, de que el Gobierno no puede obligar a la gente a reconciliarse si no quiere hacerlo. «También me preocupa que el decreto sea utilizado para evitar o aplazar las investigaciones penales y las persecuciones de casos relacionados con el conflicto», ha manifestado la Alta Comisionada. «La justicia penal debe reforzarse, no sustituirse por otros procesos judiciales interinos, como son las comisiones de la verdad y la reconciliación», ha advertido Pillay, quien ha recomendado, además, al Gobierno de Nepal que corrija las deficiencias de sus leyes relativas a las torturas y las desapariciones forzadas.

Asimismo, Navi Pillay ha asegurado que la oficina de la Alta Comisionada está dispuesta a asesorar al Gobierno de Katmandú para que pueda enmendar el decreto en línea con las normas y principios del Derecho Internacional.

Nepal vivió diez años de guerra civil entre el grupo armado maoísta Ejército Popular de Liberación y las fuerzas del Estado, que concluyó en 2006 con la firma de un acuerdo de paz y con la proclamación de la República Federal, después de más de doscientos años de monarquía. Desde entonces, el país ha vivido inmerso en una crisis política e institucional permanente, con el sucesivo fracaso de todos los intentos por poner en marcha un gobierno de consenso. Como medida de transición, el presidente del Tribunal Supremo, Jila Raj Regmi , juró la semana pasada como primer ministro interino de Nepal con la misión de convocar las próximas elecciones legislativas, previstas para el mes de junio. Uno de los principales puntos de discordia ha sido, precisamente, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, encargada de investigar, sobre todo, los abusos del Ejército Popular de Liberación durante la guerra contra la monarquía.