El Gobierno y las FARC avanzan hacia un acuerdo sobre la cuestión agraria
El número dos de las FARC, Luciano Marín Arango, alias «Iván Márquez» ha señalado que «nunca antes un proceso de paz había avanzado tanto»
El Gobierno de Colombia y las FARC avanzan hacia un acuerdo sobre la cuestión agraria, origen del conflicto del país sudamericano, en la mesa de negociación instalada en Cuba, que ayer concluyó su quinto ciclo de conversaciones.
Por primera vez desde que comenzaron en noviembre los diálogos de paz de La Habana, los delegados del presidente Juan Manuel Santos hablaron este viernes de «acuerdos» sobre el problema de la tierra, el primer punto de la agenda pactada para las conversaciones.
«Con las FARC hemos pasado de las aproximaciones a los acuerdos alrededor de un proceso de desarrollo rural profundo», aseguró el exvicepresidente Humberto de la Calle, jefe de los delegados de paz gubernamentales.
Los avances para llegar a un acuerdo global sobre el primer punto de la agenda se han producido en asuntos como el acceso y uso de la tierra, las parcelas improductivas, la formalización de la propiedad, la frontera agrícola y la protección de zonas de reserva, de acuerdo a un comunicado conjunto de ambas partes.
Avance pero «todavía no hay acuerdo»
La guerrilla matizó las declaraciones de De la Calle al asegurar que «todavía no hay acuerdos» y que se están construyendo, pero admite que «nunca antes» un proceso de paz colombiano «había avanzado tanto», en expresión del número dos de las FARC, Luciano Marín Arango, alias «Iván Márquez».
No obstante, Márquez insistió en sus críticas a la política agraria de Juan Manuel Santos y al plan de recuperación y entrega de tierras supuestamente usurpadas por las FARC que ha molestado visiblemente a la guerrilla.
El grupo insurgente tachó de «artificio» el acto de entrega de tierras que lideró Santos el pasado 20 de febrero en San Vicente del Caguán y le acusó de tener miedo a los terratenientes, en una declaración divulgada este viernes.
«No podrá Santos ocultar la progresiva entrega del territorio nacional, de nuestras riquezas minero-energéticas, a la voracidad de las trasnacionales. No podrá tapar los nuevos planes de despojo y de extranjerización de la tierra», reprocharon los guerrilleros.
Momento crucial
En cualquier caso, el dialogo de paz colombiano parece haber entrado en una fase de concreciones, tal y como destacó Humberto de la Calle al señalar que las conversaciones están en un momento «clave» donde se requieren resultados.
«Estamos en un momento crucial: el de demostrar si nos jugamos por la paz de Colombia», aseveró el negociador gubernamental una semana después de que el presidente Juan Manuel Santos amenazara con levantarse de la mesa de diálogo si no se producen avances concretos.
El equipo de paz del Gobierno también valora que las FARC hayan avanzado en su posición sobre el tema de las víctimas del conflicto aunque espera que su disposición a «dar la cara a sus víctimas se plasme en compromisos concretos».
Por su parte, los insurgentes insisten en no tener problemas para tratar este tema -que forma parte de la «hoja de ruta» del diálogo- cuando llegue el momento, aunque esgrimieron su habitual argumento de que es el estado colombiano el último responsable de las víctimas del conflicto.
Y una vez más, los negociadores del Ejecutivo de Santos ratificaron que no habrá un cese al fuego hasta que no se haya conseguido un acuerdo final para la paz. «El Gobierno y las fuerzas militares y de policía continuarán con su deber de proteger a los colombianos. Sabemos que esto es duro (...) Mantener las operaciones es una muestra de la fortaleza del Estado, no de debilidad», explicó el exvicepresidente colombiano.
Tras las declaraciones de este viernes del Gobierno y la guerrilla, el diálogo de paz entra en un nuevo receso que se prolongará a lo largo de una semana para retomar las conversaciones el próximo 11 de marzo. El actual proceso de diálogo que pretende poner fin a casi medio siglo de largo y cruento conflicto colombiano cuenta con la asistencia de los gobiernos de Cuba y Noruega como países garantes, en tanto que Venezuela y Chile actúan como acompañantes.
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