Malestar por el pacto de Argentina con Irán para investigar el atentado antiisraelí de 1994

Las principales críticas apuntan a que el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en ese convenio, renuncia a la jurisdicción nacional a favor de una tercera. Además, las conclusiones no serán de obligado cumplimiento. El objetivo es terminar de esclarecer las causas, autores y circunstancias de la explosión del coche bomba que hizo saltar por los aires la Asociación Mutual Israelita Argentina de Buenos Aires (AMIA), el 18 de julio de 1994.

Israel, por su parte, se declaró "asombrado" tras conocer la noticia. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores fue preciso: “No entendemos el significado de dicho acuerdo respecto a las investigaciones y las conclusiones de la justicia argentina” donde se condenó, en rebeldía, a funcionarios iraníes.

El anuncio del convenio con Irán lo difundió desde Chile la presidenta de Argentina, a través de la red social Twiter, aunque lo firmó el Canciller, Héctor Timerman en Etiopía. En el documento se establece la revisión de la totalidad de la documentación existente en torno al caso AMIA, una herida abierta en Argentina donde la justicia local apuntó como responsable a Teherán.

La comisión, a designar entre las partes, estará formada por cinco juristas de terceros países. Sus “recomendaciones”, como reza el texto, deberán pasar el filtro del Congreso aunque no son de aplicación forzosa. La iniciativa contempla un hecho insólito. La Comisión podrá interrogar a los sospechosos y acusados iraníes sobre los que pesa una orden de detención de Interpol. El Gobierno de Teherán se ha negado sistemáticamente a este extremo. No obstante, los involucrados declararán bajo la protección de suelo iraní.

“Es como si los aliados antes de los juicios de Nuremberg hubiesen armado una comisión especial para ver si juzgaban o no a los nazis y cómo. Me parece realmente insólito. Estoy absolutamente conmovido por lo negativo de esta noticia”, lamentó en La Nación, Luis Czyewski, padre de Paola, una de las víctimas mortales del atentado a la Amia.

Los diputados Patricio Bullrich y Eduardo Amadeo del Grupo de Acción Política por la Unidad (GAPU) recordaron que “la justicia argentina ya llegó a la verdad a través de una investigación exhaustiva y difícil que llevó a condenar –en rebeldía- a altos funcionarios de la República de Irán”. Asimismo, consideraron que unirse a “estados terroristas y genocidas” significa que Argentina “abandona su tradición de defensa de los derechos humanos que comenzó en 1983”, en relación al Gobierno de Raúl Alfonsín.

El acuerdo consta de nueve puntos donde se especifíca que, “La Comisión y las autoridades judiciales argentinas e iraníes se encontrarán en Teherán para proceder a interrogar a aquellas personas respecto de las cuelas Interpol ha emitidio una notificación roja”.