Más de 11.000 agentes toman la cárcel de Venezuela controlada por la banda criminal Tren de Aragua

«Se han desplegado más de 11.000 efectivos calificados, dispuestos a restituir y dignificar el sistema penitenciario nacional», reportaron más temprano las autoridades. «Fue desmantelado un centro de conspiración y delito, usado por una red criminal internacional».

Un centenar de familiares de reclusos, muchos de los cuales vivían en el penal y fueron desalojados, se mantenían a las puertas del lugar a la espera de «noticias».

«Estoy esperando que me informen adónde llevan a mi esposo. No tengo noticias (...). Yo vivía allí, pero nos sacaron», declaró a la AFP Gladys Hernández. «Tengo miedo de que no salgan vivos», expresó por su parte Rubieles Mejías, quien tiene una relación sentimental con otro de los presos.

Los presidiarios han sido trasladados a otros de los 85 centros penitenciarios del país, dijo el ministro de Interior y Justicia, general Remigio Ceballos, en declaraciones a la televisión estatal.

«Está totalmente tomado este penal y la infraestructura totalmente liberada», subrayó Ceballos. «Hemos garantizado los derechos humanos de los privados de libertad», destacó el ministro mientras la televisora VTV mostraba imágenes de presos en hileras, sentados en el suelo, la mayoría con las manos esposadas.

Desde Tocorón opera la banda Tren de Aragua, cuyos tentáculos se han expandido por varios países de la región. El penal, donde fue construida una especie de ciudadela con piscina, campo de béisbol, zoológico y hasta una discoteca de lujo, era controlado con impunidad por este grupo criminal dedicado al secuestro, la extorsión y otros delitos.

Videos divulgados en redes sociales mostraron a mujeres y niños en el interior del recinto, desde donde salían columnas de humo. El gobierno anunció una «segunda fase» de la operación para la «búsqueda y captura» de «delincuentes fugitivos», sin precisar el número de presos que se fugaron durante el operativo ni dar balance de heridos. Tres de los prófudos fueron capturados.

En un acto oficial, el presidente Nicolás Maduro celebró «el gran éxito del día de hoy en la lucha contra las bandas criminales». «Era algo que podía pasar en cualquier momento», dijo a la AFP Ronna Rísquez, periodista que ha investigado por años al Tren de Aragua.

Según sus estimaciones, la banda cuenta con unos 5.000 miembros en Sudamérica. Rísquez considera que este operativo habría sido activado por la presión de países de la región como Colombia, Chile y Perú, «que han denunciado la presencia de un grupo armado como el Tren de Aragua operando en sus territorios de una manera impune».

Desde estos países han identificado que esta banda criminal dirige sus operaciones desde la prisión de Tocorón, por lo que «han exhortado al gobierno de Venezuela a tomar medidas». El Tren de Aragua surgió en 2014, operando en actividades mafiosas «clásicas»: secuestros, robos, drogas, prostitución y extorsión, pero más tarde se expandieron a la explotación ilegal de oro.

Los miembros de la banda reciben órdenes de cabecillas recluidos en Tocorón, conocidos en la jerga carcelaria como «pranes». Durante la requisa las autoridades detectaron un sistema de túneles. «Hemos impedido una fuga masiva», sostuvo Ceballos.

Efectivos de seguridad, constató un equipo de la AFP, sacaban de la cárcel motos, televisores, aires acondicionados, microondas y bolsas. «¡Eso es nuestro!», gritaban las mujeres que esperaban a las afueras del penal.

Desde hace años el control de Tocorón lo tenían los «pranes», encabezados por Héctor Guerrero Flores, conocido como 'Niño Guerrero', condenado a 17 años de prisión por múltiples homicidios y tráfico de drogas, entre otros delitos, destacó Carlos Nieto, coordinador de la ONG defensora de los derechos de los reclusos Una Ventana por la libertad.

«Con esta acción el gobierno está reconociendo el caos penitenciario que vivimos y lo negligente que ha sido en solucionarlo», aseguró Nieto en una comunicación enviada a la prensa. Las cárceles de Venezuela tienen una sobrepoblación por encima del 50%, según el privado Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).