El hermano de Julio Iglesias se niega a declarar en el juicio por defraudar casi 20 millones a Hacienda

El abogado de su defensa, José Antonio Choclán, ha intentado al inicio de la vista oral que anulara el dictamen judicial por dilaciones, formulando una serie de argumentaciones, como el cambio en la composición de la sala. También ha intentado acotar el delito por el que se juzga a su cliente. El magistrado las ha rechazado asegurando que se estudiarán a lo largo del procedimiento.

En su turno de declaración, Carlos Iglesias ha respondido al juez que no se considera responsable de los hechos que se le imputan y se ha negado, a recomendación de su abogado, a contestar a ninguna de las partes. Tampoco ha querido responder ni a la entrada ni a la salida de la Audiencia Provincial a las preguntas de los periodistas, aunque sí ha manifestado que se encontraba tranquilo y ha hecho gestos de que la multa y los años de cárcel que se le piden le parecen una barbaridad.

Sí ha declarado el primero de los testigos, el notario que autorizó la escritura de compraventa de las fincas madrileñas de la sociedad panameña dirigida por Iglesias a unas cooperativas, que es el objetivo de la cuestión judicial, por la que supuestamente dicha sociedad no habría pagado nada a Hacienda.

El notario ha mencionado en varias ocasiones que la persona con la que tuvo contacto en esta operación fue Luis Ulpiano Iglesias, también del clan familiar del cantante, aunque no recuerda el papel que jugaba en esa sociedad panameña porque «de aquello han pasado ya 22 años». Sí recuerda que todas las personas con la que trató eran españolas y que llegó a Luis otras operaciones diferentes.

«Yo no conocía a Carlos Iglesias. Me enteré luego que era familiar de Julio Iglesias. Al ser sociedades extranjeras el celo profesional que impuso en esta compraventa fue superior a otras, sabiendo que en Panamá hay sociedades opacas que pueden ser mal utilizadas. Pedí muchos documentos, y por eso se tardó más de una semana en formalizarse la operación. Se pagó con unos préstamos hipotecarias de Caja España. Normalmente, se hace en ese mismo momento el pago con los justificantes del préstamos hipotecario», ha respondido a las preguntas de la Abogacía del Estado.

El juicio continuará los próximos días con más testigos y peritos propuestos para la causa. Previamente a comenzar la vista oral, la Defensa y las acusaciones se han negado a llegar a un acuerdo, por la que se rebajaría la condena solicitada por la Fiscalía. En su escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, el fiscal solicita 4 años de cárcel y una multa de más de 98 millones de euros para Carlos Iglesias.

Carlos Iglesias, de 78 años, es uno de los hermanos más conocidos del artista, ya que llegó a ser mánager del intérprete. Más tarde, se dedicó a ser productor musical. Se les acusa de haber supuestamente defraudado 19.650.232,84 euros al erario público en el ejercicio fiscal de 2001 porque no habrían incluido en el Impuesto de Sociedades la venta de varios terrenos en Madrid al alegar que tenía la residencia fiscal en Panamá.

El escrito de acusación señala que «la entidad Rolimpa Trading Corporation fue constituida en Panamá el 3 de junio de 1984 y que en 2001 vendió en sendas escrituras públicas una serie de terrenos de su propiedad en Vicálvaro a dos sociedades españolas por un importe de 18.538.465 y 27.739.466,07 euros, respectivamente, lo que hacía un total de 46.277.932,04 euros». Dichos terrenos habían sido adquiridos por Rolimpa Trading Corporation en escritura pública de 20 de marzo de 1989 a la mercantil Orosketa por un precio de 100.000.000 pesetas.

El precio de estas operaciones, según la Fiscalía, se pagó mediante transferencia bancaria realizada en el acto siendo el destinatario final una cuenta del banco Continental de Panamá titularidad de Tranoceanic Capital Corp. En dicha cuenta estaba autorizado Carlos Iglesias.

La totalidad de las acciones de Rolimpa pertenecían a la mercantil Cid Holding Company, la cual, a su vez era propiedad de la sociedad Ganivet Investment, cuyo dueño era el mismo acusado quien, además, fue apoderado de Rolimpa Trading Corporation hasta el 2 de marzo de 2001, «compartiendo dicho poder hasta la misma fecha con el otro acusado L.U. I. S.». No obstante, Carlos Iglesias, auxiliado por L. U. I. S-, continuó gestionando de hecho Rolimpa, a pesar de «la revocación formal de tal poder, como lo venía haciendo».

La Fiscalía afirma que «con el fin de procurarse un beneficio fiscal ilícito», Iglesias «no presentó declaración del Impuesto de la Renta de No Residentes de la mercantil Rolimpa Trading Corporation, que se declaraba residente fiscal en Panamá, ni declaración tributaria alguna por las ganancias obtenidas en esta operación». Es más, precisa que si bien el 22 de febrero de 2001 formalizó un contrato privado para vender la totalidad de sus acciones de Ganivet Investment S. A. a la entidad panameña Rodes Finance por un precio de 18.500.000 dólares, «dicho contrato no se correspondía a la realidad».

El representante del Ministerio Público explica que la mercantil panameña se había constituida el 2 de febrero de 2001 por testaferros del hermano de Julio Iglesias «con la sola finalidad de simular la trasmisión de la titularidad de las acciones, las cuales siguieron bajo el dominio último del acusado, quien pretendía con ello eludir sus futuras responsabilidades tributarias por la operación de venta de los terrenos».

Pese a que el propio Carlos se declara residente fiscal en Panamá en 2001 no ha acreditado, según la Fiscalía, la realidad de este hecho, «pasando temporadas en España, donde en el ejercicio 2001 y 2002 tiene sus intereses económicos principales y mayor obtención de renta consecuencia de las ganancias de esta operación, por lo que ha de considerarse residente fiscal en uestro país».

De igual modo, el escrito de acusación refleja que Rolimpa Trading Corporation, con domicilio a efectos formales en Panamá, debe considerarse como residente fiscal en España «atendiendo a su lugar de dirección y al tener en nuestro país la mayor parte del inmovilizado, por lo que la misma estaba sujeta en el ejercicio 2001 al Impuesto de Sociedades y no al IRNR».

El caso es que Rolimpa Trading Corporation era una sociedad de mera tenencia de bienes con un único socio con un tratamiento de «sociedad transparente», de manera que Carlos, en cuanto gestor de hecho de Rolimpa y socio y beneficiario último del precio de la venta, «debía, además de haber declarado la ganancia patrimonial por la venta de los terrenos en el Impuesto de Sociedades del ejercicio 2001 de Rolimpa, haber declarado en su IRPF del ejercicio 2002 la base imponible del IS de 2001 de Rolimpa, deduciéndose después la cuotapagada por dicho Impuesto de Sociedades».

Como consecuencia de todo esto, y teniendo en cuenta que las cooperativas compradoras de los terrenos retuvieron el 5% del precio de la venta en atención a que Rolimpa se declaró en el acto de la venta como no residente para ingresarlo después en el Erario Público, la cuota defraudada por el IS asciende a 19.650.232,84 euros. En realidad la cuota dejada de ingresar ascendería a 19.439.382,27 euros, «si bien en la medida en que procede deducir a esta cuota la cuota pagada en el Impuesto de Sociedades de 2001, una vez realizada la deducción no se ocasionaría perjuicio a la Hacienda Pública por este hecho».