Piden dotar de mayores recursos al acogimiento familiar en lugar de favorecer residencial

María Araúz de Robles, presidenta de la ASEAF, Asociación que representa a millares de familias acogedoras de toda España, afirma que no pueden entender que «en la Comunidad de Madrid, que cuenta ya con más de 90 residencias de menores abiertas, se siga ampliando el presupuesto y las plazas destinadas al acogimiento residencial, cuando urge por imperativo legal, el cambio de paradigma del acogimiento residencial al acogimiento familiar . Tanto el Comité de los Derechos de Niño de Naciones Unidas en su último informe a España, como el propio Defensor del Pueblo hace escasamente un mes, han alertado sobre las altísimas tasas de institucionalización (niños en acogimiento residencial) que tenemos en España, así como sobre el incumplimiento de la Ley 8/2015, cinco años después de su aprobación».

¿Por qué esta resistencia al cambio cuando la Ley habla del derecho del niño a crecer en familia y los expertos en psicología infantil insisten en la necesidad de un entorno familiar para el pleno desarrollo de los niños frente a las instituciones que despersonalizan? Según las cifras que se deducen del Comunicado de la Comunidad de Madrid, el coste mensual que va a recibir la entidad adjudicataria del concurso por cada uno de los niños tutelados que viva en su residencia asciende a 6.345 € al mes . «Las familias no pedimos recursos directos, pedimos que la Comunidad de Madrid revise en profundidad el sistema de protección a la infancia y se dote de los medios materiales y humanos suficientes para establecer un sistema de acogimiento familiar similar a otras comunidades autónomas en España en las que el acogimiento residencial es subsidiario al ser más perjudicial para el desarrollo de los menores», añade Araúz de Robles.

En su nota, la Comunidad de Madrid afirma que «el acogimiento residencial surge cuando fracasan o resultan inviables los diferentes apoyos para mantener al menor en su entorno familiar, por lo que se les traslada a hogares de reducido tamaño y con ambiente familiar, apropiados cuando se espera una estancia larga». «Estos hogares son residencias, y en las residencias, difícilmente existe un ambiente familiar, ya que los educadores tienen turnos laborales de 8 horas, con festivos, traslados, bajas y circunstancias similares al resto de los trabajos, que no permiten establecer vínculos y apegos personales estables y duraderos que son los que cualquier niño o niña necesita para crecer», puntualizan.

Hacen falta campañas de comunicación y captación de familias acogedoras, crear cultura de acogimiento en nuestro país, ya que los datos reflejan que tan solo un porcentaje ínfimo de la población conoce esta valiosa y necesaria medida de protección que es el acogimiento familiar.

El pasado mes de julio, en la reunión que se mantuvo con el Defensor del Pueblo, en su papel fundamental de defensor de la infancia, uno de los colectivos más vulnerables ya que los niños no tienen voz, ASEAF solicitó lo siguiente:

—Transparencia. Que se impulsen los mecanismos necesarios para exigir a cada una de las Comunidades autónomas que haga públicas las cifras que permitan evaluar el sistema de protección y su evolución en cumplimiento de la Ley, mediante auditorías externas: Número de niños menores de 6 años en residencias, número de niños en acogimiento familiar, niños que salen de los centros con 18 años, programas para extutelados y número de jóvenes que tienen plaza, número de centros públicos y concertados, presupuesto total dedicado a residencias. Diferencia de coste entre una plaza concertada, privada y pública. Datos sistemáticos sobre el nivel formativo que tienen los jóvenes

—Impulso de los derechos de los niños en cumplimiento de la ley 26/2015:

—El derecho a crecer en familia como un derecho fundamental del niño. Derecho de los menores a que se les apliquen medidas de protección estables y familiares

—Desinstitucionalización urgente por imperativo legal de menores de 6 años, la Ley de 2015 dice que deberían estar en familias.

—El acogimiento familiar como medida prioritaria de protección a la infancia frente al acogimiento residencial, como medida de último recurso. Naciones Unidas, a través del Comité de los Derechos del Niño manifiesta estar seriamente preocupado por las altas tasas de institucionalización en España. Existe una resistencia explícita dentro del propio sistema residencial a este cambio de paradigma. Faltan medidas específicas que hagan real el carácter temporal que ha de tener el acogimiento residencial. En 2018, primer año con más menores en acogimiento residencial que en familiar, el Congreso aprobó una proposición no de ley para reducir a un máximo de 20% el acogimiento residencial frente al familiar en un plazo de dos años. Algo que no se ha cumplido.