Marina Castaño: «Se me ha juzgado sin oirme, sin pruebas e, incluso, sin juez»

Castaño fue imputada el pasado día 12 junto a otras dos personas , acusada por la fiscalía de los posibles delitos de malversación de fondos públicos, estafa, apropiación indebida y fraude. El caso, que se encuentra en fase de instrucción, en el juzgado número 2 de la localidad coruñesa de Padrón, está relacionado con un asunto de ingresos por devolución del IVA.

En el comunicado que Castaño ha enviado a Efe, subraya, «ante la falta de precisión de los hechos, y el irreparable y gravísimo perjuicio personal y profesional que se ha producido», que antes de que el Juzgado admitiese a trámite, el 4 de julio de 2012, una denuncia «con hechos no ciertos», «ya se había filtrado a la prensa el 28 de junio que estaba imputada por diversos delitos». «Es obvio que la denuncia solo buscaba hacer daño, y no un proceso sereno basado en hechos ciertos. Se me ha juzgado en los medios de difusión sin oirme, sin pruebas e, incluso, sin juez, desde el pasado 28 de junio de 2012». Los hechos esenciales de la denuncia, continúa, afectan a la Fundación Camilo José Cela, y no a su actividad personal, o profesional. «Siempre he cumplido la Ley», apostilla.

Recuerda que ha comparecido en el juzgado de Padrón desde septiembre de 2012 «colaborando en todas las diligencias de prueba para aclarar» que no ha cometido ningún delito y que la Agencia Tributaria nombró «una perita», que «durante dos años ha hecho tres informes, de ninguno de los cuales se desprende que haya cometido ningún delito». Es falso, subraya, que los empleados de la Fundación Camilo José Cela hayan cobrado de fondos públicos destinados a actividades de la Fundación y recalca que las cuentas fueron auditadas anualmente, y sometidas a la aprobación del Patronato, que se reunía dos veces al año, conforme a la ley.

Castaño cita la página 15 del segundo informe pericial de 21 de agosto de 2013, folio 1174 de la causa, en las que se detalla las fechas en las que «Agrupación de Interés Económico» ha ingresado «INTEGRAMENTE a la Fundación Pública Gallega Camilo José Cela TODAS las cuotas del IVA recuperado, de plena conformidad con la Ley», tal y como «reconoce» el Tribunal Económico Administrativo de Madrid. «En conclusión, NADIE se ha lucrado en un solo euro de la actividad mercantil, lícita, realizada por la Agrupación», también denominada sociedad Lengua y Literatura AIE, dedicada a las actividades privadas mercantiles de la fundación (venta de entradas, contratar servicios, realización de obras, etc.).

La sociedad Lengua y Literatura AIE, según datos facilitados por la propia Castaño, está constituida con capital de la Fundación Camilo José Cela en un 80% y en un 20% por ella. «Nadie ha pedido, ni el Juzgado ha ordenado, ninguna medida cautelar» y añade que el tratamiento de su caso en los medios «internet, prensa, televisión, radio...», «viola el derecho fundamental a la presunción de inocencia» e implica «una causa general» contra ella.

Todo ello, añade Castaño, que reitera su «respeto y confianza en la Justicia», «ataca» no solo la esencia del sistema «judicial y constitucional, sino los pilares de los derechos fundamentales europeos, consagrados, también, en la Convención Europea de Derechos Humanos» y por ello «solo se le deja la vía de ejercer ante los tribunales las acciones que procedan».