Yolanda Díaz exige a las empresas protocolos antiacoso que no aplicó con Íñigo Errejón

En el caso del acoso laboral y sexual en el centro de trabajo, la Inspección de Trabajo está facultada para imponer multas que pueden llegar hasta los 225.000 euros, sin posibilidad de réplica o explicaciones que justifiquen el no contar con una hoja de ruta frente al acoso laboral o sexual en los centros de trabajo. De haber tenido Sumar este protocolo la historia igual se hubiera escrito de otra forma.

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Pablo Amigo

A diferencia de lo que se permite o exige a las empresas, la vicepresidenta sí ha podido escudarse en que comentó las irregularidades con Podemos y Más Madrid y en que dejó que el partido de Mónica García llevara a cabo la investigación que luego le comunicaron que se había «cerrado». A otra cosa, debió pensar entonces la vicepresidenta segunda, que no dio explicaciones hasta cuatro días después de que saltara el escándalo y en medio de un terremoto político que ha movido los cimientos de la izquierda y acorralado a la también ministra de Trabajo, muy debilitada ya cuando estalló el 'caso Errejón'.

Ha sido la puntilla para Díaz, desgastada por varios frentes. Su enfrentamiento con el ala socialista del Gobierno por su inclinación a intervenir la economía y por aplicar subidas masivas de impuestos, le ha hecho perder fuerza en el Ejecutivo, en un momento en el que tampoco puede escribir éxito alguno en el diálogo social, como sí ocurrió en sus primeros años en el Gobierno. El pulso que mantiene con el tejido empresarial le ha cerrado prácticamente las puertas de los acuerdos a tres bandas en las mesas de negociación, como ocurrirá con la reducción de jornada laboral hasta las 37,5 horas, su medida estrella en esta legislatura, que es casi imposible que salga adelante con el apoyo de la patronal que dirige Antonio Garamendi. El futuro del recorte de la semana laboral es incierto, teniendo en cuenta que, además, no cuenta con la mayoría suficiente para que pueda pasar con éxito el trámite en el Parlamento.

«Sumar ha iniciado un proceso para recabar información sobre los testimonios surgidos en redes sobre Íñigo Errejón. Como resultado del proceso, hoy deja todos sus cargos. Nuestro compromiso contra el machismo y por una sociedad feminista es firme y sin excepciones», escribía el pasado lunes Yolanda Díaz en sus redes tras su viaje oficial a Colombia, cuatro días después de que estallara el escándalo. Un tiempo el que se tomaba la fundadora y líder de Sumar que niega a las empresas, atrapadas en un enredo de protocolos de obligado cumplimiento bajo amenaza de elevadas multas impuestas por la Inspección de Trabajo.

La legislación española obliga a todas las empresas, con independencia del tamaño, a contar con un protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual, acoso por razón de sexo y el acoso virtual, en los términos previstos en el artículo 48 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y el artículo 12 de la reciente Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre. En esta última modificación Yolanda Díaz creó una batería de sanciones para las empresas incumplidoras.

De acuerdo con la Ley de Infracciones y Sanciones, las empresas y autónomos con trabajadores que no cumplan y no tengan un protocolo contra el acoso sexual serán multadas por la Inspección de Trabajo con sanciones que dependen de la gravedad de la infracción. Estas sanciones económicas van desde los 7.500 euros y los 30.000 euros para infracciones leves; de 30.001 a 120.005 euros para infracciones graves y desde los 120.006 euros a los 225.018 euros si se trata de infracciones muy graves.

Estas son sólo las sanciones administrativas, porque si la gravedad del caso llegase a los tribunales, habría que sumar entonces las multas impuestas por el tribunal a la empresa en cuestión si se demuestra que no tenía activado el protocolo contra el acoso sexual y laboral que exige la norma aprobada por Díaz. O si, aunque lo tenga activado, se demuestra que no ha sido efectivo en su aplicación.

Según el artículo 12 de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, de septiembre de 2022, «las empresas deberán promover condiciones de trabajo que eviten la comisión de delitos y otras conductas contra la libertad sexual y la integridad moral en el trabajo, incidiendo especialmente en el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, en los términos previstos en el artículo 48 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, incluidos los cometidos en el ámbito digital».

Además, la normativa también precisa que «deberán arbitrar procedimientos específicos para su prevención y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido víctimas de estas conductas, incluyendo específicamente las sufridas en el ámbito digital».

El pasado mes de octubre, el Consejo de Ministros también transitaba por el camino de acorralar los casos de violencia sexual en el trabajo y aprobaba un decreto que desarrolla la 'ley trans', en el que se obligó a las empresas de más de 50 trabajadores a contar desde el pasado 2 de marzo con protocolos anti acoso que, según el reciente decreto, deberán estar incluidos en los convenios colectivos en tres meses o en seis si la empresa no los tiene.

El decreto obliga igualmente a las empresas a impartir formación a toda la plantilla, incluidos directivos, cuadros intermedios y trabajadores, sobre los derechos del colectivo, entre los que se incluyen «el conocimiento y difusión del protocolo para la prevención, detección y actuación frente al acoso discriminatorio o violencia por razón de orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales».

Son muchas las obligaciones que se han impuesto a los negocios desde el Gobierno de coalición, que Yolanda Díaz ha pasado por alto cuando un caso de acoso sexual ha salpicado a la formación que puso en marcha en 2022 con el objetivo de convertirse en la alternativa de la izquierda. Las empresas son muy discretas, callan, pero reconocen: «Ya podría haber aplicado lo que nos está exigiendo en Sumar».