Yolanda Díaz abre otra brecha en el Gobierno al citar a las empresas de distribución ignorando a Planas

El anuncio de limitar los precios de los productos básicos no solo lo desconocían los socialistas, sino que además tampoco había sido comunicado previamente a Podemos, partido mayoritario de la coalición Unidas Podemos que lidera la vicepresidenta. En la reunión de la semana que viene no estarán presentes ninguna de las asociaciones de agricultores ni de la industria alimentaria, así como tampoco el propio Ministerio de Agricultura, a pesar de que el sector sería uno de los principales afectados ante las posibles medidas de intervención de precios de los alimentos. Ni Podemos.

Esta unilateralidad tiene diferentes lecturas en el Gobierno y algunas voces del PSOE y Podemos consideran que el anuncio también forma parte de su estrategia para presentarse como líder en un momento en el que está de gira por todo el país para presentar su proyecto político Sumar.

Las empresas de la distribución pidieron a Díaz que sentara también a los productores, pero por lo pronto este posible queda descartado de cara al encuentro del próximo lunes. Así las cosas, las intenciones de la vicepresidenta segunda han abierto una nueva brecha en el Gobierno de coalición. El martes, tras el Consejo de Ministros, Díaz aseguraba contar con el apoyo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «para combatir la inflación» y ayudar a las «familias vulnerables».

Pero ese sostén sigue sin verse reflejado en las declaraciones de los ministros del ala socialista. Al rechazo de Agricultura, se ha sumado también la titular de Hacienda. La ministra María Jesús Montero descartó ayer la fijación de un precio máximo a los alimentos básicos. Durante su intervención en 'El Programa del verano' de Telecinco, Montero aseguró que no forzarán medidas en esta línea, pero se pedirán mayores esfuerzos «a aquellos que se beneficien de forma extraordinaria con esta crisis». En ningún caso, insistió, una «regulación de esos precios». Una tesis que avala en parte la propia Díaz. La vicepresidenta segunda defiende que su propuesta en realidad no pretende imponer una intervención de precios vía decreto, sino a través de acuerdos con las empresas, «como ya se ha hecho en Francia».

Aunque en esencia las intenciones de Díaz pasan por lograr que la distribución no exceda un límite de precio en un elenco de productos entre los que se encuentran el pan y la leche. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, defendió ayer la propuesta de Díaz, a pesar de que el lunes los portavoces del partido que lidera se mostraron muy escépticos con la posibilidad de conseguir esos acuerdos con las grandes distribuidoras. «Yo no veo al señor de Mercadona aceptando que se topen los precios», valoró una fuente de la Ejecutiva de Podemos. Lo que transmitió el partido el lunes es que no confiaban en la propuesta. Pero Belarra quiso apagar ayer en RNE cualquier síntoma de conflicto entre Podemos y la vicepresidenta.

«Nosotros apostamos por esta propuesta como no puede ser de otra manera y no vamos a permitir que se genere ninguna falsa polémica en torno a nosotros. Es importante que la propuesta salga adelante», expresó ayer Belarra, en declaraciones recogidas por Ep. Moduló el mensaje porque llevan meses de desgaste y lucha interna por la futura candidatura electoral que se prevé que encabece Díaz.

Eso sí, la ministra de Derechos Sociales dijo que de no lograrse un pacto con las empresas el Gobierno debe tener «claro» que hay que estudiar mecanismos obligatorios para fijar un precio. Una referencia al impuesto extraordinario que defendieron el lunes.

El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, apremió al Gobierno a legislar. «Sería complejo llegar a un acuerdo con las grandes empresas para que las mismas se rebajen los beneficios, es el gobierno quien tiene que tomar decisiones». Y añadía: «Crear un impuesto extraordinario a las grandes empresas de distribución y alimentación y con lo que sale del mismo dar cheques de ayuda a las familias». Belarra respondía ayer que ambos planteamientos son complementarios, y evitaba posicionarse en contra de Díaz.

Como antesala a la reunión del lunes, la ministra se reunirá hoy con Carrefour, que en Francia ya ha topado el precio de decenas de productos para proteger a sus clientes de la escalada de precios. De hecho, en España ya ha impulsado su propia cesta 'antiinflación' en la que ofrece 30 productos a 30 euros en total.

Pero por el momento, las intenciones de la líder de Unidas Podemos no han sido bien recibidas en el resto del sector. Las empresas distribuidoras muestran su voluntad para colaborar en la contención de los precios, pero a través de medidas que apoyen las rebajas, como la reducción del IVA a los productos básicos de la cesta de la compra. Una solución que llevan pidiendo desde el estallido de la guerra de Putin ante el caso omiso del Gobierno a introducir al sector en su plan anticrisis contra el conflicto entre Rusia y Ucrania. «No necesitamos más medidas impositivas que sumen costes a las empresas y resten competitividad al sector», señalaron fuentes de Aecoc a ABC esta semana. Con la misma rotundidad se muestra el sector primario. El secretario general de Cepesca, Javier Garat, rehusó el límite de precios e insto al Gobierno a ayudar al sector «bajando el IVA del pescado a superreducido sin tener que intervenir en la libertad de mercado».