Villarejo pone punto y final al juicio con un ajuste de cuentas del que no se salva ni a sí mismo

Iba de películas la cosa. Si el lunes se erigió en la versión española de Donnie Brasco -encubierto del FBI que interpretó Johnny Deep en el cine-, hoy el comisario pedía a la Sala que recordase la cinta 'Aquellos hombres buenos' justo antes de definir el caso que le tiene en el banquillo al borde de 83 años de prisión como «un código rojo». Atrás quedaron los días en que se comparaba con el conde de Montecristo.

El general que pulsa el botón, por descontado, no es Jack Nicholson. En su relato se llama Félix Sanz Roldán y fue el director del Centro Nacional de Inteligencia. «Decidió eliminar un peligro para él y atribuyéndose el convencimiento de que así salvaría al Estado, aplicó un código rojo. Siguiendo las órdenes del jefe del CNI, los demás aplicaron el código rojo a uno de los suyos», ha señalado.

Es de las pocas afirmaciones que ha vertido a lo largo de la que ha sido su última intervención en este juicio que arrancó hace ya cerca de un año por tres de sus proyectos para clientes particulares -Iron, Land y Pintor-.

Tras sus dos horas de alegato ha arrancado el turno de la última palabra, un derecho que tienen los acusados para dirigirse al tribunal. «Señor Villarejo, usted ha hecho su última palabra, digo yo», le ha planteado la presidenta del tribunal, Ángela Murillo. «Tenía preparada una pequeña última palabra pero no quiero cansar. Ha tenido mucha paciencia, cosa que agradezco, y renuncio», ha respondido él. Murillo, de nuevo: «Porque ya la ha ejercitado».

Y no le faltaba razón. A lo largo de esa exposición llena de interrogantes el comisario ha aprovechado para ajustar cuentas y mostrar la cronología de los hechos, tal y como él la entiende, que le ha llevado hasta el banquillo. Empieza todo con las denuncias que interpuso contra el propio CNI y su director a lo largo de los años, se complementa con otras que ha dicho haber impulsado contra el Sepblac, Asuntos Internos y fiscales del cuerpo Anticorrupción.

Así, dibuja una causa que define como «obscena», «prospectiva», «general», que en realidad, es «una venganza», con código rojo incluido, «una patraña de denuncia falsa» y la Fiscalía como brazo armado de una gran conspiración que salpica a todos los mencionados y también, a la Guardia Civil. El aliño, según sus palabras, «una brutal y despiadada campaña de prensa que ha ido confirmando un mal perfil, un perfil de malhechor» donde antes había un policía de trayectoria «intachable».

«Hasta el fiscal se ha deslizado por el terreno de los insultos personales. El fiscal ha pervertido el lenguaje en un intento desesperado de justificar el haber pervertido también su conducta, permitiendo todas las ilegalidades que no debió haber consentido», ha espetado, molesto por la definición que hizo de él en su turno Miguel Serrano, quien le dibujó como un «corrupto envuelto en la falsa bandera de un patriota». Le ha llamado «fiscal insultador» y le ha reprochado que «desde una posición ventajista, se mueve por animadversión personal». «El fiscal aquí, no acusa, se venga».

La peor parte, no obstante, no se la ha llevado él. A golpe de preguntas, el comisario ha cargado contra el «origen obsceno, chusco e impresentable» que aprecia en la investigación, «una causa general justificada con 30 años de hallazgos casuales». Sostiene que se trataba de «vestir el muñeco a toda costa para hacerse con el archivo y llevarse todos los audios». «Sí, esos audios que tanto miedo dan a los que aparecen en ellos. ¿No ha quedado claro que a Sanz Roldán lo que le importaba eran los audios?», ha añadido, para referirse «al ansiado y codiciado botín».

También ha puesto en el punto de mira al jefe del grupo de Asuntos Internos que lleva la investigación y a sus jefes. Villarejo, como hizo su letrado en la sesión de la mañana, cuestiona la validez misma de la causa sí, pero en particular, de las entradas y registros y la custodia de todos los materiales que se le intervinieron que le han llevado hasta el banquillo.

Ha tenido también tiempo de profundizar en la vía que abrió el lunes su letrado al insinuar que se vendían información falsa a los clientes para intentar eludir el cargo por revelación de secretos. «¿No ha quedado claro que eran datos en su mayoría inventados para dar un clima de confianza en el que se pedía ayuda a los abogados de Cenyt? ¿No son en todo caso de fácil acceso?», ha planteado.

Sobre el cohecho, ha tirado de ironía, al plantear que si su empresa estaba en Torre Picasso, el corazón financiero de Madrid, sus trabajadores dados de alta en la Seguridad Social durante años, y se pagaba a Hacienda «¿Alguien se cree que el CNI se levantó una mañana en 2017 y alertó a Asuntos Internos al descubrir que tenía un grupo empresarial? ¡Oh¡ ¡Oh! ¡Hay unas empresas!», ha escenificado.

Como puntilla, ha agradecido a la Sala que le pusiera en libertad en marzo del año pasado, dejando caer, como ya es habitual, que hay en su opinión quien preferiría que se hubiese suicidado estando entre rejas.

El juicio ha quedado medio visto para sentencia, pues poco más queda ya por exponer. El tribunal ha habilitado la sesión de este martes porque la abogada de uno de los acusados, el inspector jefe Constancio Riaño, el pasado lunes no pudo asistir. Dirá entonces si quiere hacer uso de la última palabra, un derecho al que han renunciado todos los acusados a excepción de los dos únicos clientes en la pieza Iron que se negaron a pactar con la Fiscalía por verse inocentes.

Después, ya sí. A esperar el fallo.