Varias regiones esperan «lo peor» si Sánchez reforma la financiación

En Andalucía, el Gobierno de Juanma Moreno sigue con mucha atención esas negociaciones ante la posibilidad de que acaben en un agravio para su región. La principal preocupación es la reforma del sistema de financiación que Sánchez pueda acordar con las formaciones catalanas. Y no es nueva: ya en 2021 la Comunidad Valenciana y la andaluza sellaron un frente común para reclamar un cambio en el sistema de reparto, ya que ambas autonomías se consideran las más perjudicadas con el modelo actual, acordado en su día por Rodríguez Zapatero justo con ERC.

La reforma de la financiación interterritorial es una antigua demanda de Andalucía. De 2011 a 2018, durante el mandato de Mariano Rajoy, fue una reivindicación constante de la entonces consejera de Hacienda de la Junta, María Jesús Montero. La paradoja es que en los cinco años que lleva como ministra ha ignorado las reclamaciones del Gobierno de Juanma Moreno en este mismo sentido, alegando que no era el momento.

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Ahora, en plena negociación con el independentismo, parece que sí lo es, y en la Junta de Andalucía temen que se repita el desenlace de 2009, con un nuevo acuerdo de Moncloa con el nacionalismo catalán sin tener en cuenta al resto de autonomías.

La consejera de Economía de la Junta, Carolina España, señala que «la reforma del sistema de financiación, ciertamente, es urgente, pero ha de hacerse mediante consenso y pensando en el bien común de todos los españoles, residan donde residan, no buscando un balón de oxígeno para un proyecto de perdedores, como el del PSOE». Tras remarcar que «Pedro Sánchez no ha tenido nunca voluntad de modificar el sistema de financiación autonómica», destaca que Andalucía «no admitirá prebendas» al nacionalismo.

La otra gran preocupación es una eventual condonación de la deuda catalana, uno de los aspectos que podrían incluirse en el acuerdo de gobernabilidad. El Estado tiene una deuda pendiente con Andalucía desde 2009 de 10.835 millones de euros, por lo que Juanma Moreno exigiría el mismo trato para su autonomía. Según sus cuentas, la comunidad deja de ingresar cada día cuatro millones de euros por la morosidad de la Administración Central.

Desde la Comunidad Valenciana, la segunda más infrafinanciada tras Andalucía, la perspectiva no es nada halagüeña si Sánchez gana a Feijóo la carrera hacia la Moncloa. «Nos esperamos lo peor», señalan a ABC fuentes del nuevo Gobierno autonómico de PP y Vox, que se ha topado con una deuda acumulada de 55.000 millones y un déficit por encima del 3 por ciento, el más elevado respecto al resto de territorios.

El Consell ha reclamado en numerosas ocasiones -sin éxito- la reforma del sistema de financiación y que se compense a las regiones que han estado recibiendo menos recursos de la Administración Central, un extremo que ha hecho aumentar considerablemente el agujero de las arcas de la Generalitat y condiciona cada año los presupuestos autonómicos.

En el Ejecutivo que lidera el popular Carlos Mazón tienen claro que pactar «de forma bilateral, a cambio de votos y con un único objetivo partidista y particular» asuntos como la financiación, el agua o las inversiones del Estado, que afectan a todas las comunidades autónomas, perjudica «gravemente» los intereses de quienes no se sienten en esa mesa negociadora.

Las mismas fuentes ponen de relieve que otras prioridades para la región, que han sido «abandonadas durante mucho tiempo por el tándem Pedro Sánchez-Ximo Puig», también podrían verse afectadas por estas negociaciones. Entre ellas, el Corredor Mediterráneo o la ampliación del puerto de Valencia.

En Baleares, la presidenta Marga Prohens (PP) ya ha advertido de que no aceptará que «una vez más el PSOE negocie los recursos del Estado para las autonomías de manera bilateral con Cataluña por su exclusivo interés partidista y en contra de los intereses de las Illes Balears». «Nos encontrarán de frente», subrayó hace unos días.

Fuentes del Ejecutivo balear insisten en que es «fundamental» que se reforme «cuanto antes» el sistema de financiación de las comunidades autónomas, ya que se aprobó en 2009, se tenía que revisar en 2014 y «estamos en 2023». Consideran que el próximo gobierno «debería abordarlo sin globos sonda, convocando el Consejo de Política Fiscal y Financiera» y con la premisa de que todas las regiones «deben ser tratadas en igualdad de condiciones».

Baleares, en concreto, reclama que se tengan en cuenta variables como el crecimiento poblacional, el coste de la vida, la población flotante o la insularidad. Allí exigen, además, autonomía tributaria y el principio de ordinalidad. «Somos los segundos que más aportamos y salimos los décimos. Hay que modificar el sistema para que, siendo los segundos en capacidad fiscal, también seamos los segundos en financiación», reivindica el Ejecutivo balear.

Nada más conocerse los contactos entre el Gobierno y partidos independentistas catalanes que apuntan a la posibilidad de una quita en la deuda de esa comunidad, los mensajes desde el Ejecutivo de Castilla-La Mancha han sido claros en la disconformidad con ese planteamiento: «Castilla-La Mancha no va a consentir de ningún modo que se reciba un euro menos que cualquier otro territorio», han señalado recientemente fuentes próximas al presidente castellano-manchego, que confían en que el gobierno socialista no defienda privilegios entre diferentes comunidades autónomas.

Además, el propio presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, reclamó hace unos días, en declaraciones a la televisión regional, un modelo de financiación autonómica que se negocie en una mesa común con todas las comunidades autónomas, con las excepciones que se indican en la Constitución, en la que Cataluña se siente como una más, sin que haya negociaciones bilaterales, puesto que de no ser así se estaría entrando en un conflicto constitucional.

Asimismo, García-Page indicó que Castilla-La Mancha está infrafinanciada con el actual modelo, en el que hay tres comunidades que han tenido «el mayor retroceso desde el punto de vista financiero», como son Castilla-La Mancha, Valencia y Murcia, «pero no Cataluña».

Desde el PSOE castellano-manchego, su secretario general, Sergio Gutiérrez, rechaza también que el modelo de financiación dependa directamente del número de habitantes, como han propuesto Joan Baldoví e Isabel Díaz Ayuso. Por contra, García-Page quiere, como Asturias o Aragón, que se financien justamente los servicios públicos, sea cual sea su población y eso es lo más socialista y justo».

Galicia también ha puesto pie en pared ante los pasos que pueda dar Sánchez. «La hipotética condonación de la deuda planteada por el PSOE en nombre del Gobierno respecto a algunas comunidades como Cataluña, no deja de ser, cuanto menos, preocupante», señalan fuentes de la Xunta. Su presidente, Alfonso Rueda, ya se pronunció de forma contundente a primeros de agosto sobre pactos bilaterales. «Eso Galicia no lo puede permitir -advirtió-, no va a pasar por eso en ningún caso».

Rueda remarcó que el paso que ha de dar cualquier Gobierno, lo presidan Sánchez o Alberto Núñez Feijóo, es reunir el Consejo de Política Fiscal y promover una financiación autonómica «justa, equilibrada y solidaria». Algo que «nunca» se va a «conseguir» a base de reuniones bilaterales. Pero Sánchez, censuró, prefiere eludir esta responsabilidad para «conseguir una investidura». «No es de recibo», criticó.

Rueda dijo esperar que las declaraciones del Gobierno sanchista a favor de medidas financieras que beneficien a Cataluña se traten de un «tanteo» y que Sánchez no se atreva a ir «tan lejos». Sería «una decisión unilateral con fines partidistas que premiaría» a comunidades que incumplieron los límites de gasto y se endeudaron por encima de lo permitido, y «castigaría» a las que fueron responsables, como Galicia, añaden desde la Xunta. Los intereses partidistas «no pueden suponer que se convierta a España en un país cada vez más asimétrico y desigual», apostillan.

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De suceder, no obstante, Rueda ya dejó dicho que Galicia «reaccionaría». Antes de acudir a la vía judicial, se agotaría la política. El primer movimiento consistiría, explicó el barón popular, en «buscar aliados» y «hacer un frente político» que obligara al Gobierno a sentarse con todas las regiones. «No sería demasiado complicado», cree Rueda, que barrunta que habría marejada generalizada.

Como precedente, el foro de Santiago de 2021, del que salió una declaración suscrita por ocho presidentes, populares y socialistas, que ya rechazó con contundencia los pactos bilaterales en el rediseño de la financiación autonómica. En todo caso, los «métodos que emplee» Galicia, en su respuesta al pacto que temen, dependerán de la «intensidad» de las concesiones de Sánchez.

Ayer Rueda, en el acto de arranque del curso político del PP, en Soutomaior (Pontevedra), insistió en que «Galicia no va a tolerar, como no va a tolerar Andalucía, ni Castilla y León, ni Murcia ni nadie, que a nuestra costa se compren gobiernos» ni se otorguen «privilegios» a ciertas regiones en detrimento de otras. En nombre de sus compañeros, rechazó «Españas asimétricas, de suma cero», y fomentar un país «egoísta, de nacionalismos (…) excluyentes».

En Castilla y León, la primera Comunidad con gobierno de coalición PP-Vox, se encendieron todas las alarmas cuando la ministra de Hacienda aseguró que era urgente reformar el sistema de financiación. El Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco ha arrancado el curso político advirtiendo de que la financiación autonómica «no debe entrar en la negociación de un nuevo gobierno», señala el portavoz y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, quien también alza la voz ante la posibilidad de que este asunto y la condonación de la deuda sean «el pago» para que Sánchez se mantenga en la Moncloa.

Para Castilla y León, que ha demandado en reiteradas ocasiones la reforma del modelo de financiación autonómica, su urgencia no viene de las elecciones del 23 de julio sino que hace mucho que es una necesidad, «desde que en 2009 Zapatero pactó el modelo con Esquerra sin escuchar al resto». «Ha perdido su vigencia», insiste Carriedo, entre otras cosas porque «no responde a los intereses de esta comunidad».

Por eso, reclama que cualquier reforma se lleve a cabo mediante «una negociación multilateral en el que participen todas las autonomías. «No nos parece que un tema importante como este tenga que ser el pago de un precio político para conformar un gobierno. Se tiene que negociar en condiciones de igualdad», asevera.

El consejero castellano y leonés recuerda que en esta comunidad se alcanzó un acuerdo político en su Parlamento para definir las pautas del nuevo modelo de financiación en el que deberían primar las variables de territorio y demografía, como corresponde a una región extensa y con poca población. También se remite a la Declaración de Santiago de noviembre de 2021 en la que Castilla y León, Galicia, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura, Asturias, La Rioja y Cantabria llegaron a un acuerdo de 35 puntos con sus propuestas de financiación.

En cuanto a la hipotética condonación de la deuda, Carriedo exige que de llevarse a efecto se haga «con criterios objetivos y en un plano de igualdad» y, sobre todo, con todas las autonomías. «No tiene sentido un reparto desigual dirigido solo a algunas comunidades por el hecho de que el voto de determinadas formaciones independentistas sea más necesario para Sánchez», advierte, e insiste en que «no puede ser el pago de un precio político que cree desigualdades y desequilibrios».

*Con información de Toni Jiménez (Valencia), Mayte Amorós (Palma de Mallorca), Pablo Pazos (Santiago), Montserrat Serrador (Valladolid), Antonio González (Toledo), Manolo Contreras (Sevilla).