Los varapalos del juez Marchena a la reforma de la malversación y la sedición de Sánchez
El Tribunal Supremo mantiene la inhabilitación a Junqueras hasta el año 2031 y advierte de que el 'procés' quedaría impune a día de hoy
Junqueras y Turull seguirán al frente de ERC y Junts y llevarán el caso a Europa
Decidirá Luxemburgo
La Sala Segunda del Tribunal Supremo, presidida por el juez Manuel Marchena, ha ratificado este lunes las palabras pronunciadas hace un par de semanas por el instructor del 'procés', Pablo Llarena: mantiene la inhabilitación de Oriol Junqueras hasta 2031 ... al rechazar aplicarle una malversación más baja, advierte que la reforma del Código Penal de Pedro Sánchez deja impunes los procesos secesionistas sin violencia y avisa de que, al suprimir la sedición, queda una laguna entre la rebelión y los desórdenes públicos.
Así, el tribunal analizó ayer en un auto el impacto de la modificación penal del Ejecutivo en las condenas de los líderes del 1-O:
No hay sustitución
«La reforma no ha procedido a da una nueva redacción a este delito de sedición que ahora se llamaría delito de desórdenes públicos»
La reforma, dicen los jueces, «no ha llevado a cabo un desplazamiento o sustitución de los tipos penales. Lo que ha hecho ha sido suprimir, sin más, el injusto que antes abarcaba el artículo 544 del Código Penal». El actual delito de desórdenes públicos no puede sustituir al derogado delito de sedición, según la Sala.
Ataque a la paz pública
Dicen los magistrados del Alto Tribunal que lo sucedido el 1-O de 2017 «no es identificable con el simple desbordamiento de los límites del orden público», que lo que hubo fue un «ataque a la paz pública y a la observancia de las leyes y resoluciones judiciales como fundamento de la convivencia en el marco constitucional».
Además, la Sala recuerda que los hechos declarados probados en la sentencia «implicaron una movilización tumultuaria y violenta», algo que «está fuera de cualquier duda».
Solo si hay violencia o intimidación
«La fractura del marco jurídico que hace posible la convivencia, el desbordamiento de los límites competenciales propios de la estructura del Estado y la tenaz desobediencia a los requerimientos judiciales solo serán constitutivos de delito si van acompañados de actos de violencia o intimidación»
Impunidad
Entre el delito de rebelión y el nuevo delito de desórdenes públicos existe ahora «un espacio intermedio que puede alojar en el futuro conductas gravemente atentatorias al sistema constitucional»
«La creación de un marco normativo de ruptura territorial que preparara la secesión de una parte del territorio del Estado [...] serían ajenas a la intervención del Derecho Penal»
Malversación
«Es contrario a la más elemental lógica jurídica entender que quien hace suyos los fondos incurre en una pena de ocho años de prisión y quien los destina a una actividad delictiva o antijurídica pueda ser castigado solo con una pena de multa»