La UE vigilará si la amnistía contradice las reglas europeas

En Madrid, Reynders dijo que desde su departamento «seguimos con atención la situación en España desde las elecciones» y en concreto «sabemos que hay negociaciones para formar gobierno y discusiones en el Parlamento», pero por ahora su interés no pasa de ahí. «En la Comisión Europea -ha dicho- primero queremos leer documentos antes de hacer nada», por lo que en estos momentos considera que «es muy pronto» para pronunciarse.

En este sentido, fuentes de toda solvencia de la Comisión han asegurado que los servicios jurídicos están especialmente atentos al análisis de una eventual ley de amnistía por si supusiera una violación de los principios del estado de derecho que pudiera ser denunciada en el informe anual que lleva a cabo Bruselas sobre la situación en todos los países. Varios responsables políticos han recordado recientemente que en 2019, la Comisión intervino de forma muy contundente ante el Gobierno rumano, cuando el ex primer ministro socialista Liviu Dragnea intentó que el presidente de la República aprobase una amnistía que le habría permitido eludir la cárcel junto a otros condenados por corrupción y malversación. El entonces presidente de la Comisión, el luxemburgués Jean-Claude Juncker, dijo en una rueda de prensa en Bucarest que «de otorgarse la amnistía, como prevén algunos en este país, sería un paso atrás en el Estado de derecho». «Sí, Europa es cierto que se construye sobre la base del compromiso, pero no puede haber concesiones en lo que se refiere a lo esencial porque lo que es esencial se vería afectado negativamente si hubiera una amnistía»,  Ayer, un portavoz del ejecutivo comunitario fue preguntado por si veía analogías con la situación en España, y su respuesta mantiene la tesis de que no es de esperar un pronunciamiento mientras no exista un proyecto concreto o una legislación aprobada. «Nuestra posición es bien conocida: Se trata de un asunto interno para España, simplemente debe abordarse dentro del orden constitucional, incluida la cuestión de posibles perdones», dijo el portavoz comunitario del campo de la Justicia, Christian Wigand.

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España es uno de los países que recoge más críticas en el informe anual sobre el estado de derecho que elabora la Comisión Europea, que en la última edición, publicada justo al inicio de la presidencia española, amonestaba al Gobierno de Pedro Sánchez por la falta de avances en la renovación y reforma de las reglas para el nombramiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y en el refuerzo de la independencia del fiscal general del Estado, lo que supone un incumplimiento de las recomendaciones formuladas por Bruselas en informes anteriores. También hizo eco además de las críticas generales que recibió el Gobierno socialista por la decisión de rebajar las de penas en el delito de malversación. Pero no incluye ninguna recomendación concreta en esta materia, aunque la nueva directiva anticorrupción europea obligará a España a subir de nuevo las penas y a homologarlas con las de los demás países. La directiva está pendiente de su tramitación aprobación en el seno del Consejo, precisamente bajo presidencia española, aunque el Gobierno en funciones no la menciona en la lista de sus prioridades.

En lugar de ello, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha utilizado toda su influencia para incluir en el orden del del día del próximo consejo de ministros de Asuntos generales la cuestión de la introducción de las lenguas cooficiales en ciertas regiones de España en la lista de las que tienen rango oficial en la UE. El servicio jurídico del Consejo ha tenido que estudiar la viabilidad de esta pretensión, que debe aprobarse por unanimidad.

La presión del Gobierno ha sido tal que halogrado que el asunto entre directamente en la posición de ser votado por los ministros, sin un debate previo, aunque lo más probable será que la decisión que se adopte sea la de encargar un estudio sobre su viabilidad y sus cionsecuencias posibles.

La cuestión de las lenguas oficiales es competencia exclusiva del Consejo Europeo y la Comisión no puede intervenir a pesar de que tiene la competencia de la iniciativa legislativa. Algunos países ya han indicado que no ven con buenos ojos esta idea, porque tendría consecuencias directas en sus propios territorios. Francia, por ejemplo, no se ha pronunciado, pero se supone que le causaría un problema si el catalán o el vasco fueran reconocidas como lenguas oficiales en la UE cuando no lo son en las partes de Francia donde se podrían considerar como lenguas locales. Fuentes jurídicas entienden que la reglamentación prevé que cuando un país tenga más de una lengua, su presencia en la UE se ha de regir según los mismos criterios que la legislación nacional.

En caso de que se reconociera a las lenguas regionales como ofciales, España estaría obligada a traducir toda la legislación comunitaria vigente, lo que en casos como el del Irlandés, se tuvo que prever un plazo de quince años para poder hacerlo, a pesar de que en los hechos utilizan el inglés con toda normalidad.