Amnistía y un mediador, el precio que Puigdemont pide a Sánchez

Se anunció la comparecencia como el momento en el que Junts plantearía el «marco» de la negociación, y de hecho así ha sido, aunque el expresidente catalán ha ido más allá. Dominador del escenario, saboreando lo que ya siente como una victoria aunque no logre sus objetivos, muy consciente de que los focos vuelven a posarse sobre él pese a su menguada pero decisiva fuerza electoral, Puigdemont ha fijado tanto las condiciones previas que deben cumplirse antes de comenzar la negociación, como lo que pretende que se aborde una vez se haya investido ya a Pedro Sánchez; básicamente, y si se aceptan sus términos, el reconocimiento de Cataluña como sujeto soberano.

Con toda la crudeza, el contenido de la comparecencia de este martes dibuja el momento político, e histórico, por el que pasa España. No hay muchas alternativas, o el PSOE acepta hablar de todo o habrá repetición electoral. «No estamos hablando de un parche para sacar adelante la legislatura y cerrar el paso a la derecha», estamos hablando, dejó claro, de un «acuerdo y compromiso histórico». España «tiene un dilema de resolución compleja. O repite elecciones, con el riesgo de que los equilibrios políticos sean tan frágiles como ahora, o pacta con un partido que mantiene la legitimidad del 1 de octubre y que no ha renunciado ni renunciará a la unilateralidad», ha resumido Puigdemont por si había alguna duda.

El expresidente de la Generalitat pretende fijar una negociación en dos estadios. Uno, previo a la investidura, para aceptar que sus siete diputados permitan a Pedro Sánchez seguir en La Moncloa, y uno posterior, este ya sí planteado en términos históricos, con unos parámetros que implican de facto la demolición del Estado. El PSOE no podrá alegar desconocimiento. Esquerra se ve superada de nuevo. Puigdemont, destituido en 2017 por el 155, se ve más que nunca en posición de «presidente legítimo». Como siempre ha sucedido, unos pocos -11% de los sufragios- hablando en nombre de Cataluña entera.

De entrada, y antes de que se agote el término para convocar nuevas elecciones, Puigdemont pone sobre la mesa la necesidad de aprobar una ley de amnistía, así como el abandono «completo y efectivo de la vía judicial contra el independentismo»: «El 1 de octubre no fue un delito, ni la declaración unilateral, ni las protestas contras la sentencia». Puigdemont precisa que la citada ley de amnistía debe incluir «el amplio espectro de la represión iniciada desde antes de la consulta del 9 de noviembre de 2014», sin especificar a qué situaciones concretas se refería ante de esa fecha. Del mismo modo, Junts rechaza que de la citada ley puedan beneficiarse los policías imputados por las cargas policiales del 1-O, como plantea Sumar. La ley «debe hacerse para reparar una injusticia, no para olvidar ni para poner el punto final a nada ni para igualar a las víctimas de estas injusticias a sus victimarios».

Junto con el reconocimiento del catalán como lengua oficial de la UE, algo que se debe decidir el día 19 en Bruselas, Junts vuelve a poner sobre la mesa la «creación de un mecanismo de mediación y verificación que aporte garantías del cumplimiento y seguimiento de los acuerdos», lo que abre la puerta a la introducción de la figura de un mediador con el que, con toda probabilidad, Junts aspirará a dar una trascendencia internacional a la negociación. Del mismo, en Junts pretenden que los únicos límites sobre lo que se pueda hablar «sean los tratados internacionales que hagan referencia a derechos humanos individuales y colectivos, y libertades fundamentales».

Esto, deja claro Puigdemont, son las condiciones previas antes de que se agote el plazo para evitar nuevas elecciones. «Si no se dan esas condiciones, no se dará esa negociación», ha apuntado el líder de Junts. Luego, dejó claro, vendría la negociación real, para la que ya no solo apela al PSOE sino también al PP. Los términos de lo que viene a continuación -el «compromiso histórico que resuelva el conflicto»- se desarrollarán a lo largo de la próxima legislatura y con unos términos más que perfilados, empezando por el hecho de que «sólo un referéndum acordado podría sustituir el mandato del 1 de octubre (...) No hemos aguantado la posición todos estos años para acabar salvando la legislatura». Ha apuntado también cuestiones materiales -Cercanías, financiación, competencias...-, en cualquier caso accesorias. Las cartas no se esconden. La investidura es lo de menos. Puigdemont va a todo.