La UCO vuelve a entrar en la Diputación tras un fallo en la descarga del correo del hermano de Sánchez

Así lo aseguran fuentes próximas a la investigación consultadas por ABC, que explican que no se llegaron a intervenir todos los mensajes que se pretendían- «desde su creación hasta la actualidad»-, debido a un error informático.

Fue el pasado 10 de julio cuando los investigadores se personaron en la institución pública por primera vez con el objetivo de volcar los correos corporativos de nueve miembros de la diputación, entre ellos el de su presidente, Miguel Ángel Gallardo, y David Sánchez (conocido por su nombre artístico, David Azagra).

Tras el análisis de la documentación aportada por el organismo, los agentes concluyeron que ésta no era lo suficientemente detallada ni concreta para poder conocer las tareas desarrolladas por el hermano Sánchez, pues entendían que la misma reflejaba actividades y eventos de forma «genérica».

Y ante la sospecha de que pudo haber «actos preparatorios» para la «creación y adjudicación» del puesto de coordinador de actividades de los conservatorios de música del Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social que acabó ocupando David Sánchez, pidieron autorización a la jueza al frente del caso, Beatriz Biedma, para descargar los correos de aquellas personas que intervinieron en su proceso de selección.

Los agentes, que ya habían empezado a examinar el contenido de los mensajes, advirtieron que faltaba un lapso de tiempo en lo que respecta a la cuenta corporativa de David Sánchez, por lo que hoy mismo se presentaron de nuevo en la diputación para repetir la diligencia con permiso judicial. La magistrada ha pedido a la UCO que elabore un informe una vez se estudien los mensajes.

Tal y como informó este diario, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, al frente de las pesquisas, entiende que los datos que se han ido incorporando a la causa en este mes y medio «no hacen sino reafirmar la existencia de los indicios de la comisión de los delitos investigados», entre otros contra la Administración Pública y por malversación, prevaricación y tráfico de influencias.

La causa parte de una denuncia de Manos Limpias, la asociación que también ha propiciado la imputación de la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, en un juzgado de Madrid. Sostienen que el hermano del presidente del Gobierno ha percibido un sueldo público en la diputación sin ir a trabajar y de residir en Elvas (Portugal) para evitar pagar impuestos en España.

Lo han vinculado también con el caso Koldo, al tratarse ésta de la misma ciudad en la que uno de los principales investigados, Víctor de Aldama, habría desviado mordidas. Además acusaban al músico de tener un patrimonio valorado en unos dos millones de euros, a su juicio «desproporcionado» con sus ingresos y vida laboral.