El Tribunal Supremo rechaza la suspensión del Pleno de investidura que pidió Abascal

En una providencia dictada este miércoles la Sala da por recibida la querella y designa ponente para conocer de la causa al magistrado Eduardo de Porres.

Asimismo, da un plazo de cinco días a Vox para que aporte poder especial donde conste contra quién va dirigida la querella y el delito.

El tribunal se pronunciará en su momento sobre la admisión o no a trámite de la querella

Vox presentó este martes una querella en el Alto Tribunal contra contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En la querella del partido de Santaigo Abascal aludía a la quiebra del principio de separación de poderes y a la usurpación de la función constitucional de jueces y tribunales de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado; y a la ley de amnistía, por cuando discute por entero la legitimidad de nuestro orden jurídico. También a la vulneración de los principios de igualdad ante la ley, seguridad jurídica, legalidad e interdicción en la arbitrariedad de los poderes públicos.

Para Vox, Sánchez «está cometiendo un delito de cohecho de forma flagrante y pública y merece el inmediato reproche penal del Poder Judicial«. A su juicio, ese delito se ha realizado por diversos actos, entre ellos, »negociaciones prohibidas a autoridades como un presidente de Gobierno en funciones, con abuso de sus facultades«. Respecto a la colaboración con el terrorismo le acusa de «encubrir a delincuentes y pretender usurpar funciones judiciales».

El partido de Abascal incluye en la querella al prófugo Puigdemont, pues los acuerdos de PSOE con su formación «constituyen la contraprestación de Sánchez al voto favorable de Junts en la investidura». Esos acuerdos, añade, no solo determinan afectan a esa aludida separación de poderes y usurpación de la función jurisdiccional, sino que suponen «una directa violación» de los derechos constitucionales.

Además de la dejación de funciones que imputa al presidente del Gobierno, Vox alude también a la «toma del control» del Tribunal Constitucional y habla de «momentos de máxima gravedad para nuestra democracia».