El Tribunal de Cuentas devuelve a ERC los 2,1 millones con los que avaló a los cabecillas del 'procés'

El TCu ha cifrado las posibles responsabilidades contables en algo más de 9 millones de euros, y estableció las correspondientes fianzas a los encausados, entre los que figura el fugado Carles Puigdemont. A todos ellos intentó avalarlos la propia Generalitat, pero inicialmente el Tribunal de Cuentas no lo aceptó. Ante ese revés, ERC acudió a auxiliar a parte de los acusados y depositó 2,14 millones de euros en concepto de fianzas.

Tras la renovación del Tribunal de Cuentas que pactaron en octubre de 2017 el PSOE y el PP de Pablo Casado se han ido sucediendo cambios de criterio en favor de los cabecillas del 'procés', con el concurso de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía. Uno de esos volantazos fue la decisión del TCu de aceptar que la Generalitat avale a los encausados, justo lo contrario de lo que había sostenido con anterioridad. Y, tras aceptarse esos avales de la Generalitat, ERC ha aprovechado para pedir que le devuelvan los 2,14 millones que había aportado. Considera que ya no son necesarios, puesto que las posibles responsabilidades económicas de los acusados quedan cubiertas con los avales de la Generalitat.

El TCu se opuso a esa devolución a ERC. Pero la decisión fue recurrida por uno de los acusados, Raúl Romeva (ERC). La Fiscalía se opuso a las pretensiones de Romeva, pero cuando se celebró la vista, la semana pasada, dio marcha atrás, cambió por completo de criterio y secundó a ese encausado de Esquerra. Solo Sociedad Civil Catalana (SCC) mantuvo su oposición a que se devolvieran a ERC esos 2,14 millones, pero su rechazo no ha surtido efecto. Este martes, el Tribunal de Cuentas comunicó el auto con el que acepta las pretensiones de Esquerra.

Este viraje del TCu se consuma cuatro días después de que el presidente Pedro Sánchez recibiera en La Moncloa al jefe del Ejecutivo catalán, Pere Aragonés (ERC). Tres días antes, la Fiscalía se había alineado con las tesis de Romeva en la vista que se celebró en el TCu y que ha dado como resultado el auto que se ha conocido este martes.

El independentismo catalán instalado en la Generalitat lleva tiempo insistiendo en exigir la «desjudicialización» de las causas abiertas contra los cabecillas del golpe secesionista de 2017. Es decir, levantar el cerco judicial que se mantiene vivo en el Tribunal de Cuentas y que, de hecho, se viene desinflando desde hace meses, en paralelo a los acuerdos y negociaciones que Pedro Sánchez mantiene con ERC. Los partidos independentistas –Bildu incluido– sostienen a Sánchez en La Moncloa. Lo auparon en la moción de censura contra Rajoy, en junio de 2018, y volvieron a apoyar la investidura de Sánchez tras las elecciones generales de noviembre de 2019.

Tras la renovación del Tribunal de Cuentas que se produjo en otoño del año pasado, se ha relajado considerablemente la presión contra los encausados. La Abogacía del Estado se retiró como acusación, el TCu cambió de criterio para permitir que los acusados sean avalados por la Generalitat a la que presuntamente perjudicaron, la Fiscalía ha rebajado drásticamente la acusación –ahora les pide en su conjunto 3,3 millones, frente a los más de 9 que les reclamaba inicialmente– y ahora se da luz verde para que ERC recupere los 2,14 millones con los que había avalado a los procesados.