La Abogacía del Estado abandona la causa del Tribunal de Cuentas por desvío de fondos para el 'procés'

Así lo ha explicado hoy la Sección de Enjuiciamiento del TCu al recordar que ayer finalizó el plazo para que las partes interesadas se personen en este procedimiento, en el que sí continúan Sociedad Civil Catalana, el Ministerio Fiscal y los propios afectados. A estos últimos el Tribunal de Cuentas les impuso el año pasado una fianza conjunta de 5,4 millones de euros por presuntas irregularidades en la financiación del referéndum ilegal de 2017, las conocidas como 'embajadas catalanas' y el Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat). Entre los acusados destacan los expresidentes Artur Mas y el fugado Carles Puigdemont, además de una treintena de líderes y altos cargos secesionistas, como los indultados por el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos tras las condenas del Tribunal Supremo por el mencionado 1-O.

La Abogacía del Estado renuncia a esta causa al considerar que no está legitimada para continuar en ella con el argumento de que esas supuestas irregularidades no habrían afectado a las arcas de la Administración General del Estado (AGE) . Cabe recordar que el Gobierno central lleva tiempo inyectando importantes cantidades de dinero a la administración catalana, en manos de los propios secesionistas, a través de mecanismos como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA): sólo durante el último año más de 13.000 millones de euros y en 2022 prevén solicitar otros tantos.

También abandona la causa la propia Generalitat, que obviamente no se reconoce perjudicada por esas supuestas irregularidades, entre otras cosas porque las habrían cometido numerosas y destacadas figuras de los mismos partidos que controlan la propia Generalitat (ERC y Junts).

De hecho, tanto la Abogacía del Estado como el Gobierno catalán ya habían dado muestras suficientes de que no pensaban llegar hasta el final en esta causa del TCu. Aunque ayer expiró el plazo para que las partes se personaran formalmente, el Tribunal de Cuentas dará traslado de la pieza a todas ellas, incluida la Abogacía del Estado, para que presenten sus respectivas demandas. Si así lo hicieran, los Servicios Jurídicos del Gobierno central todavía podrían continuar en la causa, pero esa última posibilidad también parece descartada habida cuenta de su estrategia desde el inicio en esta investigación.

No en vano, la misma Abogacía del Estado ya se negó a expresar su postura sobre la polémica decisión del Gobierno de Pere Aragon ès de recurrir a un organismo público como el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) para intentar avalar las fianzas millonarias que el Tribunal de Cuentas impuso a los secesionistas implicados. El abogado del Estado en el TCu, Rafael García Monteys, dijo entonces que pronunciarse sobre esos controvertidos avales podía provocar un «conflicto de intereses» y afectar a la imparcialidad del Tribunal de Cuentas, un argumento que hizo suyo el Ministerio de Justicia, cuya titular es la socialista Pilar Llop.

Así, la Abogacía del Estado renuncia a una investigación en el Tribunal de Cuentas que ha generado mucho malestar y grandes críticas en el secesionismo. Indultados ya los cabecillas del 'procés', salvo los que permanecen fugados, esta causa puede tener graves consecuencias económicas y personales para muchos de ellos .

Pero el resultado final de la investigación del TCu puede depararles más consecuencias y más costosas. Aunque no será por la Abogacía del Estado, que se ha desentendido antes de iniciarse la fase de enjuiciamiento. Falta ahora por ver si la otra institución que representa al Estado, el Ministerio Fiscal, hace lo mismo y se descuelga también de una causa que tanto preocupa a los bolsillos personales de los instigadores y muñidores del secesionismo catalán.