Las claves de una crisis sin precedentes tras la decisión del Tribunal Constitucional

Estas son algunas de las claves sobre la decisión sin precedentes en la historia de la democracia española:

El Tribunal Constitucional se reunió este lunes en Pleno extraordinario para debatir sobre la tramitación de dos enmiendas introducidas en la proposición de ley que modifica el Código Penal. Dicha proposición, que ahora deberá ser aprobada por el Senado tras ya recibir el sí del Congreso, fue puesta en marcha para eliminar el delito de sedición y rebajar el de malversación. Una vez elaborada, los grupos del PSOE y Unidas Podemos introdujeron dos enmiendas para renovar el Poder Judicial por la puerta de atrás.

El pasado miércoles, el Partido Popular presentó ante el Constitucional un recurso de forma inédita tras conocer la otra reforma que el Gobierno estaba llevando a cabo. Dicho recurso se centraba en las enmiendas que afectan a la renovación del Poder Judicial, no a la tramitación de la derogación de la sedición ni a la rebaja de la malversación, por lo que el TC podía pronunciarse sobre dichas enmiendas aunque las reformas de los delitos estén en plena tramitación.

La presentación de este recurso aboca al Constitucional a reunirse en pleno extraordinario el pasado viernes a las 10 horas, pero la complejidad del asunto, el aluvión de escritos (otro recurso de Vox y recusaciones de PSOE y Unidas Podemos) y la negativa de los magistrados progresistas a sentarse debatir y votar si no se les daba más tiempo provocaron que el debate quedase pospuesto hasta este lunes.

La tramitación de la derogación del delito de sedición y la rebaja de la malversación continuará, pero las enmiendas introducidas por el PSOE y por Unidas Podemos en la proposición quedan excluidas de la votación que tendrá lugar en el Senado, tras haber recibido el sí del Congreso.

Dichas enmiendas fueron introducidas por el Gobierno para garantizarse un cambio en las mayorías del Constitucional. Es decir, ahora mismo el TC cuenta con una mayoría conservadora. Cuatro de sus once magistrados tienen el mandato prorrogado y para ser renovados el CGPJ (quien lleva bloqueado 4 años) y el Gobierno deben de proponer sus candidatos.

A día de hoy se requiere una mayoría de tres quintos para que sean aprobados los candidatos del Gobierno, pero con la aprobación de las enmiendas esta condición quedaría modificada y sería necesaria una mayoría simple pura. En el Tribunal Constitucional, por su parte, se eliminaría el trámite del plácet (la verificación de que los magistrados cumplen los requisitos) y se posibilitaría que puedan tomar posesión por sextos en vez de por tercios.

El presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González Trevijano, y el magistrado Antonio Narváez tienen el mandato prorrogado y el Gobierno ya ha dado dos nombres para sustituirles: el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez.

Si estos dos candidatos fuesen aprobados (situación que no se puede dar hasta que el CGPJ proponga los suyos o si se realiza un cambio en la ley del Poder Judicial, como quería hacer Sánchez), la mayoría del TC sería progresista y la decisión sobre el recurso del PP sería diferente a la de ayer dado que hay mayoría conservadora.

Tanto el PSOE como Unidas Podemos han presentado en estos días recusaciones para que estos dos magistrados no participasen en la votación de ayer. Unidas Podemos además recurrió a Europa para que se pronunciase sobre la «imparcialidad» y sobre «el deber de abstenerse» de Trevijano y Narvaéz. Hay otros dos magistrados, Santiago Martínez-Vares y Juan Antonio Xiol, elegidos por el CGPJ, cuyo mandató también quedó prorrogado en junio, pero a esos no se les ha recusado.

No. De momento existe una suspensión cautelar de la tramitación de esas enmiendas precisamente por la forma en la que la misma se ha producido. Lo que se cuestiona es la reforma de dos leyes orgánicas (la del Poder Judicial y la del TC) a través de enmiendas. El Tribunal Constitucional llama la atención sobre el cauce utilizado para llevar esta reforma a cabo y se estudia la posible vulneración del derecho del diputado (de ahí el recurso de amparo) a participar en los asuntos legislativos. Si el Gobierno quiere continuar con su reforma (algo que no se le niega) tendrá que hacerlo de otra forma.

El fallo del Tribunal Constitucional es cautelar, no definitivo, es decir, esa suspensión se podría levantar mientras se estudia el recurso de amparo de los diputados, aunque es más probable que PSOE y UP trasladen antes su reforma al instrumento jurídico correcto, por ejemplo a una proposición de ley.