El Constitucional decide hoy 'in extremis' si frena el asalto del Gobierno a la justicia

El movimiento de los populares dio sus frutos y forzó al presidente del TC, Pedro González Trevijano, a convocar el citado pleno a última hora de la tarde de ayer. En él los magistrados decidirán si admiten o no a trámite ese recurso y, en caso afirmativo, si aceptan las medidas cautelarísimas reclamadas por el PP. En concreto, la suspensión de la tramitación de las enmiendas introducidas por PSOE y Unidas Podemos en la nueva ley que eliminará el delito de sedición, y con las que pretende reformar los citados sistemas de nombramientos. La ponencia ha correspondido al magistrado Enrique Arnaldo.

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Todo apunta a que el Constitucional decidirá antes de que el pleno del Congreso vote la reforma. La previsión que maneja la Presidencia de la cámara es que el debate de ese paquete arranque en torno a las dos de la tarde y que la votación se produzca en torno a las cinco.

No obstante, no solo es necesario que el TC falle sobre la cuestión sino que la comunicación del fallo llegue oficialmente al Congreso para que éste se dé por enterado. En la Cámara Baja no existen precedentes de un episodio de tensión de estas características entre Poder Legislativo y Constitucional, aunque sí puede encontrarse un antecedente similar en el Parlament catalán en pleno 'procés' con las leyes de desconexión.

Los escenarios que se abren ahora son nuevos, y las fuentes jurídicas y parlamentarias consultadas por ABC ven argumentos tanto para que el TC acepte la suspensión cautelarísima que solicita el PP como para que no lo haga. Las fuentes consultadas con sensibilidad progresista ven difícil que el Tribunal Constitucional decida ir al choque con el Gobierno y paralizar la tramitación de la reforma. En este sentido, subrayan la falta de precedentes y la crisis institucional «de enormes proporciones» que se abriría. Además, recuerdan la propia situación de interinidad en la que se encuentra el órgano, con su presidente a la cabeza, y la creación de un precedente que podría ser utilizado en el futuro para suspender otras tramitaciones legislativas en lo que creen que podría derivar en una «intromisión» del Poder Judicial en el legislativo.

En este sentido, fuentes del entorno progresista del TC sostienen que en el seno del tribunal «tenemos cautelarísimas de hace meses sin resolver» y advierten de la «enorme complejidad» de este asunto por cuanto «implica una injerencia sin precedentes en la autonomía del Poder Legislativo» y requiere unos informes en profundidad de los letrados del Tribunal y un estudio por parte de los magistrados que no puede hacerse «de forma precipitada».

Aunque el PP pide la suspensión de las enmiendas como medida cautelarísima, acceder a esta petición implicaría hacerlo sin oír a las partes, algo «especialmente delicado» tratándose de un poder del Estado como es el legislativo, subrayan las citadas fuentes, que veían más oportuno que el TC decida abrir un plazo de alegaciones a las partes, y que permita recabar informes de los letrados del Tribunal al tratarse de un «tema complejo» y «sin precedentes».

Fuentes parlamentarias del ámbito conservador inciden en que es «ahora o nunca», en alusión a que si la reforma del Gobierno no se paraliza antes de que entre en vigor, el recurso de los populares será resuelto por el nuevo TC que diseña Pedro Sánchez. Es decir, que la propia aplicación de la reforma permitirá un cambio de mayorías en las próximas semanas que puede afectar al destino del recurso popular. Apuntan así a que un TC de mayoría progresista podría ser menos menos favorable a tumbar la reforma. En todo caso, lo cierto es que si las cautelarísimas no se aceptan ahora, el destino de este amparo ya estará en manos de un Tribunal con una composición distinta: siete magistrados progresistas frente a cuatro conservadores.

Aunque no hay precedentes de unas medidas cautelarísimas como las que solicita el PP, estas fuentes recuerdan la jurisprudencia del propio órgano de garantías sobre la inconstitucionalidad de introducir una reforma en otra ley con la que no está jurídicamente conectada. A ello se une el hecho de que por vía de enmienda se estén reformando dos leyes orgánicas: la del TC y la del Poder Judicial. Al respecto, todas las fuentes consultadas coinciden en que hay base jurídica para que el TC admita el recurso de amparo a trámite. La incógnita se mantiene, por tanto, en torno a la aceptación o no de esa suspensión cautelarísima.

Si el TC no suspendiera hoy la tramitación de las enmiendas que reforman su sistema de nombramientos y el del CGPJ, la proposición de PSOE y Unidas Podemos seguiría adelante de manera íntegra y pasaría al Senado para su aprobación la próxima semana. Pero si el TC aceptara las medidas cautelarísimas que solicita el PP, el Gobierno deberá decidir el paso a seguir.

Lo más probable es que los socialistas continuaran la tramitación de la ley para eliminar el delito de sedición sin las enmiendas cuestionadas, ya que el objetivo de Pedro Sánchez es aprobarla cuanto antes para alejarla lo máximo posible de las próximas elecciones de mayo. El jefe del Gobierno juega a que el tiempo desinflame la irritación provocada en su electorado más centrado. Otra opción mucho menos probable sería que los socialistas decidieran aplazar la votación de toda la proposición hasta decidir cómo proseguir.

El recurso de amparo de los populares se centra en el «uso fraudulento de los trámites parlamentarios» por parte del Congreso al admitir a trámite las citadas enmiendas, cuando carecían de «conexión de homogeneidad» con la eliminación de la sedición. Una maniobra que considera «inconstitucional de forma manifiesta», y sobre la que recuerda que el PP exigió que no fuera admitida.

En el caso de la enmienda sobre el Poder Judicial, el PP añade que es inconstitucional porque modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial vulnerando el artículo 159.1 Constitución. Y recuerda que la mayoría de tres quintos que Sánchez quiere rebajar es una exigencia para garantizar la independencia de los magistrados y ha sido asumida pacíficamente durante cuatro décadas. En cuanto a la enmienda sobre el TC, recuerda que la Carta Magna establece una renovación por tercios y no por sextos.

Este jueves, Vox ha solicitado también medidas cautelares al Constitucional para detener el pleno extraordinario que prevé aprobar la derogación de la sedición, la rebaja de la malversación y el «asalto» al CGPJ y al tribunal de garantías.

Los de Santiago Abascal ya reclamaron hace un mes, en la Mesa del Congreso, la inadmisión a trámite de la iniciativa de PSOE y Unidas Podemos. El lunes, como hicieron PP y Ciudadanos, Vox pidió que se inadmitiesen las enmiendas 61 y 62, relativas al intento del Gobierno de forzar la renovación del TC. La letrada de la Comisión de Justicia alertó de que esas y otro puñado de enmiendas carecían de «homogeneidad y coherencia», pero la Mesa del órgano ignoró las súplicas de la oposición.

Vox, ese mismo lunes, exigió a la Mesa del Congreso que requiera informes a CGPJ, TC, Consejo de Estado, Abogacía del Estado, Ministerio de Justicia, secretario general y letrados de las Cortes Generales. Algo que PSOE y Unidas Podemos evitaron con el registro de una proposición de ley en vez de un proyecto de ley emanado del Consejo de Ministros, así como con una tramitación acelerada que va a hacer que la norma se apruebe en veintiún días desde su toma en consideración.