El TC, dispuesto a avalar la reforma que impide al CGPJ hacer nombramientos

Sin visos de un acuerdo inminente entre PSOE y PP para renovar el Consejo, que el próximo diciembre cumplirá cinco años en funciones -duplicando así su mandato natural-, no hay duda de que un pronunciamiento del TC tumbando esta reforma contribuiría a despejar el panorama y a arreglar, al menos de forma provisional, ese vacío en la cúpula judicial.

Sin embargo, todo apunta a que no va a ser así y que el órgano que preside Cándido Conde-Pumpido avalará la constitucionalidad de una iniciativa con la que se intentó forzar la negociación política. Así lo reconocen fuentes del órgano de garantías, donde una mayoría de magistrados, los de perfil progresista, se muestran dispuestos a apoyar la ponencia que llevará a este pleno monográfico María Luisa Balaguer y no la del conservador César Tolosa, que aboga por declarar inconstitucional la reforma por recortar competencias que la Carta Magna atribuye al CGPJ.

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Ambas propuestas, correspondientes a los recursos presentados por PP y Vox, se abordarán de forma conjunta en un pleno monográfico, una decisión que se ha justificado en «la complejidad del asunto y el interés general». Aunque fuentes jurídicas celebran que las dudas sobre la constitucionalidad de esta reforma queden despejadas de una vez, ven en la iniciativa de Pumpido de estudiar ambos recursos «aprisa y corriendo» en un solo pleno -y además extraordinario- el deseo de cerrar página «cuanto antes» y trasladar ya todo el foco de la responsabilidad a la negociación política, en concreto al PP. La formación que preside Alberto Núñez Feijóo está cerrada al acuerdo para la renovación mientras no se modifique en paralelo el sistema de nombramiento de los vocales del CGPJ de procedencia judicial para que sean elegidos por la propia carrera, como marca Bruselas.

Según ha podido saber ABC, la ponencia que previsiblemente será apoyada por la mayoría progresista parte de la base de que poderes del Estado y órganos constitucionales tienen atribuido un tiempo de mandato tasado -en el caso del CGPJ, cinco años- y que igual que un Ejecutivo en funciones no puede nombrar ministros, el órgano de gobierno de los jueces no puede continuar ejerciendo sus funciones con plenitud de forma indefinida, por lo que el legislador puede buscar fórmulas para limitar ese ejercicio y evitar «extralimitaciones».

Fuentes del sector progresista recuerdan que el PP también buscó soluciones cuando en 2013 modificó la ley para establecer, entre otras cuestiones, que si cumplido el mandato del CGPJ una cámara (Congreso o Senado) no renovaba y la otra sí, este órgano pudiera constituirse con la parte renovada. El PSOE recurrió esa reforma ante el Constitucional, que la avaló, señalan.

Para fuentes del sector conservador se trata, sin embargo, de cuestiones distintas: nunca hasta ahora se habían establecido límites a las «funciones esenciales» atribuidas al Consejo y, según la ponencia de Tolosa, los nombramientos lo son, junto con la función de inspección y el régimen disciplinario de los jueces. Estas fuentes recuerdan que el CGPJ es un órgano constitucional y critican que el proyecto de sentencia de la progresista Balaguer «degrade» su posición relegando sus funciones a un ámbito meramente administrativo.

Tanto magistrados del sector progresista del Constitucional como vocales de este perfil en el Consejo, el órgano directamente afectado por la limitación de funciones, reconocen que lo que sí podría haber tenido visos de inconstitucionalidad era la prohibición de nombramientos que inicialmente también alcanzaba a los dos miembros del TC cuya propuesta depende directamente del Consejo, una renovación parcial prevista en la propia Carta Magna.

Sin embargo, meses después de esta reforma, PSOE y Podemos volvieron a retocar la ley orgánica para levantar parcialmente ese veto y, a través de una tramitación exprés, conseguir que el CGPJ pudiera nombrar a los dos candidatos que, junto con los dos del Gobierno, posibilitaron la renovación del pasado mes de diciembre y el cambio de mayorías que dio a Cándido Conde-Pumpido la presidencia del órgano de garantías.

Pese a que la ley recurrida es la inicial, al haberse hecho esa modificación puntual posteriormente, el TC no abordará ya ningún aspecto de los recursos que se refiera a los nombramientos de sus magistrados, pues siguiendo la doctrina del propio tribunal, se entiende que quedan ya sin objeto, precisaron a ABC fuentes del órgano.

Con todos los magistrados en Pleno y sin que Juan Carlos Campo se haya abstenido de este recurso -pese a haber opinado sobre la conveniencia de esta reforma como ministro de Justicia-, se espera que el aval del TC se consiga por siete votos a cuatro. No obstante, la postura de la progresista María Luisa Segoviano es una incógnita, pues como presidenta de la Sala Social del Supremo (hasta hace un año) vivió en primera persona las consecuencias de esta reforma. De hecho, según confirmaron fuentes del Supremo, su anterior Sala es la más afectada por el veto a los nombramientos: de 13 magistrados que debería tener, cuenta con seis plazas vacantes y la de lo Contencioso-Administrativo con un tercio (11 de 33). En total, en el Alto Tribunal hay 23 vacantes en una plantilla de algo más de 70 magistrados: una de cada tres plazas.